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La democracia secuestrada

El imperialismo norteamericano asegura su “patio trasero”.
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Por Rony Corbo

Como parte de la contraofensiva imperialista en la región, aparte de los golpes de Estado que comenzaron con Manuel Zelaya en Honduras, Fernando Lugo en Paraguay, Dilma Rousseff en Brasil y Evo Morales en Bolivia, se ha utilizado lo conceptualizado como “Lawfare” (Guerra Judicial).

El caso más emblemático fue la proscripción y encarcelamiento de Lula en Brasil. Luego vinieron las proscripciones de Rafael Correa y Evo Morales. Como eso no alcanza ahora se intenta proscribir en Bolivia al MAS y en Ecuador se proscribió directamente, al Movimiento Compromiso Social de Rafael Correa.

Así los Estados Unidos, con apoyo de las oligarquías locales, despliegan todo su arsenal para evitar que gobiernos “no alineados” ganen los procesos electorales en América Latina.

Ecuador: Proscripción electoral, cárcel y exilio

El pasado domingo, el Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) decidió dejar sin efecto la inscripción del partido Movimiento Compromiso Social, liderado por Rafael Correa (exiliado en Belgica), contraviniendo numerosas resoluciones previas que permitieron a Fuerza Compromiso Social participar en diferentes citas electorales en los últimos años. Esta resolución se produce tras las fuertes presiones por parte del gobierno de Ecuador encabezado por Moreno, la Fiscalía General y la contraloría del estado (máximo órgano de control fiscal del Estado).

El Movimiento Compromiso Social fue creado por Rafael Correa luego de la traición del presidente Moreno, quien se quedó con el registro de Alianza País. Existe desde el 2016 y ya ha participado en las elecciones del 2017, 2018 y 2019, consiguiendo en estas últimas importantes cargos políticos en las ciudades más grandes de Ecuador.

Al otro día un tribunal de Ecuador negó el pedido de apelación del expresidente Rafael Correa y ratificó la sentencia previa que lo condena a ocho años en prisión, por supuestos cobros indebidos a contratistas para financiar campañas electorales de su movimiento político entre 2012 y 2016. En la sentencia original también se incluyó al ex vicepresidente Jorge Glas, actualmente en prisión por una presunta vinculación con la red de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.

En dialogo con Victor Hugo Morales Correa sostuvo que “estas cosas no son aisladas en América Latina. Que suceda en varios países no es coincidencia. Es una estrategia regional para impedir que vuelva a pasar lo que pasó entre 2002 y 2014, cuando, como castillos de naipes, se derrumbaron los gobiernos serviles, neoliberales, entreguistas, y vinieron gobiernos progresistas que tanto bien le hicieron a la región. Pero perdieron el poder las élites y perdió su influencia Estados Unidos. Ya no quieren que se repita eso y utilizan cualquier medio.

No es coincidencia el lawfare en Brasil, en Argentina, en Bolivia, en Ecuador. No es coincidencia que quieran eliminar al MAS de Evo Morales, que lo hayan descalificado a Evo Morales, que me quieran descalificar a mí y eliminar nuestro partido político. Es una estrategia regional con el soporte de la Embajada [de Estados Unidos]”.

Bolivia: Entre el coronavirus y el paramilitarismo

Entre el 6 y el 10 de noviembre del 2019, el estado plurinacional de Bolivia y su proyecto de soberanía nacional fue interrumpido por un golpe de estado, pergeñado por los Estados Unidos, ejecutado por los grupos fascistas de Santa Cruz de la Sierra y la oligarquía boliviana, con el objetivo de detener el proyecto de desarrollo soberano del gobierno del MAS, encabezado por Evo Morales y Álvaro García Linera.

La asociación estratégica con la República Popular China para el desarrollo de los hidrocarburos y los convenios logísticos firmados, fueron la gota que derramó el vaso. El gobierno de facto de Yanine Añez comenzó rápidamente un proceso privatizador de los recursos naturales y las empresas nacionalizadas con el objetivo de sumar a Bolivia a las empresas trasnacionales bajo el dominio de los Estados Unidos.

Los intentos de resistencia popular fueron rápidamente reprimidos por la policía y el ejército y el accionar de grupos paramilitares como la “Unión Juvenil Cruceña”, que lidera Luis Camacho, y la autodenominada “Resistencia Juvenil Cochala”, denunciada por la CIDH como causante de las masacres del Alto y Sacaba, con el trágico saldo de 37 muertos y más de 500 heridos.

Con la excusa del “coronavirus” el gobierno de facto aplazó las elecciones que debieron realizarse el 3 de mayo. Producto de un impresentable manejo de la pandemia (los muertos se queman en las calles y se apilan en los cementerios y no hay cifras oficiales) y cercados por las movilizaciones sociales, finamente se puso la fecha del 6 de setiembre para la realización de elecciones.

En Bolivia según estimaciones hay más de 70 mil casos conocidos de Covid19 y cerca de tres mil muertos. La propia presidenta golpista contrajo coronavirus. También siete ministros, seis viceministros, el jefe de las Fuerzas Armadas y una docena de legisladores.

Si la tragedia no es mayor es porque con el gobierno de Evo Morales la inversión en salud se incrementó 360%, se duplicaron los puestos de trabajo en el sector y se construyeron 1.062 hospitales.

En esta semana el candidato a vicepresidente del partido “Juntos” (que encabeza la dictadora Janine Añez), Samuel Doria Medina, declaró que no existen condiciones por el Covid19 para hacer las elecciones. Inmediatamente la Central Obrera Boliviana, COB, llamó a movilizaciones en defensa de la democracia.

Las últimas encuestas las encabeza el Movimiento al Socialismo, MAS, con Luis Arce, con 41,9% de intención de voto, seguido de Carlos Mesa, 26,8% y en tercer lugar se ubica la actual presidenta Áñez, con 13,3% de apoyo, lo que daría la victoria en primera vuelta al partido de Evo Morales.
Ante este panorama, en los últimos días se supo que desde la Fuerza Aérea se está gestando un golpe militar. Para ello se utilizarían los grupos paramilitares de Santa Cruz, los que generarían enfrentamientos con los militantes indígenas del MAS para justificar el golpe.

El viernes pasado, la alianza Creemos, que postula a la presidencia a Luis Fernando Camacho, oficializó la demanda ante TSE de inhabilitar al MAS en las elecciones.

Frente a este intento, el MAS en emitió un comunicado de denuncia de la situación que en su parte medular dice: “El Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP) denuncia ante la opinión pública nacional y ante la comunidad internacional, un nuevo intento de proscribir al partido representativo del movimiento indígena originario campesino, de las trabajadoras, los trabajadores y de todos los sectores populares del Estado Plurinacional de Bolivia.

Tratando de tergiversar y manipular lo señalado por la Ley 26 de Régimen Electoral de 2010, se ha desatado una campaña que pretende presionar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) con el objetivo de cancelar nuestra Personería Jurídica”.

En síntesis el imperialismo norteamericano con el apoyo de las oligarquías locales con cooptación del poder judicial, interviene otra vez en los procesos electorales de nuestra región con el objetivo de no perder la hegemonía que recuperaron en el continente. Y recurrirán a cualquier estrategia para mantener su dominio, incluyendo los golpes de estado que lamentablemente para nuestros pueblos asoman en el horizonte.

 

 

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