Por Gabriel Mazzarovich y Fabricio Mato
Para el fundamentalismo neoliberal que hegemoniza el gobierno ANTEL es un objetivo central. Lo es por su fanatismo ideológico privatizador y también por una razón más prosaica y poderosa: el dinero. Las clases dominantes y las transnacionales quieren toda la torta de uno de los rubros económicos de mayor desarrollo y proyección: las telecomunicaciones.
La derecha, haciéndole los mandados a las trasnacionales y sus exigencias, ha concentrado la ofensiva contra ANTEL en múltiples campos. SUTEL, en un comunicado público al conmemorar el aniversario del referéndum de 1992 donde se evitó la privatización que promovía el gobierno encabezado por el padre del actual presidente, denunció algunos aspectos de esta ofensiva: Instrumentación de la portabilidad numérica, contenida en la LUC. Restricción de las inversiones de ANTEL. Artículos de la LUC que parecían redactados por Claro y Movistar, porque atendían sus reclamos. Artículo 48 de la nueva Ley de Medios que privatiza la transmisión de datos, que hoy implica 400 millones de dólares anuales para ANTEL. Retirar a ANTEL de uno de los rubros más rentables y de mayor proyección futura, la generación de contenidos. Campaña permanente contra los principales activos de ANTEL: ANTEL Arena, Data Center, etc. Todos esos señalamientos mantienen absoluta vigencia. En el caso de ANTEL Arena el directorio de ANTEL, con el único voto en contra del director por el Frente Amplio, Daniel Larrosa, decidió presentar una denuncia, basándose en una auditoría elaborada por un estudio que dirige un militante del Partido Nacional. Se retiraron los partidos de la selección uruguaya de ANTEL Vera y también se permitió que referentes deportivos de nuestro país dejaran de salir en la publicidad de ANTEL. Pero, además, se agregaron nuevas cosas. La URSEC, con el voto en contra del director del Frente Amplio, Pablo Siris, definió bajar el precio a las compañías telefónicas por las llamadas entre teléfonos de distintas empresas, beneficiando a Claro y Movistar. Por esa decisión ANTEL dejará de recaudar 6,4 millones de dólares. Esta medida también demuestra la mentira de que todo esto es para proteger a los usuarios, la factura telefónica no bajó, subió, las únicas que se beneficiaron fueron las trasnacionales.
Y ahora se suma la iniciativa en la Rendición de Cuentas de crear un denominado “Fondo Universal de Telecomunicaciones” para avanzar en la privatización de este sector clave y nuevamente golpear a ANTEL.
La LUC y la portabilidad númerica
Uno de los aspectos que está menos claro públicamente es el de la denominada portabilidad numérica, incluido en la LUC. Portabilidad numérica se denomina a la posibilidad de cambiar de operador telefónico manteniendo el número que tenemos asignado. Normalmente, para hacer esto se debe además abonar un pequeño monto a la empresa que cede su número para que el usuario pueda utilizarlo en otra compañía. Este mecanismo, que es presentado como un derecho de los usuarios que los hace más libres, es en realidad una herramienta que utilizan las empresas para dinamizar sus ingresos al lograr capturar clientes de sus competidores. Se ha señalado que esto permite que las empresas compitan mejor y se vean obligadas a invertir para ofrecer un mejor servicio a menor precio. Esto no se ha dado en ningún lugar del mundo. Lo que ocurrió es que las empresas destinan mucho dinero a marketing y -al hacerse inestable su cartera de clientes- reducen fuertemente sus inversiones. Es, además, un mecanismo obsoleto ya que buena parte de las comunicaciones por voz en telefonía móvil se realizan a través de aplicaciones que actualizan automáticamente las modificaciones que se producen en los números de los usuarios (como Whatsapp, entre otras) o directamente no están vinculadas al número telefónico (como Telegram, entre otras).
El “sueño húmedo” de los liberalizadores del mercado de telecomunicaciones es que -junto con la portabilidad- se cree un esquema en el que los operadores de telefonía simplemente manejen sus redes y las infraestructuras (cableado, antenas, torres, radiobases, etc.) dependan de una o varias empresas a las que se les alquile el servicio. Estas empresas “torreras” realizan sus inversiones donde les resulta rentable, de manera que en los países donde se consolida esta práctica se produce una enorme desigualdad en el acceso a los servicios.
¿En qué está el proceso de portabilidad numérica?
La LUC estableció que “en el ámbito de la URSEC” se creara un Comité de Portabilidad Numérica, (CPN) al que el directorio de ese organismo resolvió que fueran incorporados representantes de las empresas telefónicas. Una vez designado el CPN, se realizó una consulta al Tribunal de Cuentas de la República (TCR) sobre si era pertinente que se realizara un llamado por parte de la URSEC que obligara ANTEL a contratar al Administrador de Bases de Datos (ABD) para la implementación de la portabilidad numérica que pudiera ser seleccionado por el CPN. Si bien la mayoría del TCR (4 votos a 3) respondió afirmativamente a esta consulta, esta decisión es de dudosa legalidad en tanto hay normas que regulan la contratación pública que ANTEL debe cumplir y la Ley no permite que un servicio descentralizado le imponga a otro una decisión.
El reglamento de la portabilidad numérica, casi un plagio del existente en Colombia y las bases del llamado para el ABD, copiadas de Chile, fueron aprobadas en tiempo récord por el directorio de la URSEC a pesar de los riesgos señalados por el director del Frente Amplio, Pablo Siris.
El proceso del concurso para contratar al administrador privado de la base de datos para la portabilidad numérica ha sido complejo y lleno de problemas. Durante el proceso de evacuación de las consultas de los oferentes, el CPN modificó las bases de la contratación a pedido de algunas de las empresas. Al llamado se presentaron 5 empresas (todas multinacionales), 4 están objetadas por sus competidores y 3 fueron descalificadas en el proceso por no llegar al mínimo de puntaje en los requerimientos técnicos, jurídico-administrativos y de capacidad económica.
El proceso se desarrolla a marchas forzadas con el evidente objetivo de suscribir los contratos e implementar la portabilidad antes de que se terminen de recolectar las firmas y se realice el referéndum que deroga los 135 artículos de la LUC, entre los que se encuentran los atinentes a la portabilidad.
SUTEL presentó intimaciones a la URSEC manifestando su preocupación por posibles vulneraciones a las normas que protegen la privacidad de los datos personales y posteriormente señalando la eventualidad de una posible inconstitucionalidad del llamado que se realizara para la contratación del administrador de datos. Las respuestas a esta intimación dieron cuenta de la preocupación que había en algunos de los integrantes del CPN; sin embargo, la última presentación de SUTEL espera respuesta hace dos meses.
El verdadero objetivo
La portabilidad numérica en el mundo entero afecta un porcentaje muy pequeño del mercado, entre el 6% y el 8%. Esto hace suponer que el verdadero objetivo es generar a costa de ANTEL (en conjunto con la anunciada nueva Ley de Medios) un mercado en el que se haga atractiva la compraventa de empresas de televisión por abonados, que asociadas a empresas de telefonía móvil -una vez eliminada la prohibición de la ley 19.307 de acumular licencias- permita brindar paquetes de internet, cable y telefonía móvil, abonando el levantamiento del monopolio de la telefonía fija y fibra óptica directa al hogar. Es decir, privatizar todo y concentrar y extranjerizar la propiedad de las licencias para un negocio millonario.
Todo ello cuando la prioridad debería ser avanzar en el desarrollo de la red 5G, que tenía a nuestro país a la vanguardia mundial de la mano de ANTEL y ha pasado a estar atrasado por la restricción de inversiones.
Mientras terminábamos esta nota fue presentado en el Parlamento el proyecto de Rendición de Cuentas, que en sus artículos 153 y 154 establece la creación de un “Fondo Universal de Telecomunicaciones (FUT), con el fin de garantizar la financiación del acceso universal a servicios de voz y de transmisión de datos e Internet en todo el territorio nacional. (…) La asignación de recursos del FUT se realizará mediante procedimiento competitivo abierto y transparente a fin de seleccionar a quien proveerá la infraestructura para llegar a las zonas que se determinen, todo lo cual será reglamentado por el Poder Ejecutivo”.
Lo anterior busca instalar en nuestro país el modelo que se explicitaba más arriba, de forma de despojar a ANTEL de sus infraestructuras “en las zonas que se determinen”.
Ese es el proyecto de la derecha en el gobierno y la única forma de detenerlo hoy es firmando contra la LUC.
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