Por Moriana Alberro
El pasado martes se realizó el 5° Diálogo, organizado por la Institución Nacional de Derechos Humanos, en este caso, abordando la Violencia hacia las mujeres en el contexto de la pandemia y la emergencia sanitaria.
En la instancia, Pablo Ruiz, coordinador residente de la ONU en Uruguay, consideró al tema “fundamental”, ya que “en todo el mundo se ha visto una dinámica de incremento de las denuncias durante la pandemia” y en situación de encierro, “la persona que maltrata, maltrata más”
Mariana Mota , directora de la INDDHH, hizo énfasis en el impacto de la pandemia en la violencia de género, un “problema tan endémico”.
Señaló que el “costo social” de la pandemia ha sido “distribuido desigualmente” y las estrategias para abordar la emergencia sanitaria “afectan con mayor énfasis a las mujeres”, tienen un “impacto regresivo en los derechos alcanzados en las últimas décadas y podrían borrar avances, uno de los aspectos a señalar son las desigualdades estructurales, en el mercado laboral, aumento de la tasa de desempleo y disminución de la brecha de mayor incidencia respecto de las mujeres”, mientras que consideró necesario “superar las desigualdades en los salarios y la informalidad en los puestos de trabajo”.
A su vez, Mota hizo hincapié en que como consecuencia de la pandemia, “los cuidados son asumidos por las mujeres, la distribución de tareas es desigual y se registró un aumento de las desigualdades y la pobreza”. Según datos de ONU Mujeres, en este año los niveles de pobreza se han profundizado en los casos de mujeres jefas de hogar, aún más notoriamente en el interior del país, donde el desempleo afecta en mayor medida a mujeres de estratos sociales más bajos, lo que impacta en desigualdad social y aumenta la segregación ocupacional, el trabajo no remunerado y apartamiento del mercado laboral,deriva en la disminución de ingresos en estratos sociales medios y bajos y perjudica el nivel de autonomía de las mujeres.
Mota sostuvo que “las medidas sanitarias han afectado las formas de abordaje de las formas de violencia contra las mujeres, ya que las medidas de confinamiento produjeron un aumento en los niveles de violencia sexual, intrafamiiliar y violencia basada en género, mujeres, niños, niñas y adolescentes. A su vez, señaló la necesidad de instalar sistemas de protección para revertirlo.
“Por las medidas de disminución de circulación y permanencia en el domicilio, el riesgo de vivir situaciones de violencia o abuso intrafamiliar aumentaron significativamente, lo que con la disminución de la circulación o la cuarentena por enfermedad se convirtieron en obstáculos para el acceso a servicios de atención por casos de violencia”, expresó.
Las organizaciones sociales han planteado un incremento de las consultas por violencia de género así como la ausencia y/o dificultades en el acceso a los servicios de atención, particularmente en localidades pequeñas, donde no existen locales de alojamiento a víctimas en caso de ser necesario, o en muchos casos, solo se ubican en las capitales departamentales a los que ha sido más difícil acceder por las restricciones de movilidad en el transporte público.
Mota señaló “la importancia del enfoque interseccional en el abordaje a la violencia y la incorporación de la perspectiva de género a nivel departamental y nacional, con medidas diferenciadas teniendo en cuenta las particularidades considerando factores como edad, orientación sexual, raza, etnia o condición social”.
A su vez, “desde la declaración de la emergencia sanitaria, los casos de violencia obstétrica han mostrado un aumento sostenido y adquirido nuevas dimensiones, resulta imperioso analizar el impacto de la pandemia en los servicios de salud sexual y reproductiva, acceso a IVE y acompañamiento en instancias de control prenatal, parto y nacimiento, según lo establecido en la ley 17.386, instando al estado a sostener este acompañamiento aún en contexto de emergencia sanitaria”, remarcó Mota, quien recordó que en mayo de 2020 la Institución publicó la Resolución 845/2020, que hace énfasis en la necesidad del acompañamiento durante el periodo de preparto, parto y puerperio, incluso en circunstancias de emergencia sanitaria.
En el caso de las mujeres privadas de libertad, el hacinamiento, el limitado acceso a servicios de salud e inadecuada infraestructura aumentaron el riesgo de contraer coronavirus, por lo que “se vuelve necesario considerar la excepcionalidad de la privación de libertad teniendo en cuenta la gravedad del delito cometido, evitando la extensión de la detención”, expresó Mariana Mota.
Desde la INDDHH se señaló la urgencia de “la implementación de medidas de tolerancia cero a casos de abuso sexual laboral por parte del MTSS, teniendo en cuenta el impacto que la pandemia ha tenido en el mercado laboral para las mujeres” y se subrayó la importancia de los espacios interinstitucionales de respuesta integral a la violencia basada en género, con universalidad territorial y énfasis en las localidades pequeñas”.
Jan Jarab, representante para América del Sur ACNUDH, señaló que avances en los servicios de acceso a salud sexual y reproductiva, parto humanizado no deberían borrarse por causa del COVID-19”.
Monica Bottero, de Inmujeres, recordó que la ley 19580, de fines de 2017 quedó sin financiación al final de la administración, un año y medio después. “El financiamiento requiere de un esfuerzo particular, de las mujeres activistas comprometidas con estos temas”, afirmó.
A su vez, Bottero señaló que según encuestas, 8 de cada diez mujeres habían sufrido situaciones de violencia durante algún momento de sus vidas, una de cada cinco lo sufrió en el último año, y enfatizó que la violencia de género debe ser abordada como “un problema de toda la ciudadanía y de salud pública, ya que al ser tomado como un problema de todos, incide en el aumento de la declaración de las mujeres de haber sufrido violencia de género”.
Bottero también afirmó que en los planes hay compromiso en el aumento en horas y profundización de la calidad de atención, mientras que se proyecta evaluar la calidad de los servicios que se prestan”.
Carmen Beramendi de Flacso, señaló que “la pandemia ha agudizado las desigualdades y restringido las libertades. Estableció la necesidad de incrementar mecanismos de accesibilidad, sabiendo y presuponiendo que la violencia de género iba a verse incrementada por el confinamiento”.
A su vez, sostuvo que “en momentos de pandemia los mecanismos de participación y exigencia, al tratarse del derecho a una vida libre de violencia los mecanismos de accesibilidad se vuelven más difíciles. Recordó que previo a la ley no existía la posibilidad de intervenir en el ámbito privado, el hogar era “sagrado”.
Lilián Elhorriburu, integrante de la Asociación de Magistrados del Uruguay, recordó que nuestro país ratificó las convenciones internacionales, por lo tanto es responsable de implementar políticas para que las mujeres accedan a la justicia en forma inmediata.
“En la reunión de marzo de 2020 surgió una extensión de las medidas que adoptamos los magistrados para evitar las violaciones de los derechos humanos. Pero no bastó y hubo que imponer medidas cautelares, como el dictado de una resolución para imponer pensiones alimenticias provisorias y tenencias provisorias para poder acceder a las prestaciones sociales”, relató.
“Todo el Estado debe estar comprometido en esa obligación de permitir el acceso a la justicia y permitir que las personas más vulnerables puedan acceder a garantizar esos derechos, es difícil que la víctima de violencia de género pueda acceder o sepa como acceder a esos derechos. La mujer puede ir directamente a las seccionales policiales o juzgados a denunciar sin asistencia letrada, es importante el papel de las organizaciones sociales para que la mujer pueda acceder a la justicia y tener una respuesta inmediata y eficaz”, como operadores tenemos que tratar de seguir trabajando en la aplicación de la ley 19.580, todo el Estado es responsable de hacer que la mujer no sufra tratos crueles, e inhumanos que sigue sufriendo”, sostuvo Elhorriburu.
Carolina Camilo, integrante de la Asociación de Defensores Públicos de Uruguay, aseguró que “asisten en el patrocinio letrado a un 90% de las mujeres víctimas de violencia de género. Más de 100 defensores públicos llevamos adelante el patrocinio letrado de las mujeres que participan de los procesos de protección. Durante la pandemia se decretaron ferias judiciales sanitarias, lo que implicó una paralización de los procesos judiciales, la Suprema Corte de Justicia exoneró a estos procesos de la feria sanitaria, se trató de trabajar con la mayor normalidad posible y atender estas situaciones pese a la pandemia”.
“Existen barreras para acceder a la justicia, para denunciar y permanecer durante los procesos, que se incrementaron durante la pandemia, barreras económicas, distancia, acceso a mecanismos de denuncia y barreras digitales en tiempos donde las instituciones trabajan mediante telellamadas. Nos preocupa que las mujeres accedan a los recursos necesarios”, alertó. “Las instituciones médicas se han tenido que adaptar y dar sus servicios de diferentes maneras, estas instancias colaboran para mejorar y garantizar los derechos de las mujeres víctimas de violencia, sobre todo en el caso de mujeres en situación de vulnerabilidad”, sostuvo Camilo.
Lilián Abracinskas, integrante de Mujer y Salud Uruguay, explicó que desde 2007 desde la organización se lleva adelante un Observatorio en salud sexual y reproductiva. A su vez, recordó la vigencia de la Resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en su recomendación 53, alertaba a los estados sobre la no detención de servicios de salud sexual y reproductiva en el contexto de pandemia. En Uruguay, la declaración de emergencia sanitaria “no fue acompañada por mecanismos de control del cumplimiento de la atención y no se brindó información a la población sobre la obligación de dar atención de calidad y de manera integral», alertó Abracinskas.
A su vez, Abracinskas enfatizó la necesidad de “entender la vulneración hacia mujeres, disidencias, orientaciones sexuales diversas e identidades de género múltiples, en qué dimensión del derecho humano se impacta cuando no se atiende la vulneración de derechos sexuales y reproductivos al no garantizar el acceso” y recordó que se trabaja teniendo en cuenta la ampliación del concepto de mujeres, trabajando con varones, disidencias y personas no binarias, quienes sufren este tipo de violencias por no cumplir con las normas estipuladas de marcos estereotipados de sexualidad y feminidad, y para atender las relaciones inequitativas de poder en el campo de la sexualidad y la reproducción que son una dimensión de la vulneración de derechos.
“Alertamos desde el 28 de mayo de 2020 a través de movilizaciones públicas que Uruguay no podía retroceder en el campo del reconocimiento de niños, niñas y adolescentes, y su derecho a decidir de forma autónoma sin coacción ni violencia sobre el cuerpo, las sexualidades y la decisión reproductiva. La alerta no fue suficiente, el impacto de la desatención en salud reproductiva generó la muerte de una adolescente por aborto en diciembre del año pasado. Ha habido muertes por covid de mujeres durante el embarazo, en el parto, el puerperio, la atención de abortos, el suministro de métodos anticonceptivos y se han discontinuado los mecanismos de diálogo con el Estado, no han habido instancias en el Ministerio de Salud pública que permitan corregir o atender esta situación”, advirtió.
Ana Algaré, integrante de la Intersocial Feminista, recordó que la sociedad civil luchó por la solicitud de la derogación de los juzgados multimateria y recordó que está pendiente un proyecto de tenencia compartida impuesta, el problema de acceso a la vivienda, acceso alimenticio, la falta de empleo y formación específica y recalcó la importancia de la red de Ollas Populares, muchas de ellas organizadas por mujeres.
A su vez, Algaré recordó que “el Ministerio de Salud Pública quitó la meta asistencial a los equipos de referencia en violencia de género, augura un retroceso en la asistencia en calidad” del servicio y.
Blanca Armand Pilón,- Cofundadora y Coordinadora de La Voz de la Mujer de Colonia, enfatizó el marco de incertidumbre respecto de “la continuidad de convenios, el Ministerio de Vivienda ha dejado sin soluciones habitacionales a las mujeres en territorio, el deterioro en la atención en las comisarías, toma de denuncia y trato a las víctimas, mientras que consideró débil el funcionamiento de las comisiones departamentales y Consejo Consultivo. “No está habiendo una defensa de la política pública. ¿La pandemia le puso tapabocas al ejercicio de los derechos humanos?”, se preguntó.
Marina Morelli, integrante de la Red Uruguaya contra la Violencia Doméstica y Sexual, recordó que hubo dos emergencias que nos afectaron. “Respecto de la pandemia sabemos mucho, de la emergencia por violencia hacia las mujeres basada en género no sabemos nada, porque fue archivada, el Estado se olvidó, tuvimos una emergencia por deficiencia hídrica. Sigue importando más la pérdida de cabezas de ganado que la pérdida de vida de mujeres”, sentenció. “La mayor deficiencia es la carencia de una política de Estado para abordar la problemática. Cada avance del que se jacta el Estado es una conquista del movimiento social”, afirmó.
“El Poder Judicial se resiste a poner operativos los juzgados, Inmujeres se ocupa de la liberación y garantía de los derechos, el presidente que habla del femicidio como un daño colateral de quedarse en casa”, afirmó. “Al Estado se le exige que haga lo que tiene que hacer: prevenir, investigar, reparar, no dejar impunes las conductas y resarcir los daños, desde una política de Estado. Se necesita un cambio estructural desde el Estado, con más acciones, menos ofensas, más responsabilidad estatal”, sostuvo Morelli.
Natalia Magnone, integrante del Instituto de Estudios Interdisciplinarios Feministas de la UDELAR, señaló que según resultados de una encuesta, “más del 17% de mujeres que atravesaron un parto, vivieron situaciones de violencia, porcentaje que crece en el caso de la población afrodescendiente y se duplica en casos de mujeres no heteronormativas”.
“La pandemia mostró que el hospitalocentrismo no es el mejor modelo para la atención de los partos, la partera es quien está formada en la asistencia de los partos, hay que empezar a discutirlo, qué obstáculos hay para ir hacia otras opciones, con mayores garantías para proteger los derechos de las mujeres”, afirmó.
