Juegos de poder

La violencia policial un volcán al borde la erupción.
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Por Verónica Pellejero

Crece la preocupación desde el Frente Amplio (FA), las organizaciones sociales, de derechos humanos y la academia por el abuso policial, la falta de respuestas de parte de las autoridades y las nuevas potestades que otorga la recientemente promulgada Ley de Urgente Consideración (LUC) a las fuerzas represivas.

Esta semana generó polémica el uso de una picana eléctrica por parte de un oficial de policía en un procedimiento, la respuesta del ministro del interior Jorge Larrañaga no hizo sino echar leña al fuego al afirmar: “Yo no puedo saber exactamente qué tiene o qué porta cada uno de los más de 30.000 policías que tiene el Ministerio del Interior”; además agregó en conferencia de prensa que el uso de picana eléctrica no está prohibido, aunque no forma parte del equipamiento policial. Por otra parte la Articulación Nacional No a la Reforma y la misma implicada denunciaron por las redes sociales una situación de violencia policial en Artigas donde una joven fue golpeada y esposada por “desacato” al cuestionar el procedimiento “violento” de los oficiales.

La violencia policial es bien conocida, si bien ha tenido diferentes características en las distintas gestiones del aparato administrativo del Estado. No está de más reconocer que el estado es precisamente quien posee la legitimidad en el uso de la violencia. El control del aparato represivo se convierte entonces en algo especialmente complejo de gestionar, puesto que choca de forma permanente con la noción misma de libertad y democracia. La preocupación por un incremento de los “desbordes” de violencia, a partir de un aumento de la discrecionalidad policial, la ampliación del instituto de legítima defensa y del proyecto de modificación de la constitución para habilitar los allanamientos nocturnos (algo a lo que la ciudadanía dijo que no en octubre), preocupa a una parte de la población.

Interpelación en puerta

Carlos Varela, diputado, politólogo y presidente de la departamental del Frente Amplio (FA) de Montevideo, donde milita desde su fundación, declaró a EL POPULAR que “en el FA existe una preocupación activa, porque no vamos a quedarnos en la preocupación sino en acciones concretas como puede ser el llamado a comisión del Ministro del Interior [Jorge Larrañaga] para hablar de estos temas”, además agregó que en el caso de la picana “ni las autoridades de Jefatura, ni las del Ministerio del Interior han hecho declaraciones claras, salvo a decir ese disparate de que la picana no está prohibida en la policía”.

Varela señaló que han sucedido varias situaciones de abuso policial en barrios de Montevideo vinculados a operativos, pedidos de cédulas a jóvenes que hacen uso del espacio público, y que parte de esto se puede explicar a raíz de una “nueva actitud de la policía” a raíz de la aprobación de la LUC. Al FA le preocupa la tendencia a “modificar el trabajo de acumulación de 15 años, de generar una relación diferente entre el cuerpo policial y la ciudadanía”. Para Varela la policía había “recuperado un prestigio que en épocas oscuras había perdido”, y que tiene que ver fundamentalmente en el combate al delito.

El representante del Frente Amplio en Montevideo, señaló que ahora pedirán explicaciones a Larrañaga, en caso de que no se ajusten a las expectativas de la bancada se “avanzará en otro tipo de decisiones”, donde no se descarta una interpelación al ministro. Se pretende saber si el ministro respalda estas prácticas, y en el caso contrario, que se explique qué medidas se están tomando concretamente para evitar la tentación al desborde a partir de las nuevas normas votadas en el parlamento. Varela no tiene dudas de que el articulado genera esa posibilidad, “porque establecen un marco de discrecionalidad en manos de la policía que no es razonable”.

De cualquier forma la LUC ahondó en la discrecionalidad policial (que no es otra cosa que el otorgamiento de mayores potestades a la policía) situación que resta garantías a la población frente a posibles excesos. Para Varela, se debe seguir muy de cerca a la policía para controlar esa “tendencia innata que tienen algunos cuerpos represivos a desbordarse”. Subrayó que más allá de la normativa es necesario generar en la población un estado de alerta para evitar “situaciones que vivimos tiempo atrás, ya en democracia, y que entre otras cosas le costaron la vida a varios jóvenes”.

Preocupación y más preocupación

La ex jueza Mariana Mota, integrante del Directorio de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), señaló que el caso de la picana se encuentra judicializado y en ese sentido la institución no puede intervenir en la investigación; lo que si hizo fue pedirle al Ministerio del Interior información sobre la existencia de ese tipo de elementos en manos de funcionarios públicos, las preguntas son en torno al uso de armas por parte de los funcionarios policiales. Mota señaló que cada vez que reciben denuncias de abusos policiales en procedimientos que vulneran los derechos de las personas se han comunicado al Ministerio del Interior.

Desde la INDDHH comparten la preocupación que otros actores han manifestado sobre la “la LUC y las modificaciones que ha dado a la normativa -lo cual ya hemos señalado cuando se estaba dando la discusión en el parlamento-, se le ha otorgado mayores facultades, de desarrollo de funciones y de actuación a la policía, y esto no viene contrarrestado con un mayor control, lo cual puede a dar lugar a abusos”. “Vamos a seguir monitoreando, y en caso de que haya vulneraciones las vamos a señalar que es lo que tenemos por ahora”, planteó.

Consultada por EL POPULAR sobre con qué herramientas cuenta la población frente a situaciones de abuso policial, señaló que en caso de sentirse vulnerados, lo primero es hacer la denuncia, por otra parte es válido pedirle al oficial que explique el procedimiento, por qué lo desarrolla, “es un funcionario público que tiene que explicar por qué la actuación, le debe informar al ciudadano o ciudadana con el cual quiera desarrollarla”, precisó.

Eso en el momento en que se da la acción, luego de cometido un abuso se debe dar cuenta lo que ha ocurrido a los organismos del Estado, al Poder Judicial o a la Fiscalía, a los organismos de defensa de Derechos Humanos, y es muy importante tener la posibilidad de “documentar las cosas, tener registro de lo que está pasando, tener la mayor cantidad de datos posibles para aportar para que se pueda investigar y llegar a la veracidad de los hechos”, recomendó la ex jueza.

Vulneración de derechos

Juan Dutra, además de ser un conocido murguista de Salto, participa en el colectivo No a la reforma del departamento, y aunque aún no saben cómo se va a llamar, luego de culminada la etapa del plebiscito, están decididos a que siga funcionando como una coordinación anti-represiva.

Participan organizaciones estudiantiles, de la cultura, sindicales, de Derechos Humanos y personas que se acercaron de forma independiente. “Después de que se ganó el plebiscito, veíamos la necesidad de tener una militancia en torno a los asuntos de seguridad, ligada a una perspectiva anti-punitiva, anti-represiva, porque veíamos que se estaba gestando un clima propicio para que se pudieran llegar a dar las situaciones que hoy estamos viviendo”, explicó Dutra. Además agregó que a partir de la aprobación de la LUC y de las normativas que plasma, respecto de la seguridad, se da desde el gobierno “un mensaje” que tiene efectos en el accionar de las fuerzas represivas y de la misma sociedad a la hora de resolver conflictos.

El militante contó, que luego de estudiar la LUC con el colectivo, veían con inquietud dos elementos fundamentales: en primer lugar una “inflación punitiva”, y por otro lado la discrecionalidad policial, y dentro de esta la figura de “agravio”.

El 25 de julio a las 4 de la madrugada una estudiante de trabajo social, fue abordada por la policía afuera de una chopería en Artigas junto a otros jóvenes y se les solicitó los documentos en el marco de una “revisión”; la joven cuestionó el accionar policial por considerarlo violento, y según relató en las redes sociales, se le planteó desde las fuerzas represivas que “lo que se hacía al cuestionar era desacato a la autoridad”, fue entonces que según contó la esposaron, la golpearon y la “babosearon” todo el camino a la comisaría diciéndole que por hacerse la “intelectual universitaria” la iban a dejar mal parada, con antecedentes judiciales para complicarle la carrera profesional. Esta situación motivó que la Articulación Nacional No a la Reforma emitiera una declaración en repudio al accionar policial, donde exponen la situación y al final aseguran: “la nueva normalidad no será la impunidad”. Consultada por EL POPULAR la joven prefirió no hacer declaraciones debido a que ha sufrido una gran exposición e insultos en las redes sociales que la motivaron a modificar la configuración de seguridad de sus cuentas en redes sociales.

“La compañera militó en varios lugares, la conocemos a través de la facultad porque es estudiante de trabajo social, por lo cual es una persona muy informada, ella conocía los protocolos de actuación policial, que lamentablemente en el país es muy común que no se respeten”, contó Dutra sobre la situación, e insistió que sobre todas las cosas los oficiales deben identificarse y al no hacerlo rompen la norma. “Nosotros somos ciudadanos, no hay ningún delito que diga que no podemos transitar por la calle o estar a las 3 de la mañana en la vía pública”. “Es importante que los gurises y las gurisas puedan conocer efectivamente cuáles son sus derechos”, valoró el militante.

¿Del lado de quién?

En la opinión de Rolando Arbesún, psicólogo, docente universitario y ex coordinador de la zona metropolitana del Instituto Nacional de Rehabilitación, es necesario trascender los hechos individuales en al análisis sobre la violencia policial ya que no se puede entender todo este movimiento, expurgándolo “del programa político de la coalición multicolor”. Para Arbesún se está desarrollando “la política acordada con el resto de los partidos de la coalición”, donde está en juego también la necesidad de establecer un “fuerte control de la movilización social, para hacer posible las transformaciones que pretenden”, a través del “recrudecimiento de las medidas de control y castigo para las personas que se resistan”.

El psicólogo sostiene que las acciones de abuso policial “a quién denuncian es directamente al Ministerio del Interior”, y que las fuerzas represivas son fortalecidas actualmente en una dirección “de respaldo a la acción del gobierno y no de protección a la ciudadanía”.

Fueron varias las voces (de izquierda y derecha) que a raíz de la aprobación de la LUC y de los sucesos de abuso policial acaecidos desde que asumió el gobierno, plantean que la policía nunca dejó de cometer abusos contra la ciudadanía, pero sería injusto y falso señalar que no hubo ningún cambio en el Ministerio del Interior durante el período frenteamplista y mucho menos que la preocupación por la aprobación de la LUC es infundada. “Durante los 15 años que fuimos gobierno, se desarrolló la profesionalización de la policía, lo que se llamó “la nueva policía”, se realizaron cambios en la formación, en la currícula de la Escuela Nacional de Policía, se aumentaron los controles de las prácticas policiales, las cuales fueron protocolizadas en la Ley de Procedimiento Policial para evitar los desbordes”, argumentó Arbesún.

Para el profesional existe una larga tradición de abuso en las prácticas policiales, “las instituciones de Derechos Humanos siempre afirman con razón que el organismo que más denuncias acumula es el MI, estas son hacia las prisiones y la policía, lo cual evidencia el problema histórico de la democracia sobre cómo gestionar el monopolio del uso de la fuerza”, valoró.

Arbesún explicó que también existen 25 años de contención del discurso de derecha, que ofrece siempre una “respuesta punitiva frente a lo que cada vez toleramos menos”, y por otro lado la construcción del discurso que permite entender que ciudadanos comunes y corrientes justifiquen el uso de la picana o los malos tratos de la policía, “porque son delincuentes, ¿como querés que los trate?”. “Los máximos exponentes de este discurso fueron [Julio María] Sanguinetti y [Jorge] Larrañaga, y hoy logra un punto de condensación con la LUC, especialmente con los artículos que versan sobre la legítima defensa, y el agravio a la autoridad”, indicó el especialista, quién además señaló con preocupación la idea que impulsa Larrañaga de introducir la modificación de la constitución que permita los allanamientos nocturnos. “Se expande la potestad de la policía, y se reducen las garantías de los ciudadanos, quienes para configurar como “buenos ciudadanos” deben siempre “ofrecer una actitud de sumisión frente a la policía”.

Por último Arbesún reflexionó sobre los mensajes de los patrulleros; antes el slogan era “por la vida y la convivencia”, hoy es “de tú lado”. “Expresa que hay algunos que están siendo cuidados y otros que no, lo cual es muy ambiguo”. “¿Cuál es lado que la policía está cuidando?”, se preguntó.