La Asamblea Nacional de Ecuador dio inicio al juicio político contra el presidente de Guillermo Lasso, quien ha sido acusado de un “presunto delito de peculadao”.
La interpelación al mandatario durará de acuerdo a la normativa ecuatoriana cerca de dos horas, dando lugar, posteriormente a que el actual mandatario presente en un tiempo máximo de tres horas los alegatos en su defensa.
Con posterioridad, explica el portal Rusia Today, “cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de una hora”.
La etapa finalizará, luego que el presidente se retire del pleno, comenzando allí el debate en la Asamblea Nacional, una instancia en que se prevé puedan participar “todos los asambleístas”, quienes disponen de 10 minutos para exponer sus argumentos.
A partir de esas instancias, la ley ecuatoriana designa un plazo de cinco días luego de finalizado el pleno donde se convocará a una nueva sesión donde finalmente se resolverá el juicio político.
En caso de aprobarse la moción de censura se precisa “el voto favorable de la mayoría calificada (…) esto es “el pronunciamiento a favor de 92 asambleístas”.
Según la agencia de prensa una de las principales interrogantes es si existen los votos suficientes entre los 137 legisladores que integran el Parlamento ecuatoriano para avanzar hacia la destitución de Lasso.
Desde el punto de vista político, reseña RT, “las principales bancadas que apoyan el juicio son la de la izquierdista Unión por la Esperanza (UNES), que cuenta con 47 legisladores; y la derechista del Partido Social Cristiano (PSC), que al inicio de la actual legislatura, en 2021, tenía 18 asambleístas y en la actualidad posee 12 (…) A estas dos facciones los respaldan legisladores independientes, disidentes de otros bloques y también parte del movimiento indigenista Pachakutik”.
La pasada semana, 88 representantes aprobaron que el proceso continuara, lo que permite prever que, “de mantenerse esa tendencia, haría falta el voto de cuatro legisladores más para destituir a Lasso”.
Sin embargo, el pasado domingo la Asamblea Nacional renovó a sus autoridades para los próximos dos años y la votación que se dio también sirvió como un ejercicio para calcular —aunque no es garantía— si la oposición parlamentaria contaría con los votos para la destitución del mandatario.
El bloque oficialista por su parte, declaró a la prensa, Juan Fernando Flores, coordinador de dicho bloque, “Lasso contaría con el apoyo de 46 de los 137 asambleístas”, lo que en caso de mantenerse el mandatario se “salvaría” de la destitución por apenas “un voto”.
Lasso ha sido identificado como autor de un supuesto delito de peculado, por sus vínculos con “un contrato firmado entre la empresa pública Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) y Amazonas Tanker Pool, una firma internacional que es dueña de buques para transporte petrolero”, un vínculo que el pasado año volvió a consolidarse al firmarse un nuevo contrato con Amazonas Tanker Pool.
Para los parlamentarios que aprobaron la continuidad el proceso de juicio político, el presidente Lasso estaba al tanto “de la estructura de corrupción en Flopec».
En un escenario que se presenta negativo para el presidente, este, señala RT, podría usar “un mecanismo contemplado en la Constitución”, conocido como “la muerte cruzada;” y que permite al mandatario “disolver el Parlamento”.
Según confirmaron a medios de prensa allegados al presidente, el uso o no de dicha prerrogativa “siempre se ha considerado”, aunque aclararon que ello forma parte de “la decisión” que finalmente adopte el presidente.
No obstante, aclararon, el mandatario “está listo» para hacer uso del mecanismo.
Si el mismo es “activado”, será necesario realizar un adelanto de elecciones tanto legislativas como presidenciales.
