La Comisión Nacional Pro Reférendum, que impulsa la recolección de firmas para derogar 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), anunció ayer que se alcanzaron hasta el momento 252.720 firmas.
En una conferencia de prensa, al cierre de nuestra edición, realizada en el espacio público “Las Pioneras”, en el barrio de la Aguada, en Montevideo, se expresaron los principales argumentos para firmar y se anunció el número de firmas alcanzadas tras la jornada nacional realizada el fin de semana pasado.
Como reconocimiento a que marzo es el mes de la mujer, la mesa que brindó la conferencia de prensa estuvo compuesta exclusivamente por mujeres.
La primera en hacer uso de la palabra fue Gianina Iglesias, activista del movimiento LGTBIQ. Iglesias cuestionó que la ley “se aprobó con una discusión urgente que no era tal”. “Se dio la discusión en 90 días, recordó, no ha habido intencionalidad política de divulgar el contenido de la ley que se aprobó”.
Iglesias afirmó que “el referéndum es importante para habilitar la discusión de una ley tan importante en el tiempo necesario”.
Criticó que “dentro de muchas cosas la LUC amplia la legítima defensa y la discrecionalidad policial. En este último tiempo, tras la aprobación de la LUC, se han visto varios abusos policiales. Hubo un cambio en el ejercicio de la violencia”.
Iglesias también cuestionó “el aumento de penas” que tiene la LUC y afirmó que esto se hizo con una generalización y sin perspectiva de género: “hay unas 600 mujeres privadas de libertad, el 30% por delitos vinculados a las drogas, ¿se tomó en cuenta esto?”.
En segundo lugar intervino Karina Gómez, profesora de enseñanza media y edila de Maldonado por el Frente Amplio. Gómez dijo que la LUC “no es una ley, es un programa de gobierno completo, restaurador, al que los ciudadanos no tuvieron acceso, antes de las elecciones”.
“La LUC no tiene quien la defienda, no se han aceptado debates entre legisladores, no hay espacios, ni los quieren”, denunció.
“La LUC tiene 476 artículos y 135 de ellos lesionan directamente nuestros derechos”, apuntó.
Gómez se refirió especialmente a la Educación Pública y como es afectada por la LUC: “Se disuelven los Consejos de Primaria, Secundaria y Educación Técnico Profesional. Los docentes no tenemos espacios ni para aportar, ni para decidir. Las decisiones quedan a cargo de direcciones unipersonales; directores generales que son cargos de confianza política, ellos son quienes deciden la política educativa”.
Gómez criticó que luego de la aplicación de la LUC “tuvimos un inicio de clases caótico, no se nos escuchó a los docentes porque cayeron los Consejos, ya no están. Faltan docentes, faltan adscriptos, faltan auxiliares administrativos, faltan locales, y más con la pandemia. Tenemos grupos de más de 100 alumnos”.
Alertó también sobre la implementación de un nuevo Estatuto que coloca a las y los docentes en una situación de incertidumbre.
“La LUC es una ley que debilita la Educación Pública, que es un pilar de nuestra República”, concluyó.
En tercer lugar habló Daniela De Polsi, de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU). De Polsi afirmó que “la LUC es una ley que abarca temas de enorme trascendencia para la vida de las y los uruguayos” y enumeró tres grupos de razones para firmar por el referéndum.
En primer lugar, “por la forma en que fue aprobada, con muy poco tiempo de discusión y en medio de la pandemia, sin la información ni el tiempo debido. El referéndum habilita la discusión que no hubo, por eso firmo”.
En segundo lugar, “firmo porque defiendo la educación pública, autónoma y cogobernada. La LUC habilita la mercantilización de la educación. Elimina los Consejos y le quita voz a los docentes. Históricamente en el movimiento estudiantil uruguayo y latinoamericano hemos defendido la autonomía y el cogobierno y la educación con participación de sus actores”.
En tercer lugar, “firmo porque soy mujer y feminista, y desde el feminismo popular lucho por una sociedad sin desigualdad y sin opresión, y la LUC promueve la desigualdad y quita derechos”.
Finalmente la dirigente de la FEUU agregó que “la LUC limita la inversión pública, desmantela las empresas públicas y precariza el acceso a la vivienda”.
Cerró la conferencia de prensa Sandra Vargas, de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), que fue la encargada de divulgar las firmas alcanzadas hasta el momento: 252.720.
Vargas valoró que se ha llegado “a un nuevo mojón muy importante”. La dirigente de FUCVAM saludó “a la militancia” y reconoció que “la tarea se está haciendo en condiciones muy difíciles, por la pandemia”.
Señaló que “lo alcanzado demuestra la reserva moral de nuestro pueblo, que la pone al servicio de una causa justa”.
Vargas convocó a “redoblar el esfuerzo” y agregó que “la historia será testigo, una vez más, de la rebeldía organizada y consciente de nuestro pueblo”.
“La LUC es una ley que nos fue impuesta, hay que frenar la restauración neoliberal que nos quieren imponer”, sostuvo.
Vargas dijo que la LUC impacta fuertemente sobre el derecho a la vivienda y ejemplificó esto en “el desalojo exprés. Con la LUC en 5 días te ponen en la calle aunque seas buen pagador. Por otro lado, en la misma LUC, se dice que no podes estar en la calle y que la Policía te va a sacar”. “¿Cómo se va a manejar eso”, se preguntó.
