Por Graciela Montes De Oca (*)
La Comisión Especial de Reparación fue creada en 2009 por la Ley 18.596; en primer lugar, esta ley reconoce como víctimas del terrorismo de Estado y su actuación ilegítima a todos aquellos que fueron perseguidos, que sufrieron la detención y la tortura por motivos políticos e ideológicos, desde el 13 de junio de 1968 hasta el 29 de febrero de 1985, tanto en territorio uruguayo como fuera de este. No olvida, también, a quienes fueron asesinados, las desapariciones forzadas, ni a las niñas o niños nacidos en cautiverio y a quienes debieron sufrir en la clandestinidad. Esta ley, además, reafirma el hecho de que el Estado accionó de forma ilegal, sin intervención del Poder Judicial, a través de agentes del mismo, como lo son los militares, o por civiles que contaron con su autorización y apoyo.
El objetivo de esta Comisión es, por tanto, velar porque se efectivice el reconocimiento a quienes fueron y son víctimas del accionar del Estado, asumiendo así que este accionar conllevó consecuencias y heridas de larga duración.
Los integrantes de esta Comisión, deben estudiar caso por caso y con atención las solicitudes que se presentan para valorar que las víctimas o sus familiares (quienes presentan dicha solicitud) estén amparados por la ley y que les corresponda efectivamente la reparación adecuada, emitiendo luego un documento que acredite y de fe de la condición de víctima y la responsabilidad que le cabe al Estado por afectar la dignidad humana de quienes fueron presos políticos, torturados, secuestrados, asesinados y desaparecidos.
Al hablar de reparación, esta ley comprende distintas formas para llevarla adelante: la indemnización económica, la atención médica y psicológica, entre otras medidas.
Siendo integrante de esta Comisión como delegada de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, llevo adelante una gran responsabilidad, junto al compañero delegado por Crysol, para estudiar y atender a estas posibles víctimas, buscando no cometer injusticias ante el dolor y el daño de quienes sufrieron el accionar ilegítimo del Estado, entendiendo que esta Comisión debe reconocer sus historias y reafirmar su memoria; además del firme compromiso para que esta ley se continúe cumpliendo.
La importancia de esta ley y de la Comisión, van mucho más allá de la reparación económica; lo material no subsana el daño ocasionado y sufrido, no alivia las secuelas dejadas por la tortura o la prisión. Pero sí ayuda a traer un poco de verdad y luz a las historias y reafirmar sus memorias, reconocerlas como víctimas y dejar en claro que fue el Estado el responsable a través del ejercicio del poder y el miedo.
Es ese el objetivo principal de la Comisión: restablecer y reparar la dignidad de las víctimas, honrar sus memorias y velar porque el reconocimiento de responsabilidad del Estado se vuelva un compromiso para que estos hechos ocurridos no vuelvan a suceder.
(*) Representante de Madres y Familiares de Detenidos de Desaparecidos en la Comisión Especial de la Ley 18.596
