Por Victoria Alfaro
Este lunes se conoció la sentencia de segunda instancia que condena a cadena perpetua a un jerarca civil y doce militares uruguayos por delitos de Lesa Humanidad cometidos contra ciudadanos de nacionalidad italiana, en el marco del Plan Cóndor. En primera instancia, solamente uno de los trece acusados había sido condenado.
La sentencia de apelación pronunciada por crímenes de lesa humanidad, de los cuales fueron víctimas durante la dictadura cívico-militar, entre 1976 y 1978, ciudadanos italianos y uruguayos, invierte totalmente la sentencia de primera instancia en la cual 13 imputados habían sido absueltos y uno solo condenado.
En esta segunda instancia, fueron condenados a prisión perpetua todos los imputados a saber: Juan Carlos Blanco, José Gavazzo Pereira, José Ricardo Arab Fernández, Jorge Alberto Silveira Quesada, Ernesto Avelino Ramas Pereira, Gilberto Valentín Vázquez Bisio, Ricardo José Medina Blanco, Luis Alfredo Maurente Mata, José Felipe Sande Lima, Ernesto Soca, Pedro Antonio Mato Narbondo, Jorge Tróccoli Fernández y Juan Carlos Larcebeau Aguirregaray.
La justicia italiana también dispuso penas civiles que implican un resarcimiento para varios de los represores condenados. Por ejemplo, impuso la obligación de indemnizar con 100.000 euros a Mariana Zaffaroni, Andrés Recagno y Martha Amanda Casal de Rey, que deberán pagar José Gavazzo, Pedro Mato, José Ricardo Arab, Ricardo Medina, Luis Maurente, José Sande, Ernesto Ramas, Jorge Silveira y Gilberto Vázquez.
20 años de lucha contra la impunidad
Raúl Olivera del Observatorio Luz Ibarburu dialogó con EL POPULAR sobre lo que significa esta histórica condena de la justicia italiana sobre los militares uruguayos que participaron del Plan Cóndor.
«Esta sentencia seguramente será apelada y por eso el proceso sigue. Me parece interesante que la gente conozca en qué momento apareció esta iniciativa de acudir a los tribunales extranjeros para buscar justicia en Uruguay», indicó.
«A fines de los años 90 desde la Secretaría de Derechos Humanos del PIT-CNT hicimos la presentación, por primera vez en un juzgado de Europa, sobre el caso de la coordinación represiva ante el juez español Garzón. En esa época la Ley de Caducidad estaba aplicándose al máximo y se estaban demorando todas las causas que se denunciaban», recordó Olivera.
«En aquel momento hablamos de escalar en la lucha por verdad y justicia en otros tribunales, donde se había dado un elemento muy importante: el avance que produjo Garzón a partir de la detención de Pinochet en Londres y la instalación de una visión muy avanzada con relación a los derechos humanos que explicaba la justicia universal. La concepción que está incorporada en la definición de los delitos de lesa humanidad. En ese momento el PIT-CNT, la secretaría de Derechos Humanos en particular, y cinco familiares iniciamos la presentación ante los tribunales extranjeros», agregó.
«Las dificultades no solo estaban en lo que implicaba la Ley de Caducidad, si no en la incomprensión de algunos sectores de izquierda de la necesidad de acudir a la justicia internacional para saldar lo que en Uruguay teníamos dificultades. Recuerdo las críticas de Eleuterio Fernández Huidobro cuestionando que Garzón se metiera en los problemas de los uruguayos. La otra dificultad radicaba en que en el mundo del Derecho había dificultades para entender esa situación. Para presentar la causa ante el juez Garzón buscamos abogados para que nos hicieran el escrito y no encontramos. La primera denuncia ante Garzón la tuve que escribir yo que soy un ferroviario», recordó Olivera.
«En ese marco es que se presenta la causa en Italia hace unos 20 años. Esta causa tiene una acumulación de información muy interesante, que no solo ha sido importante para darle cadena perpetua en Italia, si no que debería incorporarse a los elementos que debe manejar la justicia uruguaya», afirmó.
Para Olivera es muy importante que uno de los prófugos de la justicia uruguaya, «Jorge Troccoli que se había refugiado en su ciudadanía italiana y que había escapado a un procesamiento en Uruguay, cuando la sentencia quede firme, Italia tendrá que meterlo preso o extraditarlo a Uruguay. Lo otro importante es que hay otro militar que es Pedro Mato, que está requerido en nuestro país y está prófugo, también fue procesado con cadena perpetua por la Justicia italiana».
«Otro elemento es que Manini Ríos que cuestionó los procesamientos judiciales en Uruguay, ya que según él fueron realizados sin pruebas, se reafirman ahora ya que tenemos una causa que duró 20 años, probando lo mismo que en Uruguay. Por lo tanto es una reafirmación de la justicia uruguaya», afirmó Olivera.
«El tercer elemento, salvo estos dos militares que nombré, el resto ya está preso en Uruguay. Por la edad que tienen no van a cumplir toda la condena porque en nuestro país la mayoría tienen entre 28 y 30 años de cárcel. Entonces que le den cadena perpetua, tiene un efecto simbólico, la sociedad que los condena dice que la gravedad del delito que cometieron es tal, que se les condena al máximo que puede darle un Estado. Lo que termina concluyendo la justicia italiana es que el delito que cometieron estas personas merece que estén toda la vida en la cárcel. Ese es un elemento que hay que valorar, lo simbólico y a veces ese mensaje se nos escapa», afirmó.
«La ultima conclusión positiva es la perseverancia. La sentencia en primera instancia fue negativa y podíamos haber bajado los brazos y listo, pero la lucha paga y no está muerto quien pelea. Por eso es un ejemplo la perseverancia de las organizaciones de derechos humanos para que estos crímenes sean perseguidos como delitos de lesa humanidad», remarcó.
La sentencia y la acción del gobierno uruguayo
El lunes la jueza Agatella Giuffrida, presidenta del Tribunal de Apelaciones de Roma, leyó la condena a cadena perpetua de los represores uruguayos por su responsabilidad en los crímenes de lesa humanidad cometidos en las dictaduras del Cono Sur, en el marco del Plan Cóndor, según informó Radio Uruguay.
El prosecretario de la Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo, dijo al portal de Presidencia de la República, que las sentencias de los tribunales uruguayos y los legajos aportados en la apelación, “construyeron los pilares de la decisión del Tribunal de Apelaciones para revocar la sentencia de primera instancia y condenar, ahora sí, a todos los procesados”. Cabe resaltar que el gobierno uruguayo se constituyó en parte querellante del juicio de Roma.
Entre los condenados está el exjefe del S2 (servicio de inteligencia) del FUSNA, Jorge Tróccoli Fernández, escapado en 2007 para evitar el proceso en Uruguay. El proceso de apelación logró demostrar que en la fase de planificación de los homicidios consumados de mayo a octubre de 1978 por personal de la Armada uruguaya, en acuerdo con la ESMA argentina, Tróccoli tuvo un rol central. En la fase ejecutiva, el acusado desempeñó funciones de conexión y coordinación de las operaciones en el ESMA de Buenos Aires y, contemporáneamente, en la plana mayor de la Armada uruguaya y en el S2 del FUSNA. El proceso de apelación hizo, además, emerger una relación directa con el genocida argentino Alfredo Astiz.
Entre los condenados hay también oficiales de la Oficina III del SID, acusados de haber asesinado y hecho desaparecer militantes del PVP en 1976, entre los cuales se encuentra el represor José Gavazzo. El proceso de apelación y las nuevas pruebas en su contra han demostrado que Gavazzo, en 1976, dirigía desde Uruguay las operaciones denominadas Cóndor como jefe. Una documentación irrefutable, considerada por la Corte de Roma “relevante y nueva”.
«Ahora es necesario asegurar el resultado obtenido a través de la probable y última instancia, constituida por el eventual juicio en la Corte de Casación (equivalente a la Suprema Corte de Justicia). Por otra parte, la sentencia de apelación confirma que en América Latina en los años setenta y ochenta operó el Plan Cóndor, una organización criminal transnacional compuesta por los vértices de inteligencia militar, que asesinó a miles de ciudadanos, sindicalistas y militantes de diversos partidos políticos y de oposición a las dictaduras que se habían instalado, a través de la violencia, en el Cono Sur», agrega el comunicado de Presidencia.
«Finalmente, el proceso de apelación ha demostrado, por primera vez, el nivel criminal del acusado José Gavazzo, definido en los nuevos documentos y pruebas producidas por la Presidencia de la República Oriental del Uruguay en octubre de 2018 y admitidas por la Corte de Roma como “jefe de la operación Cóndor por parte de Uruguay”.
