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La Intersocial, compuesta por más de 60 organizaciones de todo el país, resolvió este sábado impulsar un referéndum contra la Ley de Urgente Consideración (LUC) y recorrer el denominado “camino largo”, es decir, juntar 650 mil firmas que habiliten directamente la consulta popular.
EL POPULAR dialogó con Gustavo Gonzáles, secretario general de la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (FUCVAM), para conocer los fundamentos de la resolución adoptada y las perspectivas que se abren.
Se reunió el sábado la Intersocial y analizó, después de varios meses de trabajo, la posibilidad de impulsar un referéndum contra la LUC y hubo una resolución. ¿Cuáles fueron las primeras conclusiones de este debate y cuál es el centro de esta resolución que se adoptó?
Lo primero es que fue una concurrencia muy importante no solamente de los colectivos de Montevideo sino que vinieron varias Intersociales del interior del país, lo cual sigue fortaleciendo la estructura organizativa de la misma. Respecto de la resolución, lo primero es ir por el referéndum, ir por las firmas. Se resolvió ir por la vía larga, ustedes saben que hay distintas vías pero hemos visto como la más conducente para la acumulación de fuerzas y la amplitud en alianzas, la vía larga.
Lo segundo y fundamental es discutir con todos los insumos para todos los colectivos y darnos un plazo hasta el próximo 7 de noviembre de ver si vamos contra algunos artículos o contra toda la LUC. Ese es el debate mayor que hoy tiene la Intersocial. A mí me parece que ha sido inteligente darse un cuarto intermedio a los efectos de una gran patriada como la que vamos a impulsar es necesario en forma madura, como históricamente lo ha hecho el movimiento popular, dar los tiempos para discutirlo mejor. En ese marco creo que la resolución fue muy positiva, fue unánime por el referéndum y por la vía larga, y bueno, esta otra instancia es para seguir discutiendo si contra algunos artículos o contra toda la LUC. Ese es el debate que estará planteado y que cada organización deberá traer posición para el 7 de noviembre. Obviamente que ahí será un fraternal debate donde llegaremos, no tengo ninguna duda, a la conclusión más unitaria.
Respecto de lo que decís, dos aspectos. Nosotros hablamos de camino corto y camino largo y no todo mundo está claro a lo que eso se refiere. A partir de una serie de reformas legales, los referéndum no son como eran, por ejemplo, en el voto verde o en la ley de empresas públicas. Uno implica que el esfuerzo más rápido se hace en juntar 50 mil firmas pero después hay que ir a una ratificación ,con el voto no obligatorio, que es lo que se llama el camino corto. Y el camino largo implica juntar un número de firmas muy importante, estamos hablando de más-menos 650 mil firmas, pero eso habilita directamente el referéndum. ¿Por qué se plantea el camino largo? Porque hay voces que dicen que sería mejor juntar las firmas del camino corto que son 50 mil.
Lo primero es porque si bien es cierto que es más fácil juntar 50 mil firmas que 650 mil, es mucho más difícil -la historia lo ha marcado- que sin la obligatoriedad del voto concurran 700 mil personas a habilitar que se pase a votar nuevamente. En ese marco nosotros creemos que hay condiciones, en la medida de trabajar fuertemente y con claridad, de llegar a las 700 mil firmas en el mes de julio como se plantea. Obviamente que va a ser un camino difícil y complejo, estamos en el marco de una pandemia, pero yo en lo particular y creo que muchos de los delegados a la Intersocial tenemos mucha confianza en la reserva moral de nuestro pueblo. Acá hay que tener claro que la LUC no se ha discutido en profundidad con la gente, tampoco los parlamentarios y esta es una vía de la cual se demuestra que por la forma ha sido inconstitucional, donde el Poder Ejecutivo exige que discutir 600 artículos.
Lo segundo es que si uno analiza los 600 artículos, el 98% no son de urgente consideración. Entonces, en realidad esto está muy reñido, hay gente como Korzeniak, Cajarville, constitucionalistas de gran talla, que han planteado ya la inconstitucionalidad de esto. Y por otra parte algo que no se coloca, una farsa que está diciendo el Poder Ejecutivo, que dice que esto fue aprobado por el pueblo en las elecciones. En realidad hay que tener claridad en esto. El pueblo lo que votó fue a un sector político determinado que triunfó y ese sector político dijo: “impulsaremos una ley de urgente consideración” pero no se presentó antes de las elecciones cuáles iban a ser los artículos. Entonces, ¿cuál es el planteo que tiene el movimiento popular en la síntesis política que hace la Intersocial de todo esto?: Que la gente discuta en profundidad, primero si esto es constitucional o no, y segundo los distintos artículos. Por ejemplo, en el caso nuestro de vivienda, un tema que es preocupante es cómo se apoya totalmente al propietario frente al inquilino -con las modificaciones que hace la LUC- y se van a desatar desalojos exprés en este país, que en 4 o 5 días estás de piecitos en la calle. Por decir alguno que nos atañe directamente a los que estamos en el tema de vivienda.
El capítulo de educación está yendo contra 100 años de tradición educativa en el Uruguay con las autonomías para la educación, esto se borra de un plumazo. En este marco, lo más interesante es dar la lucha por el debate democrático con el conjunto del pueblo para ver qué tiene esto de urgente consideración, qué le resuelve al país.
Un ejemplo claro está siendo el tema de la seguridad. Acá se prometió que esto se iba a resolver, que la seguridad era un problema mal tratado, etc. etc. Y sin embargo hoy al abrir la prensa estoy viendo, todos los días, que sigue la violencia ciudadana y que se demuestra que con mano dura en ninguna parte del mundo se ha resuelto. Ahora esto lo han colocado como un gran tema de difícil clarificación para la gente. ¿No es cierto?
El Uruguay democrático está viviendo situaciones, como por ejemplo estos muchachos que salen con bates de baseball a golpear a gente que está en situación de calle. Y esto es parte de un discurso que hizo posible la LUC. Esto es lo que le tiene que preocupar ya no a la gente de izquierda, sino a todo aquel que se precie de democrático. Vamos a pedir las firmas para se abra un debate nacional sobre este tema y que después el pueblo laude.
A mí me parece que estos son elementos que hay que tener claros, porque de lo contrario se va a querer polarizar.
El movimiento popular le va a pedir la firma al ciudadano para abrir un gran debate nacional que dirima si esto verdaderamente era urgente. Segundo, si tuvo el tratamiento democrático que la propia Constitución plantea frente a una LUC. A las organizaciones sociales se las llamó por 20 minutos para exponer ante el Parlamento el análisis de la LUC. ¿Alguien puede creer que en 20 minutos puede hacerse un análisis de esta ley?
