En un documento de 15 páginas, el Frente Amplio, presentó su posición sobre la actual Rendición de Cuentas.
El Informe en minoría, elaborado por los diputados frenteamplistas, tuvo a Gustavo Olmos como miembro informante, y en su elaboración participaron los legisladores Gonzalo Civila, Bettiana Díaz, Lilián Galán, Álvaro Lima, Constante Mendiondo, Ana Olivera y Sebastián Valdomir.
Comenzando por una valoración política de la actual Rendición de Cuentas, el documento analiza lo que define como “un decepcionante desempeño económico construido sobre frágiles bases técnicas”.
En el Informe, se dedica especial hincapié a la Nueva Institucionalidad Fiscal, la que se define como brillando “por su ausencia”, al tiempo que se denuncia “la proliferación de fideicomisos: dos elementos que agregan opacidad a las finanzas públicas”.
Para los legisladores esta Rendición de Cuentas “consolida el recorte del gasto y no da respuesta a las necesidades de la gente”.
Otro eje de análisis del documento, es el tratamiento dado a otras políticas que, desde la evaluación realizada son abordadas “en forma deficiente en esta Rendición”.
En este sentido, son descritas y evaluadas las propuestas en temas tales como las perspectivas de género en las asignaciones presupuestales, “entre las omisiones más evidentes se halla una transversalización de las asignaciones presupuestales con perspectiva de género, verificación que ya advertimos en ocasión de discutir la Ley de Presupuesto”, se expresa en el Informe de los legisladores del frente Amplio.
Los parlamentarios frenteamplistas, recuerdan que, “por acudir a un único ejemplo especialmente sensible, este Parlamento está considerando en estos días la solicitud de prórroga de la fecha establecida en la Ley de Presupuesto para la instalación de los juzgados letrados de primera instancia del interior especializados en violencia hacia las mujeres basada en género”.
En los casos del ministerio de Industria y Turismo, el informe señala que “no hay políticas claras de apoyo a sus respectivos sectores”.
“En particular en el turismo, que junto con la cultura fue uno de los sectores más golpeados por la pandemia, el gobierno ha mostrado inacción y falta de sensibilidad para atender las necesidades del sector. En particular a las MIPYMES que dependen de esta actividad, y a las que la Rendición de Cuentas no les aporta soluciones a futuro”, se enfatiza.
Dentro de los temas analizados, un análisis particular fue el de la educación que no se limitó a la situación de la ANEP, en tanto abarcó la UdelaR y la situación en la Universidad Tecnológica (UTEC).
Con respecto a la ANEP, el documento señala “en materia de educación, el proyecto de RCC remitido por el Poder Ejecutivo no establece ningún artículo para la ANEP, ni recoge las demandas del sector” y enfatizan, “en el tema “educación” las señales del gobierno son consistentemente preocupantes y distan mucho del compromiso asumido con la ciudadanía”.
Todo el análisis recoge la situación en ASSE, el ministerio de Desarrollo Social (MIDES), la cultura, donde se señala que “no hay ningún artículo” de la actual Rendición de Cuentas, “que se ocupe de generar políticas de apoyo a este sector tan golpeado por la pandemia”.
“Los Centros MEC”, recuerda el Informe, “que fueron cerrados en 2020, sin considerar los problemas de conectividad que enfrentan particularmente los estudiantes del interior, en un contexto de educación no presencial (…) representa una triste restricción a la descentralización cultural, así como a otras actividades de educación, ciencia y tecnología, promoción de derechos, y demás actividades desarrolladas desde dichos centros que impactaron de lleno en las localidades del interior”.
La propuesta del Frente Amplio, con respecto a la Rendición de Cuentas, expresa que “desde la bancada de diputados del Frente Amplio se entiende conveniente acompañar los principales artículos incluidos en los mensajes presupuestales enviados por los organismos del Artículo 220 de la Constitución”.
“Esta fuerza política”, se agrega, “propone reasignar fondos para UDELAR para investigación en la generación y producción de vacunas, para los programas de rápida resolución del cáncer de mama, rehabilitación pos COVID-19 y para el programa integral de ACV y neurorrehabilitación. Asimismo, se propone asignar recursos para el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, la Fiscalía General de la Nación, la Junta de Transparencia y Ética Pública, la Corte Electoral y la UTEC”.
“No se puede ni debe culpar al gobierno por haberse topado con una pandemia mundial a pocos días de haber asumido. Sin perjuicio de ello, tenemos elementos para asegurar que se realizó una deficitaria gestión de la economía y una muy deficiente contención de sus consecuencias sociales. Siguiendo lineamientos en desuso y desconociendo los cambios que se suscitaban en todo el mundo, el gobierno de la coalición optó por aplicar un ajuste fiscal, recortando salarios, pasividades y políticas públicas en medio de una crisis económica sin precedentes. Mientras discutimos este proyecto de Rendición de Cuentas en el Parlamento, donde autoridades del gobierno nos confirmaban que a los niños y niñas de la escuela pública no se les permite repetir la bandeja escolar en el almuerzo, el Presidente de la República celebraba en medios internacionales haber recortado 600 millones de dólares en medio de una crisis”, expresa el documento.
Finalmente, los legisladores del FA afirman que, “luego de analizar colectivamente el proyecto remitido y recibir a las autoridades de gobierno, nuestra bancada votará negativamente el proyecto en general por entender que, lejos de dar cuenta del momento en que se encuentra nuestro país, se vale de las consecuencias de la pandemia para justificar las ausencias de políticas nuevas y el recorte de recursos de las existentes. Es una propuesta inconsulta, elaborada con absoluta prescindencia de la academia y la sociedad civil”.
Esta es una Rendición de Cuentas, donde “no se advierte un modelo de desarrollo que incluya a las grandes mayorías de nuestra población, ni se garantizan los recursos para hacerlo posible, ni los indicadores para verificarlo. Por el contrario, la única política clara y consistente es el recorte, a costas del deterioro de los servicios públicos y prestaciones, de los salarios y pasividades de los uruguayos y las uruguayas. Las medidas de reactivación económica y las políticas activas de empleo brillan por su ausencia. Ante un escenario económico adverso visualizamos un Estado que se retrae, desamparando a su población, fundamentalmente a los más vulnerables”, finaliza afirmando el documento de los legisladores.
