A 46 años del asesinato en tortura de Álvaro Balbi, tres de los acusados por el mismo fueron citados a declarar: Navas, Sande Lima y Medina.
A 46 años del asesinato en tortura por la dictadura fascista de Álvaro Balbi, militante de la UJC, tres de los acusados por el crimen finalmente tendrán que declarar ante la justicia, se trata de los represores Enrique Santiago Navas, José Felipe Sande Lima y Ricardo Medina.
Hoy 5 de octubre está citado a declarar Navas y el 7 de octubre Sande Lima y Medina. El juzgado que lleva adelante las actuaciones es el Penal de 23° turno.
Lille Caruso, compañera de Álvaro Balbi, que ha luchado desde el primer día contra la impunidad que rodea este caso, consultada por EL POPULAR explicó que prefería dejar que pasaran las instancias judiciales para hacer declaraciones, aunque si afirmó: “Después de 46 años de tanto luchar lo único que quiero es justicia”.
El asesinato de Alvaro Balbi
Álvaro Balbi fue detenido el 29 de julio de 1975, tras una reunión clandestina del Regional 3 del PCU, en la que se organizaba la resistencia a la dictadura, la solidaridad con las y los presos y la propaganda a favor de la libertad y la democracia.
Álvaro Balbi era empleado, músico, y militante de la UJC, del PCU y del Frente Amplio. Durante sus estudios en secundaria fue dirigente estudiantil del gremio del IAVA.
Álvaro tocaba piano, violín, guitarra, fagot, era estudiante en el Conservatorio Nacional de Música y aspiraba a ingresar en la Sinfónica. Además, formaba parte de un grupo de música llamado “Ibirapitá”, con el que tocaban en todo tipo de actividades del movimiento popular, recorriendo buena parte del país. Álvaro amaba jugar al ajedrez y era un apasionado lector.
Cuando lo detuvieron Álvaro tenía 31 años, estaba casado con su compañera Lille y tenía cuatro hijos.
Como ya señalamos, fue detenido por la Policía mientras participaba en una reunión clandestina en el Regional 3 del PCU, junto a otras siete personas; todos fueron conducidos al Departamento 2 de Inteligencia y Enlace, luego trasladados a un lugar donde pasaron la noche a la intemperie, era el Cuartel del Regimiento de Coraceros, hoy Guardia Republicana, en Montevideo. El allanamiento y detención estuvo dirigido por el Sub Comisario Eduardo Telechea y el Agente de 2º Adolfo Alem Castro, alias “La Momia”. Medina, Sande Lima y Navas son sindicados de haber participado, junto a Alem Castro, en la tortura de Álvaro.
Apenas dos días después, el 31 de julio de 1976, funcionarios policiales informaron a la familia que había muerto a la 1 de la mañana por un ataque de asma provocado por enfriamiento. En realidad, Álvaro murió poco más de 24 horas después de su detención a causa de las torturas recibidas. Álvaro fue asesinado.
La familia de Álvaro y sus compañeros denunciaron desde el primer momento el asesinato y negaron la versión oficial, que mantuvo en la impunidad al crimen y a los criminales durante 46 años.
Según consta en investigaciones realizadas: “…El informe de la autopsia que recibió el Juez Militar de Instrucción (…) probaba precisamente la muerte por asfixia con aspiración de agua (…) Las muestras de violencia son obvias en el examen externo: “Enseña cianosis en cabeza y cuello, erosiones en ambos codos y muñecas, erosiones y equimosis en tórax y abdomen, erosiones en ambas espinas ilíacas y rodillas” (…) Lo mismo resulta del examen interno: “Pequeños y múltiples hematomas subcutáneos en pared abdominal” es una clásica de todas las víctimas del “submarino”, causada en el vientre por los bordes del tacho. La muerte por asfixia está indicada por tres datos inequívocos de la autopsia, más irrefutable aún por el hecho de manifestarse juntos”.
La autopsia fue practicada por el Prof. Dr. José A. Mautone quien estableció en el certificado de defunción correspondiente, como causa de la muerte “insuficiencia cardiaca pulmonar aguda debido a stress”.
A pesar de las evidencias de violencia, el 29 de agosto de 1975, el Juez Militar de Instrucción de Primer Turno, decretó a pedido del fiscal la clausura de los procedimientos.
Esta mentira fue repetida en todos los organismos internacionales por Juan María Bordaberry y Juan Carlos Blanco, el canciller de la dictadura, senador del Partido Colorado luego.
La carta valiente de un padre al dictador
Enfrentando todos los riesgos de estar en dictadura y a merced de la represión, el padre de Álvaro, el maestro Selmar Balbi, le dirigió al dictador, Juan María Bordaberry, una valiente y conmovedora carta de denuncia, unos días antes de que se clausurara la investigación de la Justicia Militar, el 6 de agosto de 1975.
“Escribo a Ud. la carta más difícil de mi vida. Y como se trata de un imperativo de razón y de conciencia, me propongo lograr la mayor y más fría precisión para pedir justicia. Me dirijo a Ud. en su condición de Presidente de la República y específicamente por su poder de decisión como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. Quiere decir esto que no procuro condolencias. Que no necesito palabras de consuelo. A diario me las prodiga el pueblo entero. No hay en esto la mínima exageración, debe Ud. creerlo. Pregúntele a sus hijos. Por su condición de Jefe del Estado, Sr. Presidente, Ud. sólo puede contestarme con hechos y el hecho en este caso horrendo no único en el país, desgraciadamente es un castigo ejemplar y terminante, concreto y público, garantido y documentado, como se realiza en forma tan frecuente a través de todos los medios de Información. Mi encarecimiento, Sr. Presidente, no obedece a un mezquino sentimiento de venganza. Sí, en forma absoluta, a dar garantías a la gente común de la República, de que no habrá impunidad para el atentado discrecional. Nada más pido, a nada más aspiro en este instante. Ud. puede decidirlo desde el cargo más encumbrado del país.
El martes 29 de julio próximo pasado fue detenido por las Fuerzas Conjuntas que el Sr. Presidente comanda, mi hijo Alvaro Balbi, oriental, casado, de 31 años de edad, padre de cuatro pequeños niños, hombre de trabajo y hombre de bien. Infructuosas resultaron las gestiones de su mujer, mi joven nuera, ante las reparticiones oficiales para ubicar su paradero. Pasó el miércoles 30. El jueves 31 nos dispusimos a reiniciar la búsqueda. Puedo asegurar a Ud., Sr. Presidente, más allá de la angustia de padre en las presentes circunstancias del país (Ud. como padre de familia numerosa sin duda pueda comprender), que yo tenía la convicción plena de que por lo menos, en manos de funcionarios de su confianza, la vida de mi hijo estaba a salvo.
¡Qué doloroso error, Sr. Presidente. Pasado el mediodía del jueves 31, funcionarios suyos comunicaron a la mujer de mi hijo y a mi mujer, su madre, personalmente, que a la una de la mañana de ese día mi hijo había muerto a consecuencia de un ataque de asma provocado por enfriamiento, y que podíamos reclamar su cadáver en el Hospital de las Fuerzas Armadas. Doce horas después de su fallecimiento nosotros habíamos estado preguntando por las oficinas y nadie sabía decirnos nada sobra su reclusión. Las fuerzas del gobierno habían detenido a un hombre pleno de vitalidad y sólo pudo vivir poco más de un día entre sus manos. Yo ignoro dónde, en qué momento, quiénes lo detuvieron.
Pero hay responsables concretos que dependen de Ud., Sr. Presidente, y por lo tanto sólo Ud. puede decidir su identificación y precisar sus actos. (…) De dónde provino el enfriamiento. Un enfriamiento capaz de provocar la muerte a un hombre joven y bien nutrido, de buena salud. Hubo tortura, Sr. Presidente. Por qué estaban sus ropas como embarradas. Por qué su cabeza vendada.
Sr. Presidente: Ante testigos, el Sr. Comisario Tellechea del Departamento 2 de Policía, no conozco bien si esos son los títulos exactos, me dijo que él era una persona derecha y que me aseguraba que no tenía ninguna responsabilidad en el hecho, del que estaban a cargo por simples razones administrativas. Yo antes había hablado una sola vez con el Sr. Tellechea y no tengo por qué dar fe a su palabra. No tengo inconveniente en declararlo aun públicamente.
Por eso mismo creo que dijo verdad cuando agregó, esto sí textualmente, “este mochuelo me lo metieron a las 12 de hoy”. Yo me pregunto, Sr. Presidente, qué quiso decir el señor Tellechea con su natural llaneza, con esa expresión usada a modo de “slang” policial. Para mí, “mochuelo” suena como algún mal encargo, como algo que se arroja sobre otro para no verse comprometido. Sr. Presidente: No acuso. Digo lo que puedo yo pensar y sentir. Todas las circunstancias me muestran que mi hijo fue muerto en dependencias de las Fuerzas Conjuntas. A Ud. toca determinarlo. Pero quiero decir lo siguiente: En el Uruguay la pena de muerte no existe. Ni la más alta dignidad judicial, hasta frente al mayor criminal y el más grave delito, puede condenar a muerte al peor de los reos. Nadie tuvo entonces derecho a matarme a mi hijo.
Sólo la impunidad más absoluta pudo amparar el crimen, así fuera como a veces se sugiere, porque se le fue la mano. (…)
¿No cree Ud., no ya como Presidente sino como hombre y padre, que es demasiado castigo para un padre inocente y para un joven puro? ¿No sería más que monstruoso? Todos los educadores que me han conocido y considerado saben que no puedo volver a la nada y que tanta desgracia injusta y tan insuperable dolor no impedirán que siga trabajando por la educación y la felicidad de mi pueblo. Si alguien pudo (“el padre es dirigente gremial”) castigar por ello, debe ser él mismo ejemplarmente castigado. JUSTICIA VUELVO A PEDIR, SR. BORDABERRY. No quiero que se haga un uso malicioso ni incorrecto de esta carta, Sr. Presidente. Mi hijo ha muerto en dependencias de las Fuerzas Conjuntas.
No sé si cometió delito ni cuál pudo ser, lo reitero, y también repito que no pudo ser una falta contra la condición humana y menos, falta grave. Jamás colocamos nosotros la muerte más alta que la vida. Mi hijo ha muerto. Pero quedan sus hijitos, quedan los hombres jóvenes aún y sus hijitos, muy cerca de diez mil niños, jóvenes y adultos han estado bajo mi amparo cuidadoso a lo largo de 40 años de docencia. Por ellos velo ahora. Para ellos, la liquidación de la impunidad, de los criminales; para ellos, la más larga y segura vida. Y la alegría de vivir. Justo es que la ley se aplique a quien delinque. Pero ninguna ley, humana ni jurídica, admite que manos anónimas o conocidas ejerzan justicia al margen de lo legal y de lo humano.
Sólo espero que la muerte de Álvaro sea la última muerte injusta en esta tierra y la primera que no quede impune, el primer trato inhumano juzgado y castigado, que quiebre el espinazo a la impunidad en esta tierra. MIS AMIGOS Debe Ud. saber, Sr. Presidente, que, como mi hijo, cultivo el don de la amistad. Le aseguro que a esta altura de mi vida poseo una cosecha, la mayor y más hermosa a que hombre alguno pueda aspirar (…)”.
Años de lucha
La denuncia del crimen fue permanente desde el primer día, el sepelio de Álvaro fue un acto de resistencia, aún en medio de la represión, hay informes de inteligencia de la dictadura que dan cuenta de ello. El fascismo vigiló hasta el sepelio de Álvaro. Organizados por su familia, el PCU y rodeados del movimiento popular, todos los años se realizan actos en la plaza de Lezica que lleva su nombre. Hay una marca de la memoria frente al cuartel de la Republicana donde fue torturado.
El 26 de octubre de 1985, tras la recuperación democrática, Lille presentó una denuncia penal. En 1988 la investigación fue detenida cuando Julio María Sanguinetti incluyó el caso en la Ley de Caducidad.
El 12 de mayo de 2011, José Mujica, aplicando la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el Caso Gelman, anuló este decreto y abrió el camino para la investigación nuevamente. El de Álvaro fue el primer decreto que anuló Mujica de los más de 80 con los que Sanguinetti, Luis Alberto Lacalle y Jorge Batlle habían frenado otras tantas investigaciones de crímenes de lesa humanidad, incluyéndolos en la Ley de Caducidad.
Desde 2011, cuando se logra que el caso fuera excluido de la ley de caducidad, hasta 2019, el Observatorio Luz Ibarburu, y en particular Pablo Chargoñia, patrocinaron el caso, participando junto a la familia y testigos en las audiencias y diligencias.
Desde el 2011 se han realizado inspecciones oculares por parte de testigos y de la familia del cuartel de la Republicana; se han tomado declaraciones de testigos y ahora van a declarar tres de los acusados.
46 años después la valentía de quienes fueron detenidos con Álvaro Balbi y sobrevivieron a las torturas al testimoniar, la decisión y la lucha inquebrantable de su familia, la denuncia del crimen y la reivindicación de la vida de Álvaro por el PCU y la UJC, la solidaridad de todo el movimiento popular, el compromiso del Observatorio Luz Ibarburu y del abogado Oscar López Goldaracena, el trabajo de la Fiscalía y el juzgado actuante, consiguen que la justicia se abra paso.
Gabriel Mazzarovich
