El gobierno reaccionó muy tarde frente a las necesidades de la población
Gonzalo Perera
El fenómeno denominado “El Niño” consiste básicamente en el calentamiento de las aguas del Océano Pacífico en su región oriental-ecuatorial. Para fijar ideas, en las aguas cercanas a lo que hoy es Perú. Que ese hecho ocurría cada tanto (entre cada tres y ocho años), y que tenía consecuencias diversas, era al menos parcialmente conocido ya por los pobladores originarios y hay reportes escritos relacionados al mismo desde al menos fines del siglo XVIII. Sin embargo, tanto este fenómeno como su versión antipodal (“La Niña”), han sido estudiados con mucho mayor intensidad en las últimas décadas.
Estos estudios han dejado de relieve el carácter global del impacto de estos fenómenos. y en particular, los eventos extremos en materia térmica e hídrica que producen, de manera diversa en el espacio y en el tiempo. Es decir, el efecto no es el mismo en todo lugar y en todo momento, pero la ocurrencia de estos fenómenos produce temperaturas extraordinariamente elevadas o bajas, y lluvias excepcionalmente abundantes o sequías.
La superposición de estos fenómenos naturales con un producto de la superexplotación capitalista de la Naturaleza a escala planetaria (el calentamiento global), pueden obviamente agregarse y generar temperaturas aún más elevadas en diversos lugares y momentos. Por ejemplo, la prensa internacional ha anunciado que el pasado miércoles 5 de julio fue el día más cálido registrado en la historia con una temperatura promedio global de 17,23 grados Celsius (los que usamos habitualmente en Uruguay), superando al récord anterior, de agosto de 2016, en tres décimas de grado. Una precisión es que estas temperaturas surgen de promediar los registros que se hacen en distintos puntos del planeta, cuyas temperaturas concretas obviamente pueden ser muy dispares. Pero si es lógico, vincula esta tendencia a superar constantemente los récords térmicos previos con el calentamiento global, cabe señalar que el récord de agosto de 2016 y el del 5 de julio pasado se registraron en dos ocurrencias sucesivas de “El Niño”.
Lo que queremos enfatizar es: si Ud. gobierna un país por 5 años y tiene conocimiento de que un ciclo que naturalmente puede ocurrir cada 3 años es capaz de producir sequías importantes, entonces Ud., en su planificación, tiene que estar prevenido para que le toque al menos una sequía importante durante su gestión. Si no lo hace, recorta gastos e inversiones en la infraestructura de potabilización y distribución de agua, entonces si sobreviene una crisis hídrica, una severa falta de agua, entonces Ud. no puede jamás culpar a la sequía. La culpa en todo caso es suya, que no tomó las previsiones ante lo que era probable que tuviera que enfrentar.
En tiempos en que se dice que todos somos responsables (por lo cual nadie es responsable, en definitiva), parece oportuno este previo repasito. Si el Uruguay, sobre todo el área metropolitana, está viviendo una falta de agua potable (sustituida por agua cuyos contenidos son insalubres para el humano y dañinos para equipos y máquinas), no es un poco responsabilidad de todos, ni es culpa de “El Niño”, ni del calentamiento global. Es culpa del gobierno en funciones y su visión de cómo debe manejarse el agua. Una cosa es autocrítica y otra es actuar como cura cansado, extendiendo el perdón al que ni siquiera empezó a confesarse.
Concretamente, según aún hoy puede verse en la web gub.uy, el 15 de noviembre del 2022 el Ministerio de Ambiente, anunció “Se aprobó el Proyecto Arazatí: la inversión en agua potable más grande en 150 años”. Despejando ligeramente el humo, uno puede leer al entonces ministro explicando no temas de calidad y abundancia de agua, sino del “modelo de negocios” en que se apoya el proyecto donde intervienen de manera central actores privados. Mientras el director frenteamplista de OSE, el compañero Edgardo Ortuño, planteaba su discrepancia con los efectos de instalar en la playa Arazatí la planta de bombeo del proyecto, etc., con claros cuestionamientos de viabilidad y pertinencia técnica. Ya se sabía que las empresas Saceem, Berkes, Ciemsa y Fast, unidas como “Consorcio Aguas de Montevideo” serían los protagonistas de la película, conociéndose algunas ventajas con las que correrían para encargarse de la ejecución del “modelo de negocios”.
Una primera reflexión: cuando un ministro de Ambiente, frente a un a recurso como el agua, se concentra en el modelo de negocios con un consorcio de grandes empresas privadas corriendo en punta para quedarse con la parte del león, uno siente algo así como que “estamos fritos”, perdonando el tecnicismo.
Una segunda observación: el 19 de junio del 2023 el presidente Lacalle Pou decretaba la emergencia hídrica en el área metropolitana. Entre la fanfarria de negocios del 15 de noviembre del 2022 hasta el decreto pasaron 7 meses y 4 días. Si en ese tiempo se hubiera apagado la máquina de humo y la expendedora de negocios, y se hubieran buscado medidas al menos paliativas serias y a tiempo (más cuando durante ese período la crisis se fue volviendo evidente), como las diversas gestiones realizadas por la Intendencia de Montevideo (bajo la metralla de los medios hegemónicos), quizás hoy otro sería el cantar.
Una tercera observación tiene que ver con los efectos diferidos. El Gobierno como siempre reaccionó muy tarde frente a las necesidades poblacionales, sobre todo de los sectores con menos recursos. Desde la estupidez de recomendar dejar de tomar Coca-Cola, a la ausencia de medidas concretas para facilitar el acceso al agua realmente potable durante un período excesivamente prolongado, mucha gente consumió mucha agua con contenidos elevadísimos en sodio y muchos otros elementos. Sabemos que las roturas de algunos artefactos sufrieron un aumento muy significativo (en los habitualmente llamados “calefones”, se estima más de un 30% de aumento en las demandas de reparaciones). Pero no sabemos y será muy difícil saber, cuál será el impacto sobre nuestra gente de este tiempo de mirar los modelos de negocios y no la salud pública. No se trata de dramatizar ni hacer terrorismo verbal: eso se correspondería con hacer pronósticos trágicos, cosa que no estamos haciendo. Lo que sí decimos es que no podemos saber, y eso inquieta, si los humanos afectados habrán tenido mejor suerte que los calefones o no.
Pero la improvisación de negocios y descuido de los recursos naturales llega mucho más lejos. Bajo la banderita de la producción de combustibles “verdes”, el MIEM ha anunciado enérgicamente que promueve la generación de hidrógeno con proyectos donde actores privados extraerán agua incluso de los acuíferos subterráneos, con escasa (o nula, según la formulación) experiencia previa a nivel internacional. El ministro explicó que el emprendimiento es privado “porque el Estado uruguayo no está dispuesto a asumir el riesgo comercial”. La pregunta es quién está asumiendo el riesgo ambiental, la posibilidad de afectar irreversiblemente un recurso critico como el agua
Con licencia de la industria cinematográfica, “la forma del agua” es la clave en todo este tema. O la forma de hacer del agua un recurso “verde”. Verde por los dólares que genera para el lucro de los actores privados que hacen grandes negocios con un recurso esencial para la vida, nada verde por lo ecológico, Mientras tanto, para muchas personas, se ha dejado pasar un tiempo precioso, sin que se propusiera ninguna forma para acceder al agua con las garantías necesarias para su salud.
Foto de portada:
Embalse de Paso Severino afectado por la sequía, Florida. Foto: Daniel Rodriguez /adhocFOTOS.
