La UNESCO condenó el asesinato de 59 profesionales de los medios de comunicación en 2020, entre los cuales cuatro mujeres. Con 22 asesinatos cada una, las regiones de América Latina y el Caribe y de Asia y el Pacífico registraron el mayor número de asesinatos en la profesión, seguidas por la región de los Estados Árabes, con nueve, y África con seis. En total, en 2020 ha sido un año con una de las tasas anuales de mortalidad más bajas registradas por la UNESCO durante la última década, en la que 888 periodistas y profesionales de los medios de comunicación pagaron el precio más alto por informar al público. En 2019, la UNESCO condenó el asesinatio de 57 periodistas, 99 en 2018.
En 2020 hemos sido testigos, quizá de manera inédita, de la importancia del periodismo para nuestras democracias y para la protección de los derechos humanos. La pandemia, sin embargo, ha sido también la ‘tormenta perfecta’ para la libertad de prensa a nivel mundial. A pocos días del inicio del nuevo año, quiero hacer un llamado mundial para que todas las partes implicadas defiendan la información como un bien público. Proteger el periodismo es proteger la verdad.
Audrey Azoulay, Directora General de la UNESCO
El Informe de 2020 de la Directora General de la UNESCO sobre de la seguridad de los periodistas y el peligro de la impunidad, publicado con motivo del Día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas (2 de noviembre), proporciona información sobre los patrones en los asesinatos de periodistas durante los dos últimos años (2018-2019). Durante la última década, de media, ha habido un periodista asesinado cada cuatro días. El informe también destaca que la impunidad para los crímenes contra periodistas continúa, a pesar de una ligera mejora en 2020 (87%, comparado con el 88% en 2019). El lanzamiento del Informe de la Directora General fue acompañado de una campaña mundial de sensibilización de gran impacto llamada “Proteger a los periodistas. Proteger la verdad”.
Aunque las recientes mejoras observadas están por confirmar, las condiciones de los profesionales de los medios de comunicación siguen siendo preocupantes en todas partes. Los asesinatos continúan y los ataques no letales y el acoso siguen aumentando. El año 2020 puso de relieve los peligros a los que se enfrentan los periodistas cuando informan sobre protestas, como las manifestaciones de Black Lives Matter y otras manifestaciones en el mundo. En su nota informativa La seguridad de los periodistas que cubren protestas, la UNESCO identificó 125 protestas en 65 países en las que los periodistas fueron atacados o detenidos entre el 1 de enero de 2015 y el 30 de junio de 2020. Veintiuno de estos sucesos ocurrieron durante el primer semestre de 2020, pero el número de incidentes siguió aumentando durante la segunda mitad del año.
Además, la seguridad de las mujeres periodistas sigue siendo motivo de gran preocupación.
Atacadas por su profesión y género, las periodistas se ven particularmente afectadas por el acoso en línea y la violencia de género. Para que el problema se comprenda mejor, la UNESCO y el Centro Internacional para Periodistas (ICFJ por sus siglas en inglés) lanzaron en octubre de 2020 una encuesta global sobre la violencia en línea contra las mujeres periodistas y las medidas efectivas para combatir el problema. El 73% de las periodistas que respondieron a la encuesta manifestaron haber sufrido violencia en línea en el marco de su trabajo y el 20% dijo que el acoso en línea se convirtió en abuso o ataques físicos.
Los desafíos a la seguridad de los periodistas se vieron exacerbados por la COVID-19. La crisis desencadenada por la pandemia ha amenazado la viabilidad y supervivencia de los medios de comunicación profesionales, en particular debido a la pérdida masiva de ingresos publicitarios, lo que ha creado un entorno laboral aún más precario para los trabajadores de los medios de comunicación, creando nuevos desafíos a su derecho a buscar, recibir y difundir información.
Además, en muchos países, la legislación de emergencia y las medidas adoptadas para frenar la propagación del virus han servido de coartada para restringir la libertad de expresión y de prensa.
También se ha procesado a muchos periodistas por denunciar los errores en la gestión de la crisis sanitaria por parte de las autoridades. En total, estas condiciones han creado lo que muchos denominan una “tormenta perfecta” que lleva a temer que la profesión periodista esté en peligro de “extinción”, como señala el boletín Periodismo, Libertad de Prensa y COVID-19.
Para hacer frente a estos desafíos, la UNESCO ha reforzado sus programas de sensibilización, ha trabajado con la profesión judicial para luchar contra la impunidad, ha reforzado el Plan de acción de Naciones Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad, ha producido información oportuna sobre estos problemas urgentes y ha incrementado las oportunidades para el fortalecimiento de conocimientos y capacidades para periodistas y otros profesionales de los medios.
Actores clave del sector han adoptado nuevos compromisos para responder a estos desafíos durante la Conferencia Mundial de Libertad de Prensa, organizada por la UNESCO y el Gobierno de los Países Bajos los días 9 y 10 de diciembre. Entre estos se encuentra una nueva contribución de 7 millones de euros por parte de los Países Bajos destinada a la UNESCO y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), para reforzar la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas durante los próximos años. Durante la conferencia, más de 50 ministros, junto con altos representantes de las Naciones Unidas, los medios de comunicación y la sociedad civil, lanzaron un llamado conjunto de urgencia para la protección de la libertad de prensa y la seguridad de los periodistas en el mundo.
Este año, la UNESCO renovó su compromiso con la sensibilización sobre el papel de la información como bien público. La Organización ha presentado una nueva iniciativa para promover una mayor transparencia en las plataformas de internet, algo fundamental para garantizar un enfoque basado en los derechos humanos ante nuevos desafíos como la desinformación y la incitación al odio.
También se trata de apoyar la viabilidad de un entorno mediático plural, y de enseñar el pensamiento crítico mediante estrategias de alfabetización mediática e informativa.
Fuente: Unesco