Herrerismo insiste en obligar a ANTEL a compartir fibra óptica e infraestructura con privados.
Por Daniel Larrosa*
En los artículos 153 y 154 del proyecto de Rendición de Cuentas, aprobado en Diputados, se promueve la creación del Fondo Universal de Telecomunicaciones (FUT), cuyo objetivo sería mejorar la cobertura de servicios de telefonía móvil y de internet a nivel nacional. De aprobarse la norma, la nueva infraestructura deberá compartirse de forma obligatoria entre todos los operadores nacionales.
Hasta ahora la empresa líder en cobertura en todo el territorio es la empresa estatal ANTEL, dado que con recursos propios su señal llega al 99,8% de la población de Uruguay. Asimismo, más del 86% de los hogares cuenta con fibra óptica, lo cual posiciona a Uruguay en una situación de privilegio a nivel mundial.
Por lo anteriormente señalado, consideramos que no existen fundamentos sólidos para crear un Fondo Universal de Telecomunicaciones, iniciativa del Ejecutivo que no fue consultada ni comunicada al Directorio de ANTEL. Asimismo, cabe destacar que la empresa pública incluye en su plan de inversiones la instalación de 125 nuevas radiobases entre 2021-2022 y también se propone llegar con fibra óptica a todos los hogares que reciben sus servicios a través de cables de cobre.
Disputa por la fibra óptica
A nuestro juicio, el propósito de este fondo es obligar a ANTEL a compartir infraestructura con el sector privado, una medida que el herrerismo quiso incorporar en la Ley de Urgente Consideración (LUC) y en el artículo 48 de Ley de Medios. Hasta el momento no había tenido éxito por ausencia de apoyo en sus socios de coalición.
Ahora, con el planteo que se incluye en la Rendición de Cuentas se vuelve a la carga contra la empresa pública. Se intenta cambiar la regulación del mercado que lleva más de 20 años, donde cada operador instalaba su infraestructura. Asimismo, se vulnera la seguridad jurídica de las inversiones del Estado, en particular los 800 millones de dólares invertidos por ANTEL en instalación de fibra óptica.
Estos dos artículos – el 153 y el 154 – se aplicarían en todo el territorio nacional y sin un límite presupuestal específico. Por consiguiente, la nueva regulación podrá aplicarse en cualquier punto del territorio nacional y con cualquier tecnología. Todo dependerá de la reglamentación que apruebe posteriormente el Poder Ejecutivo, el cual ha dado sobrados indicios de su orientación en este tema.
Finalmente queremos destacar que queda abierta la posibilidad de que la tecnología 5G se extienda en el país mediante redes compartidas. Esto es un reclamo de las multinacionales de telecomunicaciones y consta en actas de la Comisión de Industria.
*Director de ANTEL en representación del Frente Amplio
