Gobierno busca limitar hasta el debate parlamentario de la LUC

El Senado comenzó el análisis de la Ley de Urgente Consideración en una Comisión Especial. La Coalición de Gobierno intentó restringir aún más la discusión de la LUC, no citando a organizaciones sociales. Finalmente a propuesta del FA estas serán escuchadas pero tendrán solo 20 minutos para exponer sus críticas y aportes.
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Por Mariana Arias

El jueves 23 de abril el Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Senadores una Ley de Urgente Consideración con 502 artículos, el martes 28 el Frente Amplio presentó una moción para quitarle el carácter de Urgente. En una sesión de alrededor de diez horas los legisladores frenteamplistas argumentaron, citando a expertos en el tema, desde muchas perspectivas cuales eran los riesgos democráticos de esta Ley (recordemos que es una Ley que el Senado tiene 45 días para su consideración, y Diputados 30), en respuesta la coalición de gobierno acusó al Frente Amplio de muchas cosas: de no aceptar la derrota electoral, de no querer dejar gobernar, y hasta de no querer trabajar, con una frase de Botana exclamando “qué trabajo da no querer trabajar”. El miércoles 29 se instaló la Comisión Especial para el estudio de la Ley, con 8 integrantes de los partidos de la coalición de gobierno y 7 del Frente Amplio, y se resolvió su funcionamiento. Los senadores frenteamplistas propusieron comenzar a trabajar al día siguiente pero los senadores de la coalición se negaron ya que aún tenían que “estudiar” la Ley.

Finalmente el lunes comenzó el trabajo de la Comisión, con una agenda que por el momento consiste básicamente en la recepción de diferentes instituciones y/o expertos en el tema que se trate ese día (va siguiendo el orden del articulado). Ya desde antes del ingreso formal de la LUC al Parlamento se manejó entre las bancadas de senadores un listado de delegaciones a recibir, mientras que la coalición de gobierno pretendía citar exclusivamente a instituciones gubernamentales y estatales, la bancada del Frente Amplio propuso una extensa lista de diferentes organizaciones sociales, asociaciones civiles, colectivos, ONG’s, organismos internacionales, etc. El lunes se armó un primer borrador de agenda, donde había 32 delegaciones, de las cuales solo el PIT-CNT y el Colegio de Abogados no entraban en la categoría de gubernamentales y/o estatales, teniendo aún abierta la disposición a recibir a otras delegaciones que así lo solicitaren. Con el pasar de los días se fue equilibrando la relación instituciones – organizaciones, al menos en cantidad de delegaciones. El mecanismo de trabajo de esta comisión es recibir de lunes a jueves a instituciones, con algunas excepciones, y los viernes se dividen en dos para recibir a la mayoría de las organizaciones sociales, que tendrán solo 20 minutos para exponer su posición y sus argumentos sobre los artículos correspondientes.

Teniendo en cuenta que debido a la crisis sanitaria no serán posibles grandes movilizaciones para expresar la voluntad del pueblo, la voz de estas organizaciones serán las que lo representen, cuantas más voces se escuchen más representadas estarán las grandes mayorías del pueblo uruguayo. Sin embargo, un espacio de 20 minutos no parece ser suficiente para poder realmente escuchar a los diferentes actores de nuestra sociedad.

EL POPULAR consultó a integrantes de algunas de las organizaciones convocadas su opinión sobre esta situación.
“Nos parece que toda forma que posibilite un tratamiento más democrático de la LUC es bienvenida.” considera Nicolás Mazzarovich, integrante de la Articulación Nacional que se formó en torno a la campaña del No a la Reforma pero que sigue militando la temática. “Teniendo en cuenta que este proyecto de ley se presenta a las apuradas, mientras la población está imposibilitada de manifestarse por el contexto de emergencia sanitaria, que también conlleva una emergencia social totalmente ignorada en esta Ley, y en un formato que hace imposible que la gran mayoría de la ciudadanía pueda informarse adecuadamente de los cambios que implica la aprobación de la Ley, que se le dé la oportunidad a organizaciones sociales y a expertos en la materia de plantear nuestras opiniones y discrepancias, aunque insuficiente es bienvenido”, expresó. Agregó que “de todas formas, el poco tiempo de aviso que se dio, menos de dos días, para poder realizar una presentación acorde a las circunstancias y teniendo en cuenta que solo vamos a tener 20 minutos para exponer deja la sensación de estar llenando el ojo más que de estar contribuyendo a que esto se trate de forma seria y responsable”. Sostuvo que la coalición que presenta este proyecto está dispuesta a desoir dos plebiscitos (el de la Baja de la edad de imputabilidad del 2014, y el de la Reforma militar del 2019) lo que “deja poca esperanza de que realmente vayan a hacer caso de lo que se diga, de todas formas el que quede registro público de todas las críticas a este proyecto y de todos los problemas que estamos seguros que va a causar ya es importante.”

También consultamos a Mauro Conti, secretario de Asuntos Gremiales de la FEUU, “fuimos convocados para discutir el apartado de educación. Lo cual ya consideramos un tanto negativo, porque si bien somos una organización estudiantil, también creemos que a partir de nuestro trabajo gremial tenemos aportes en casi todas las áreas” consideró.

“El apartado de educación tiene 70 artículos, algunos de los cuales lesionan gravemente a la educación pública concebida como un bien público social, llevando a situaciones de mercantilización”, agregó.

La FEUU participará en la Comisión junto al CEIPA y al CEM. “La posibilidad de discutir 20 minutos en el Parlamento, junto a otras tres organizaciones, creo que es un ataque más al sano debate democrático. Si con los tiempos ya se achicaba el margen de discusión, este tipo de instancias parecen mostrar que lo único que se busca es una puesta en escena, de un supuesto debate con la sociedad que no es tal”. Pero finalmente explicó que “nosotros iremos con todas nuestras posiciones y propuestas a expresarlas de la manera más clara posible en el tiempo establecido”.

Es más que claro que desde el gobierno no hay ninguna intención de ser receptivos a modificaciones, ni a los diferentes planteos que pueda hacer el Frente Amplio o la sociedad uruguaya, la urgencia es poder aplicar su programa neoliberal antes de que la coalición se rompa y pierdan la mayoría parlamentaria.