Está culminando el trabajo de la Comisión Especial del Senado donde se analizó la Ley de Urgente Consideración (LUC). El debate demostró lo inconveniente de que una ley con 502 artículos que aborda una enorme cantidad de aspectos relevantes, modifica más de 60 leyes y 30 políticas públicas, sea considerada de urgente consideración.
Pasaron más de 100 organizaciones sociales, empresariales, expertos nacionales e internacionales, los cuales tuvieron entre 20 y 30 minutos para pronunciarse sobre 502 artículos. Un despropósito que atentó contra el debate necesario y la profundidad del mismo.
No es ninguna sorpresa, desde el principio estuvo claro que el gobierno de la coalición de derecha buscaba acotar a lo mínimo posible el debate sobre la LUC y sus contenidos.
La inmensa mayoría, en algunos casos la unanimidad de quienes fueron a la Comisión, expresaron o su rechazo o graves reservas y cuestionamientos a la forma y al contenido de la LUC.
La labor de la bancada de Senadores del Frente Amplio (FA), cuestionando y proponiendo, los pronunciamientos de organizaciones sociales, en particular el del PIT-CNT, organizaciones populares, de la academia, la debilidad de los argumentos a favor, la improvisación con que se formularon decenas de artículos, el peligro de que sea declarada inconstitucional y la posibilidad de un referéndum popular en su contra, agudizaron las diferencias internas en la coalición de derecha y habilitaron que se retiraran decenas de artículos y se modificaran más de 300.
Es importante, y hay que valorarlo, haber logrado que se saquen los artículos que perjudicaban a ANTEL, los más lesivos, no son los únicos; también los referidos a la desmonopolización de ANCAP para la refinación de combustibles y además que se hayan quitado algunos artículos que favorecían la concentración y la extranjerización de la tierra. En el mismo sentido se inscriben las modificaciones a otros artículos que evitan que se elimine cualquier coordinación de la Enseñanza Pública. Los ataques más groseros al derecho de huelga y al derecho de manifestación.
Esto es cierto, pero no lo es menos que lo que quedó implica un retroceso en derechos y garantías. Sigue conteniendo normas muy nocivas para las empresas públicas, la educación pública, la seguridad, la libertad de expresión y de asociación. En estos últimos puntos, las advertencias y cuestionamientos vinieron de ámbitos con mucho peso como el Instituto de Derecho Penal, el Instituto de Derecho Laboral, y hasta la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA.
Por eso, en entrevista con EL POPULAR, el senador de la 1001, Unidad para los Cambios y el FA, Oscar Andrade afirmó: “Hubo cambios importantes, hay que valorarlos, pero la LUC sigue teniendo contenidos que son muy graves y que requieren una respuesta popular. Las dos cosas hay que considerarlas”.
Andrade agregó que “no se movió un milímetro la caracterización general, de este proceso y de la LUC, como un enorme retroceso, desde el punto de vista de la refundación de una perspectiva antipopular”. Y concluyó: “Hay reservas en el pueblo para enfrentarlos”.
Las afirmaciones de Andrade abonan en la línea definida por la Mesa Política del FA que ratificó la caracterización del proyecto de la LUC como “inoportuno, inconstitucional y antidemocrático”.
La dirección del FA respaldó lo actuado por la bancada en el Senado que buscó “generar cambios significativos en el texto original, ya sea incorporando modificaciones o directamente aportando argumentos para la eliminación de algunos artículos en temas que violan nuestros valores y principios fundacionales”.
Y finalizó asumiendo “el compromiso de llevar adelante, en forma concertada, con todos aquellos actores y organizaciones sociales dispuestas a enfrentar este proyecto, las medidas de movilización necesarias que en las actuales circunstancias de emergencia sanitaria, permitan expresar y buscar el rechazo a su aprobación parlamentaria”.
El FA votará en contra de la LUC en general y solo respaldará aquellas modificaciones propuestas, en algunos artículos, por organizaciones sociales o por la academia, las cuales trabajó para concretar y no tendría sentido alguno no votar.
Eso no cambia un ápice, como ya expresamos y reiteramos, que la LUC es una iniciativa que debe ser rechazada por su forma y por su contenido.
Por su forma porque violenta claramente lo que la Constitución establece como una excepcionalidad. Eso deberá decidirlo la Suprema Corte de Justicia, pero hay fundamentos serios al respecto.
Por su contenido porque busca más concentración de la riqueza y del poder, disciplinamiento social y recorte de derechos. Porque generará menos libertad y más desigualdad.
Pero además la LUC no es un instrumento aislado, es parte de la restauración conservadora, uno de sus instrumentos, luego vendrán la política salarial y el Presupuesto.
La LUC se propone en el marco del tarifazo, del aumento del dólar, del incremento de los precios, del aumento del IVA, de la reducción de la inversión pública, de medidas insuficientes y parciales para atender el impacto económico y social de la pandemia y, todo eso, ha llevado a que en un mes y medio tengamos 100 mil pobres más, la pobreza llegue al 10%, la inflación supere el 10%, con los alimentos explicando la mitad de ese aumento, 190 mil trabajadores y trabajadoras en el seguro de paro con ingresos reducidos al menos en un 40%. A eso hay que agregarle la indefinición sobre política salarial y negociación colectiva, que ha motivado que el SUNCA haya desarrollado la semana pasada más de 1.000 asambleas en todo el país y paros y concentraciones exigiendo el respeto a la negociación colectiva.
El ajuste neoliberal no espera por la LUC, ni por el Presupuesto, ya está ocurriendo y ya tiene esas consecuencias. Ya hoy, Uruguay es más desigual.
Pero además está la Ley de Medios, concentradora, restauradora de privilegios y con nuevos golpes a ANTEL. Y el desmantelamiento de las políticas del MIDES. Y el alineamiento absoluto, casi incondicional con EEUU y sus políticas en el continente.
Hay que mirar la realidad en todas sus aristas. No es sólo la LUC.
Es imprescindible, hoy más que nunca, en este escenario de ofensiva de la derecha -que a todo el poder económico, financiero y mediático, le agregó ahora el de la administración del Estado- tener firmeza estratégica y flexibilidad táctica, amplitud y profundidad. Organizar el debate público y la lucha, fortaleciendo la unidad del pueblo y de sus herramientas políticas y sociales y construyendo perspectiva, levantando alternativas programáticas.
Estamos en una nueva fase del proceso de acumulación de fuerzas de nuestro pueblo en la lucha histórica por su emancipación, por la liberación social.
La democracia, en tanto construcción permanente de libertad e igualdad, se defiende con participación popular organizada.
Y esta perspectiva estratégica, unitaria y de masas, con lucha, con organización y con programa, exige de mucha iniciativa, en todos los planos de la sociedad.
Por eso es muy importante la resolución política del Frente Amplio, los 7 proyectos de ley y 5 minutas de comunicación presentados, la propuesta de Plan Estratégico para la salida de la pandemia, elaborado por un equipo de 50 científicos y especialistas, coordinados por el ex presidente Tabaré Vázquez.
El planteo del PIT-CNT y los de la UDELAR en la Comisión Especial de la LUC.
Por eso son tan importantes las demostraciones de solidaridad organizada en cientos de ollas populares, merenderos, en reparto de canastas, en formas de producción y consumo solidarias, para enfrentar los impactos de la crisis.
Por eso fueron tan trascendentes el 8 de Marzo, el 1º de Mayo, el 20 de Mayo.
Por eso es fundamental rodear de pueblo a la movilización al Parlamento del PIT-CNT este 4 de junio.
Porque es cierto que la ofensiva restauradora es grande, pero también lo es que hay reservas en nuestro pueblo para enfrentarla.