La Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU) denuncia otra errática decisión de la Suprema Corte

Luego de conocerse, mediante publicación en el portal institucional de la suprema corte de justicia (SCJ), la Asociación de Funcionarios Judiciales (AFJU) manifestó, en comunicado a la opinión pública, su “total rechazo” a la resolución que implica el cierre de 20 sedes judiciales en el interior del país a partir del 1ro de octubre.
La AFJU señala en su comunicación pública, que se rechaza esta medida, “tanto por razones de forma, como de fondo”.
Para la organización sindical, la Resolución de la SCJ, “implica cambios que afectan la vida funcional de los trabajadores, sin consulta a los involucrados ni al Gremio que los representa”.
“No encontramos razones más que aquellas de índole económico, ya que no se tiene en cuenta si las sedes que permanecen están cerca de otros servicios públicos, si tiene lugar para albergar más funcionarios, etc”, señala el comunicado que agrega, “no se toma en cuenta el acceso a las sedes que permanecerán, existencia y frecuencia de transporte, lo que afecta tanto a funcionarios como a más de 100 mil personas”.
Para la organización sindical es objeto de preocupación, además, “la situación de los compañeros judiciales que deberán trasladarse, los magistrados que quedan sin destino y fundamentalmente la posibilidad de acceso de la población, a la Justicia”.
Al referirse a las formas en que ha venido actuando la SCJ en el correr del último año y medio, AFJU señala, “la SCJ ha tomado resoluciones erráticas, sin tomar en cuenta a los trabajadores ni a la población usuaria del servicio de Justicia. Resoluciones tomadas desde un escritorio, lejanas a la realidad de las oficinas y en este caso de las poblaciones que van a ser afectadas con el cierre de estas sedes”.
“Se resuelve cerrar juzgados que se encuentran, unos en lo más profundo del Uruguay, otros con cantidad importante de habitantes y otros en los límites fronterizos de nuestro país”, denuncia el comunicado que señala para “este último caso”, “los peligros que este retiro de la autoridad civil conlleva”.
Calificada como “resolución burocrática”, se enfatiza que la misma “no toma en cuenta la vinculación que se genera en las comunidades con los juzgados, donde la relación es de confianza y de garantías en situaciones extremas”.
“No olvidemos”, agregan, “que estos juzgados actúan en primera instancia en las situaciones de violencia doméstica y de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Y en más de una ocasión se dirimen incluso conflictos de vecindad”.
Por sus efectos, la resolución de la SCJ, “suprimen puestos de trabajo en pequeñas localidades, ocasionando un fuerte impacto para sus habitantes, sobre todo en la situación de desempleo que vive nuestro país”, continúa denunciando el comunicado.
“Toda esta realidad”, enfatizan, “desnuda el poco conocimiento que tienen los ministros y ministras de la SCJ de las sedes que están suprimiendo y de las comunidades que están afectando. Alejar 40, 50 km y en algunos casos más, la autoridad civil de las personas, es alejar la posibilidad a una madre de denunciar una situación de violencia hacia ella y sus hijos, es alejar la intervención de una parte fundamental del estado, el Poder Judicial”.
“Para la AFJU”, recalcan, “es preocupante que la SCJ sea incapaz de percibir el menoscabo de autoridad, que coarta el acceso al servicio de justicia del Poder Judicial, pilar de la Democracia”.
En su comunicación finalmente, señalan, que ya se han iniciado los contactos a todo nivel (SCJ, Parlamento) con vistas a alcanzar revertir la resolución adoptada.
De acuerdo a un tuit, del Secretario general de AFJU, Pablo Elizalde, se informó que el diputado Nicolás Viera ya habría solicitado a la presidenta de la Comisión de Constitución y Códigos, diputada Cecilia Bottino, para que se convoque a la AFJU, ADEPU,CAU, y no solamente a la dirección del Poder Judicial, con vistas a analizar esta decisión de la Suprema Corte.

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