Por Bruno Giometti
En el artículo de hoy hablaremos de dos cuestiones importantes sobre las cuales se ha volcado nueva información esta semana, que a nuestro juicio confirman lo del título. Que la crisis sanitaria, con sus consecuencias económicas y sociales, por lo que podemos saber hasta el momento, la están pagando las mayorías populares. Es decir, los trabajadores de ingresos medios y bajos, los ocupados informales, las personas que fueron enviadas al seguro de paro. Y que el accionar del gobierno deja mucho que desear en lo que respecta a la necesidad urgente de proteger a estos sectores.
Economistas del IECON estiman aumento de la pobreza en 100.000 personas
En un documento publicado el pasado sábado 2 de mayo, disponible en el Portal de EL POPULAR https://elpopular.uy/instituto-de-economia-de-la-udelar-alerta-sobre-aumento-de-la-pobreza/, los economistas Matías Brum y Mauricio De Rosa, del Instituto de Economía de la UDELAR, cuantificaron el impacto de la caída del empleo y los ingresos, sobre la pobreza (medida por ingresos) en abril de 2020. Este aporte es relevante dado que, como ellos mismos explican, la información oficial sobre pobreza que publica de forma periódica el INE, se conoce con rezago (el dato oficial de pobreza para el año 2020 recién se conocerá en marzo de 2021). Si bien este estudio es una estimación en base a algunos supuestos y con mayor margen de error, tiene la ventaja de que fue elaborado “en tiempo real” con lo cual constituye un aporte para monitorear la situación actual y para la discusión sobre la elaboración de políticas en esta coyuntura.
En un resumen muy apretado, el estudio consiste en lo siguiente: Se toma la encuesta continua de hogares de 2019 como información de base, siendo esta la información más actualizada de que se dispone sobre los ingresos de personas y hogares. A partir de eso se simulan tres “shocks” sobre los ingresos de las personas y los hogares: la caída de ingresos por pérdida de trabajo formal (envíos al seguro de paro), la caída de ingresos por caída de las actividades informales y el aumento de ingresos por las medidas paliativas tomadas por el gobierno (duplicación por una vez en dos pagos de la tarjeta Uruguay Social, duplicación por una vez en dos pagos de las Asignaciones Familiares Plan de Equidad para los hogares que no tienen tarjeta Uruguay Social, canasta de $1.200 para otros hogares no cubiertos por prestaciones anteriores).
El estudio simula diversos escenarios, dado que el conjunto de variables relevantes tienen ciertos grados de incertidumbre. En el caso del shock de ingresos sobre el trabajo formal, la estimación es menos incierta, dado que se tienen los datos oficiales de BPS respecto a trabajadores enviados a seguro de paro desde el comienzo de la pandemia. En el caso de los trabajadores informales, la incertidumbre es mayor, dado que no se cuenta con información pública sobre la cantidad de trabajadores informales que han perdido su empleo en esta coyuntura o la disminución de sus ingresos. Para estimar este shock se consideran las proyecciones de caída del PBI realizadas por organismos como la CEPAL y el FMI (estimación de caída del PBI 3,5% para el año).
Los distintos escenarios planteados por el estudio dan resultados relativamente similares, lo que muestra que las conclusiones a las que llegan son robustas. Esto quiere decir que, si finalmente el PBI cae 3% en lugar de 3,5% en el año, o si el impacto sobre los ingresos de los trabajadores se distribuye de forma algo distinta que la asumida en el escenario central del estudio, el impacto sobre la pobreza no cambiará de forma significativa a la analizada y las conclusiones por ende tampoco.
Los principales resultados a los que arriba el estudio son los siguientes:
– En el escenario central estimado en el estudio, la pobreza sube del 8,5% registrado en 2019 a 11,6% lo que representa unas 107.000 más por debajo de la línea de pobreza (la cantidad de personas en esta situación aumenta un 36% respecto a la situación de 2019).
– Los refuerzos implementados (TUS, AFAM-PE y canasta) implican aproximadamente $1.622 por hogar, en promedio, lo que representa el 4% de los ingresos de los hogares destinatarios de las políticas. Las políticas desplegadas por el gobierno tienen un efecto de aproximadamente 20% de mitigación del aumento de la pobreza. Es decir, si no existieran esos refuerzos en las políticas de transferencia, la pobreza aumentaría en unas 26.000 personas más (además de las 107.000 mencionadas en el punto anterior).
– Para evitar este incremento de la pobreza, bajo un supuesto de perfecta focalización de las transferencias monetarias, el gobierno tendría que invertir unos 22 millones de dólares mensuales. Es decir, con una inversión de esa magnitud, suponiendo que esos recursos llegan de forma exacta a los hogares que los necesitan para no caer en la pobreza, se podría mantener el índice de pobreza en los mismos niveles que 2019.
Las conclusiones entonces son básicamente tres. En primer lugar, en el mes de abril se registra un rápido incremento de la pobreza que se puede cuantificar en algo más de 100.000 personas con lo cual la tasa de pobreza pasa de 8,5% a 11,6%. En segundo lugar, si bien las medidas del gobierno amortiguan levemente el incremento de la pobreza, son insuficientes para contenerlo (se estima en un 20% el efecto de amortiguación). En tercer lugar, el aumento de la pobreza en el corto plazo es mitigable con una inversión estatal que no es para nada prohibitiva (22 millones de dólares mensuales durante un año implica un costo anual de 0,44% del PBI).
Se dispara la inflación por el aumento en alimentos y ajuste de tarifas
El pasado martes el INE hizo público el dato de IPC correspondiente al mes de abril. Se esperaba un guarismo alto, dado que se sabía que en abril habían entrado a regir los aumentos de las tarifas decretados por el gobierno (electricidad, agua y telecomunicaciones). Finalmente el aumento fue superior a las previsiones, ubicándose en 2,0% el aumento mensual. Esto implicó que la inflación anualizada (últimos 12 meses) se ubique en 10,9% (guarismo más alto desde 2016 y el tercero más alto desde 2005).
El aumento porcentual de 2% del “costo de vida” en este mes se debió básicamente a dos factores. Por un lado los alimentos, algunos de los cuales continuaron la tendencia al alza de marzo y tienen un peso importante en la canasta de consumo: carne (incremento de 4,6% en el mes), lácteos (6,4%), verduras (10,0%). En total, los aumentos en alimentos explican 1,2 puntos porcentuales, es decir más de la mitad del 2% de inflación mensual. Por otro lado, los aumentos en las tarifas públicas impactan directamente en la inflación. Los incrementos en electricidad (subió 10,5%), suministro de agua (subió 10,7%) y servicios de telecomunicaciones (5,8%) explican conjuntamente 8 décimas de punto porcentual (algo menos de la mitad) del total de la inflación del mes.
Algunos rubros tuvieron disminución e incidieron a la baja en el IPC, como por ejemplo Educación (por la rebaja de las cuotas de la educación privada) y Recreación y cultura (por la reducción de las cuotas de los clubes deportivos).
No obstante esa baja fue poco significativa para el promedio en relación a los aumentos en bienes y servicios básicos.
La inflación es como un impuesto muy regresivo, afecta a los sectores de ingresos fijos, en pesos, que destinan la mayor parte o todo su ingreso al consumo de bienes y servicios necesarios para la vida. Más aún, como se vio en el dato de abril, los rubros con mayor peso en la inflación vienen siendo los más básicos (alimentos y servicios públicos básicos) lo que contribuye a agravar este carácter regresivo, dado que cuanto menores son los ingresos de un hogar, mayor es la proporción que gasta en estos productos. En esta circunstancia, entonces, los que están siendo más afectados son aquellos que ya venían siendo más desfavorecidos.
De mantenerse estos niveles de inflación por el resto del año, es claro que el poder de compra del salario y otros ingresos fijos en pesos se verá muy deteriorado.
Foto: Presidencia de la República
