Por Fabricio Mato
En los días pasados se conocieron algunas informaciones sobre hechos que afectan a la empresa estatal y pública de todas y todos los uruguayos, que pasaron desapercibidas entre el fárrago de papelones gubernamentales que incluyeron una fuga de un narco del COMCAR, la renuncia de un ministro que de denunciado quiere pasar a denunciante, una baja de la nafta de 70 centésimos y la entrega del puerto por más tiempo de lo que nos resta de vida a la mayoría de las uruguayas y los uruguayos. Entre todas esas, la coalición de derecha mostró sin dobleces su desesperación por meterle la mano a ANTEL y entregar sus inversiones -que tanto esfuerzo han implicado a nuestro país- a los operadores privados y a las multinacionales.
La primera perla del collar de anuncios contra ANTEL fue en Florida, durante la conmemoración por la Declaratoria de la Independencia que se realiza en la Piedra Alta, Lacalle Pou se refirió al reclamo planteado por la Cámara Uruguaya de Televisión para Abonados (CUTA) respecto a la posibilidad de brindar también servicios de internet y datos ante lo que consideran un modelo de negocios “obsoleto” y “agotado”.
“Es bastante justo lo que están reclamando”, dijo el mandatario según recogió el diario El País. El presidente anunció que “hay discusiones a ver si se introduce algo al respecto en la Rendición de Cuentas”. Lo que no dice Lacalle ni dice la mayoría de los cableoperadores es que salvar ese “modelo de negocios” surgido a la sombra del Estado a través de turbios negociados para la obtención de las licencias es como salvar a los videoclubes que pululaban en todos los barrios durante los ochenta y noventa.
Es cierto que hoy el consumo de servicios de comunicación audiovisual tiene un componente cada vez mayor de modelo bajo demanda y que la “grilla de programación” (los horarios) se reservan para los espectáculos deportivos televisados, así como los programas informativos y noticiosos. Para casi todo el resto, usamos cada día más los servicios de distribución de contenidos a través de internet.
Y precisamente, el negocio de internet es no solamente uno de los más importantes para ANTEL, sino uno de los que tiene mayor proyección en la medida en que cada vez más las telecomunicaciones se producen de manera digital. Según publicó El Observador el pasado 1 de setiembre, con datos obtenidos a través de una solicitud de acceso a la información pública realizada a ANTEL: “Desde su inauguración en 2016 y hasta 2020 el data center de Antel obtuvo un resultado operativo positivo de $ 565,2 millones (unos US$ 13 millones). La facturación bruta durante estos años alcanzó los $ 1.661,5 millones (unos US$ 39 millones a valores de hoy) mientras que los gastos operativos totalizaron $ 1.096,4 millones (unos US$ 26 millones)”.
“Cabe destacar que la capacidad creció año tras año. En 2016 había 117 racks disponibles, en 2017 y 2018 había 367 y en 2019 y 2020 la capacidad máxima fue de 507”, reseña la nota. O sea que ANTEL obtuvo esa ganancia al mismo tiempo que multiplicó casi por cinco su capacidad instalada.
Por otra parte, durante el debate de la Rendición de Cuentas en la Cámara de Representantes, el diputado frenteamplista Daniel Caggiani denunció que lo que pretendía la coalición de gobierno con sus intentos por abrir la fibra a operadores privados es meterle la mano a un negocio que crece año a año y que facturó en 2020 cerca de 21.000 millones de pesos (unos U$S 500 millones).
Mientras tanto, ese mismo día el director frenteamplista de ANTEL, Daniel Larrosa, entrevistado en la emisora M24 planteaba que otorgar licencias a los cableoperadores del interior significa “una prebenda que vale 40 millones de dólares en ganancias anuales, que se las quitan a ANTEL: 25% de la ganancia que tiene ANTEL por la venta de internet se privatizaría para solucionar un problema de cambio tecnológico de un sector”.
Sin embargo, los propios cableoperadores se encargaron plantear que dar cable en las pequeñas localidades del interior no es el objetivo final, como ha insistido en señalar el ministro de Industria, Paganini.
“La habilitación tiene que hacerse en forma ordenada, tal como se hizo en todo el mundo porque si no, no podemos competir con las empresas grandes”, dijo el presidente de la CUTA Washington Melo. “Se arranca permitiendo a las chicas y luego se sigue con el resto”, agregó el empresario cuyas declaraciones recogió también El País.
El negocio escondido detrás de la portabilidad
En otro rubro del ataque a ANTEL, con bombos y platillos, la presidenta de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (URSEC), Mercedes Aramendía, fue entrevistada el pasado 30 de agosto por Comunicación Presidencial y anunció que el “Gobierno definió la empresa que implementará portabilidad numérica antes de fin de año”.
Llamó la atención esta afirmación entre los parlamentarios de la coalición (para ser más precisos, molestó a todos con excepción del herrerismo), quienes votaron la conformación de la URSEC como servicio descentralizado en la medida en que se suponía que con esta nueva figura jurídica el organismo ganaría independencia respecto -precisamente- al gobierno de turno, así como desde el punto de vista técnico y jurídico.
En esa entrevista que fue como una señal de largada para una intensa gira de medios, Aramendía anunció que el consorcio formado por las empresas Cietel y Cleartech era el seleccionado como administrador de la base de datos para la portabilidad numérica y señalaba la amplia experiencia que Cietel (la pata internacional del consorcio) tiene en Brasil y Canadá. Justamente esto -la supuesta experiencia- fue cuestionada por las otras empresas que se presentaron al llamado y que denunciaron que Cietel era solamente el proveedor de software del consorcio que llevó adelante la portabilidad en esos países; según señaló el periodista Mauricio Pérez en una nota publicada en Brecha el pasado 25 de junio.
Para esta decisión, el Directorio de la URSEC y el gobierno de la coalición de derecha no tomó en consideración los reiterados planteos realizados por el director frenteamplista Pablo Siris, quien advirtió de los perjuicios que puede implicar para el Estado, para ANTEL y el resto de los operadores, así como fundamentalmente para los usuarios, que se pretenda seguir adelante con la portabilidad sin esperar a que el pueblo decida en las urnas sobre los 135 artículos más regresivos de la LUC, entre los que se encuentran los que determinan este modelo de negocios.
“¿Qué va a suceder con la inversión realizada por el ABD? ¿Vamos a generarle un perjuicio a esas empresas? ¿Qué hacemos con los operadores de telefonía móvil? ¿Simplemente tienen que absorber los costos de las inversiones y gastos en los que vayan a incurrir? ¿Qué sucede con los usuarios que vayan a portar? Si una empresa realiza un contrato de dos años: ¿qué sucede con esos usuarios?”, cuestionó Siris en una entrevista que le realizó El Observador el 20 de agosto.
Se pretende presentar ese modelo de negocios -el de la portabilidad- como un derecho, cuando es todo un mercado en sí mismo y que genera a su vez otro mercado, quizás el más estratégico y delicado: el de las infraestructuras.
Aclaremos antes de seguir que nada tiene que ver el número de teléfono con la identidad digital, así como no tiene que ver el domicilio de una persona con su identidad material. Nada que depende de la voluntad de adquirir o no un servicio (un número telefónico) puede hacer que la identidad de las personas esté en juego.
Tampoco constituye identidad el número de cuenta bancaria, ni el número de su tarjeta de crédito (en caso de que la tenga) ni el contrato de OSE. Todo este tema es un argumento tonto para no debatir la realidad y la realidad es que le quieren sacar dinero a ANTEL para dárselo a los operadores privados multinacionales, a quien -por cierto- Aramendía y Gabriel Gurméndez (presidente de ANTEL) han estado estrechamente vinculados.
SUTEL ha tenido una firme postura de rechazo a esta serie de ataques, en la LUC, en la Ley de Medios, en la Rendición de Cuentas y cada vez que les toca hablar. SUTEL ha pedido públicamente que se suspenda el proceso hasta que se realice el referéndum contra la LUC. La respuesta fue la de la señora Aramendía, ex jerarca de Movistar, diciendo: Hay orden de no aflojar.
Con lo de la portabilidad numérica están como con tantas cosas, prisioneras y prisioneros de su fanatismo neoliberal. Como señalábamos anteriormente en EL POPULAR, la portabilidad numérica genera una fuerte inestabilidad en los ingresos de las empresas por la fluctuación de contratos, por lo que una de sus consecuencias es que disminuyen los montos de inversión en infraestructura. De manera tal que lo que sucede en los países donde se ha implementado este modelo es que surge un nuevo actor empresarial que instala infraestructuras y se las alquila a los operadores. De esa manera, las empresas de telefonía no tienen que gastar en “torres” y un nuevo actor “rentabiliza” las obras necesarias. Nada de derecho, nada de servicio público, puro “business”.
Ya hay empresas “torreras” internacionales haciendo contactos en nuestro país. Ven el negocio detrás del Fondo Universal de Telecomunicaciones, creado por los artículos 153 y 154 de la Rendición de Cuentas, que tienen media sanción de Diputados. Ven que en Uruguay el negocio contaría con fondos públicos. Ven que la portabilidad les abre el camino a que las futuras inversiones sean por cuenta de terceros. Pero sobre todo ven un gobierno capaz de vender y entregar desde la gallina de los huevos de oro hasta la madre…
