Por Rolando Arbesún Rodríguez
El 23 de marzo de 2020, apenas pasada una semana de la declaración de emergencia sanitaria, el diario El Observador publicaba parte de las declaraciones realizadas por el nuevo ministro del Interior Jorge Larrañaga.
Hacía menos de un mes, el otrora senador había sido designado al frente de la cartera más criticada en los últimos 15 años de la historia política del país.
Puede ser que su nombramiento como ministro del Interior, fuera el resultado “lógico y esperable” y que, en última instancia, su designación daba cuenta del reconocimiento del presidente Lacalle Pou a las ideas y posiciones que siempre había esgrimido el veterano político blanco.
Puede ser, sin embargo, para aceptar esta afirmación, habría que olvidar cómo durante toda la campaña, quien fuera presentado como futuro ministro de esa cartera no fue precisamente Larrañaga.
Más allá de estas “minucias” de las jugadas políticas internas en el partido de gobierno, lo cierto es que, para Larrañaga, este nombramiento era por decirlo así “un arma de doble filo”.
Tenía que, mostrar que todo lo que había afirmado durante años atrás con relación a los problemas de seguridad pública del país era cierto y que su diagnóstico de la situación se resolvía con las medidas que desde siempre propuso.
El otro “filo” del arma, era trabajar para que su designación no fuera la vía expedita de su desaparición en el juego político interno del partido Nacional.
No podemos desconocer que, con respecto al herrerismo, Larrañaga alguna vez afirmó que cuando este es mayoría, el partido nacional se achica.
No hay que olvidar, tampoco, que fue varias veces contendiente en las internas para ser candidato presidencial en dicha fuerza política y que, en esa contienda, se enfrentó varias veces a quien el 1 de marzo terminara nombrándolo ministro del Interior.
Haciendo “honor” a su “alias” histórico, “el Guapo” no dijo que no y como se dice vulgarmente “agarró el toro por las guampas”.
Secundado por un representante político del partido Colorado y por todo un “comando policial” de raíces herreristas, el 1 de marzo, Jorge Larrañaga fue investido como ministro del Interior.
Cronología de un empecinamiento:
En la nota publicada ese 23 de marzo, en el diario El Observador, el ministro no hablaba aún de delitos, no le “daban” los días para lo que después veríamos sería el horizonte permanente de las comunicaciones de su cartera.
El ministro sabía y su segundo se lo mostraba permanentemente, que en el tema delitos y seguridad pública, la materia comunicacional era la primera línea de fuego, de allí que ese mismo día; y casi sin que nadie registrara el hecho, Fundapro se mudó a la calle Mercedes.
En la nota en cuestión, Larrañaga, defendió a “capa y espada”, las medidas anunciadas por el presidente Lacalle Pou, en especial, la decisión del mandatario de no avanzar hacia la cuarentena.
De acuerdo al medio de prensa, Jorge Larrañaga, dijo “no compartir «esa suerte de grito o reclamo» de algunos actores que piden al gobierno decretar una cuarentena general, ya que consideró que el pedido se da «desde una situación de confort».
En su intercambio con Telenoche, recordaba El Observador, el ministro del Interior, “agregó que la discusión respecto a la cuarentena general es «ciencia ficción», ya que, en Uruguay, según el jerarca, no hay un marco legal para hacer cumplir esas disposiciones, a excepción de una aplicación de las medidas prontas de seguridad”.
«Convengamos que, si el gobierno decretara una cuarentena general y usted está en la rambla con un amigo, su señora o gente querida, ese decreto de cuarentena total no habilita a la Policía a llevarlo preso», explicó en la ocasión el ministro.
En sus dichos sobre lo que implicaba la cuarentena, Larrañaga expresó «esa inmovilización social no puede traer actos de vandalismo, de gente desesperada (…) todo eso lo analizamos. El camino del gobierno es la firmeza con responsabilidad. Acá no andamos a los gritos. Aquí andamos procesando decisiones con entereza, con convicción, nadie quiere, ni gobierno ni oposición, lo peor para los uruguayos”.
Eran los tiempos del “quédate en casa” y se iniciaban entonces los primeros “acelerones” para la aprobación de la Ley de Urgente Consideración (LUC).
Eran los tiempos de las exhortaciones a la “libertad responsable” y para el Ejecutivo, la palabra “cuarentena” era una mala palabra.
Poco tiempo después, el 2 de julio del mismo año, a cuatro meses de la asunción del nuevo gobierno y de su propio nombramiento como ministro del Interior, Jorge Larrañaga “celebró” el primer cuatrimestre de su gestión con bombos, platillos y cañitas voladoras.
Más allá de que no fuera una sorpresa que, pasados 4 meses de gobierno, se publicaran datos sobre delitos, uno se imagina al flamante ministro marcando cada día a la espera de ver “cuando sí”, o “cuando es hora”, de mostrar su “eficiencia”.
Precisaba, probablemente más que ningún otro jerarca, legitimar su posición política.
El “desespero” por la publicación de los datos tenía una doble vía, la primera, de marcado carácter “populachero”, “fanfarronesco”: mostrar que él sí podía.
La segunda, a la interna misma del partido Nacional, mostrar al presidente que su designación pasaba a ser, a partir de ese momento comunicativo, un hecho que no podía reverse y que, en caso de hacerlo, no era él quien más perdía.
Los primeros datos sobre el comportamiento de los delitos mostraban un declive de los mismos, parecía “un regalo de los dioses”, pero era necesario presentarlo como el resultado de la gestión y no del azar, ni de lo que efectivamente iba aconteciendo.
Los datos debían presentarse desconectados de los cambios que produjeron en la vida cotidiana de los uruguayos, la declaración de emergencia sanitaria y el “quédate en casa”.
Ese día nació la frase mágica “los delincuentes no hicieron cuarentena”, ese mismo día el ministro olvidó lo que había dicho sobre la cuarentena en marzo.
Si no hay cuarentena, como efectivamente no la hubo desde el punto de vista de las medidas del Ejecutivo, entonces había que inventarla y eso fue lo que, ni corto, ni perezoso hizo el ministro, inventó una cuarentena para darle a los datos la solidez que precisaba.
Inventó una cuarentena para los ciudadanos y al mismo tiempo ratificó la forma en la que él piensa las problemáticas del mundo del delito: si los delincuentes son los que irrespetan y violan la ley, ¿por qué habría que esperar que cumplan con las medidas sanitarias, en especial con “la cuarentena”?
No importa que no hubiese, en efecto, “cuarentena”, lo que sí importaba era afirmar que los datos daban cuenta del “mágico” éxito de una gestión incipiente.
De alguna forma, los habitantes del viejo edificio de la calle Mercedes deben haberse sentido ese día como la nueva sede de la escuela de magos de Howarts.
Y no era para menos, en la expresión acuñada “los delincuentes no hicieron cuarentena”, había magia y al mismo tiempo hechicería.
Había, además, la reafirmación del tono “guapesco”, ese mismo que vimos y escuchamos cuando en octubre destituyó al jefe de Policía de Montevideo Erodes Ruíz.
Hay que guardar en el archivo de la memoria el 26 de octubre de 2020, señala el día en que el ministro del Interior fue más herrerista que los herreristas.
Los delincuentes no hacen cuarentena, pero las víctimas si:
No vamos a ingresar, en la calificación negativa y desvalorizante, de los datos publicados por el ministerio del Interior.
Con independencia, del uso electoral y electorero que de ello hace este ministro y sus siempre atentos acólitos, vamos a asumir que la producción de los mismos, da cuenta de un proceso de institucionalización del registro informático de los delitos que se inició y desarrolló con los gobiernos del Frente Amplio (FA).
Puede pasar, es probable que siempre haya pasado que, de forma inicial, en la larga secuencia de la cadena de producción estadística, se realicen algunos “ajustes” por parte de quienes comunican los datos.
Con independencia de esto, que exigiría un tipo de análisis e investigación que acá no nos proponemos realizar, los datos presentados deben ser un material para el análisis y la discusión de los contenidos de la política de seguridad pública.
Su uso “fanfarronesco” y “guapetón” conlleva, además de varias falencias, al desarrollo de una ceguera que a la larga mostrará sus “garras”.
En este sentido, la pregunta que este uso “fanafarronesco” y “guapetón” no deja ver es ¿qué hará el ministro cuando, a partir de ahora tenga que compararse con sí mismo?
De rapiñas y víctimas:
Nadie desconoce que una de las metas del gobierno en los temas de seguridad pública se localiza en la baja de los delitos.
Ello es comprensible, en primer lugar, porque la presentación negativa del estado de la seguridad pública, fue parte relevante de la agenda política electoral que desarrollaron.
En segundo lugar, porque de no poder “avanzar” en una resolución de los problemas en esta área, les representa un “boomerang”.
En una entrevista concedida al diario Crónicas, el pasado 15 de enero, el subsecretario del ministerio del Interior y otrora director de Fundapro, expresaba con relación a los datos sobre los delitos en los primeros 10 meses de gestión en la cartera de Interior:
“Es una baja significativa, acumulativa y consistente con estos diez meses. Esos porcentajes representan que 70 familias uruguayas no perdieron a alguien; además, hubo 2.700 rapiñas menos y 22.300 hurtos menos. Indudablemente hay que seguir mejorando, pero las cifras señalan que estamos en el camino correcto. Son datos auspiciosos que los tomamos con cautela.
Trabajamos con la obsesión de tratar de mejorar la vida de la gente y de recuperar la seguridad que estaba perdida. Los primeros en notar los cambios fueron los delincuentes, por eso tenemos cerca de 1.400 presos nuevos, que se traduce en un promedio de cinco presos más por día que ingresan a las cárceles”.
Lo que expresa el subsecretario tiene varios “bemoles”.
Algunos de orden metodológico, otros de rango teórico sobre las interpretaciones a las que se arriba y como no puede ser de otra forma, “bemoles” políticos.
Entre estos últimos, hay que ubicar la referencia al aumento de los prisioneros.
Casi que, como si mirara para el costado, el subsecretario no menciona que parte no analizada de este brutal incremento de los prisioneros se debe a las nuevas disposiciones de la Ley de Urgente Consideración (LUC).
No voy a ingresar en su análisis específico, propongo como ejercicio concentrarnos en tratar de entender esas “2700 rapiñas menos”.
El ministerio del Interior ha publicado dos tipos diferentes de informaciones, una que podemos llamar “clásica” recoge toda la información de estilo sobre el comportamiento de los delitos en el primer semestre del año 2020.
La otra información publicada sobre los primeros 10 meses de gobierno, es de tipo “compacta”, son datos brutos, sin aperturas a las diferentes variables que el Observatorio de Violencia y Criminalidad usa para la producción de sus informes.
No sabemos por qué no han sido publicados los datos anuales y por ahora, no vale la pena presentar ese dato inexistente para el público como algo “raro”.
Les propongo tratar de entender qué ha pasado con los delitos de rapiña de acuerdo a los datos que aparecen registrados en el informe del Observatorio del primer semestre del año 2020.
Este informe, aunque incompleto, en tanto no conocemos la otra mitad del año, es altamente relevante, aunque no más sea, porque da cuenta de los tiempos del “quédate en casa”, esa suerte de “cuarentena” liberal que el presidente disfrazara de “libertad responsable”.
Los datos anteriores señalan que, durante el primer semestre del año 2020, las rapiñas decrecieron en Canelones y el resto del país, pero desde una perspectiva porcentual, ellas crecieron en Montevideo.
En efecto, en el primer semestre de 2019, se reportaron un total de 15.819 rapiñas, de ellas 12.663 en Montevideo, 1917 en Canelones y 1239 en el resto del país.
Para ese período de 2019, las rapiñas en Montevideo, representaban el 79,85% de todas las rapiñas cometidas en el país, mientras que, las cometidas en Canelones, representaron el 12,11%, correspondiendo el 7,83% restante al resto del país.
La disminución de las rapiñas durante el primer semestre de 2020, hay que tomarla con cautela, aunque no más sea, porque en dicho período, aumentaron las rapiñas cometidas con uso de armas de fuego.
Los datos permiten afirmar que, las rapiñas cometidas durante el primer semestre del año 2020, han sido más violentas que las cometidas en el mismo período del año anterior y esto no es un dato menor.
Más allá del imaginario popular con relación a esta modalidad delictiva, lo cierto es que no cualquiera puede realizar una rapiña.
En la inmensa mayoría de los casos, el “éxito” de una rapiña radica más en el azar que, en la habilidad previa, de sus autores.
Las rapiñas, por la exigencia de velocidad que imponen, convoca siempre a los más jóvenes y suele ser, en el curso de sus trayectorias delictivas, “la puerta de entrada” al “mundo del delito”.
Rara vez, las rapiñas tienen una logística colectiva, suelen ser delitos individuales y de escasa capacidad organizativa.
Como delito, ellas tienen una “firma” más desdibujada e imprecisa que la que suele verse en los homicidios, por ejemplo.
Lo más distintivo y distinguible de las rapiñas es su violencia, en ella radica toda la potencia de sus velocidades, alcanzar este “plus” en el curso de la acción, hace que este delito genere peligros y miedos.
Las rapiñas exigen velocidad y conversión de esta en fuerza, el hecho que se comentan rapiñas con armas, revelan más la percepción de temor de sus autores que el seguimiento de un patrón de comportamiento general y homogéneo.
Juventud, velocidad, violencia, improvisación son características que distinguen a los autores de las rapiñas.
Todo ello configura lo que puede denominarse como “la lógica del depredador”, una lógica que, en términos de economía política es “precapitalista”.
La “lógica del depredador”, explica el azar de la selección, el modo de “ataque” y el monto de violencia.
Explica también, su frecuencia, no se realiza este tipo de delito para generar o avanzar en una suerte de proceso de acumulación, el acto mismo ya dispone el consumo, no hay como en la “lógica del agricultor” previsiones para “tiempos difíciles”.
Todo lo que se “obtiene” se “consume”, es, dirían los psicólogos, un modelo cuasi perfecto de “acting out”.
La centralidad del consumo que distingue a las rapiñas, respecto a otras modalidades delictivas, se maximiza cuando quienes ingresan a este delito lo hacen como forma instrumental de acceder a otras modalidades de consumo, como las “drogas”, por ejemplo.
Lo dijimos antes, las rapiñas exigen velocidad y conversión de esta en fuerza, el hecho que se reporten aumentos de rapiñas con armas de fuego, es preocupante y debería ser, más que los simples descensos genéricos, objeto de las preocupaciones de las autoridades.
Sin embargo, sobre esto no se ha dicho una sola palabra.
La expresión “los delincuentes no hicieron cuarentena”, además de temeraria y fanfarrona, es susceptible de ser discutida y la vía prínceps para ello es analizar el comportamiento de las rapiñas en función de la variable “víctima”.
En efecto, en los informes que produce el Observatorio de Violencia y Criminalidad del ministerio del Interior, la clasificación de las rapiñas en función de quienes han sido victimizados, resulta un aporte no menor a la comprensión de cómo el “quédate en casa” y la reducción de la movilidad social, impactó en algunas de las principales modalidades delictivas, entre ellas las rapiñas.
Ante los datos anteriores, no podemos dejar de preguntarnos ¿cuáles de estas categorías de presentación de víctimas se asocian más a las medidas para reducir la movilidad adoptadas durante el primer semestre del año?
Con respecto al primer semestre del 2019, se observan descensos en las categorías siguientes: transeúntes, comercios, taximetristas, ómnibus, menores, automovilistas y la opción sin datos, sobre la cual no es posible avanzar en análisis alguno.
Los incrementos de las rapiñas según las víctimas de las mismas se localizan en: motocilcistas, repartidores y las casas de familia.
Considerando, las medidas adoptadas por el gobierno para la reducción de las movilidades, parece cuando menos, poco serio, continuar afirmando que esa suerte de “cuarentena liberal” del “quédate en casa”, no haya producido efectos sobre el comportamiento de este tipo de delitos.
No vamos a avanzar en especulaciones, pero los datos existentes deberían sugerirles a las autoridades no embarcarse en lecturas tan simplistas como la que sustenta el latiguillo de que “los delincuentes no hicieron cuarentena”.
Más allá de esto, supongamos que es cierto, que “los delincuentes” no cumplieron ninguna de las medidas de restricción de sus movilidades, pero lo que es inapelable, es que sus potenciales víctimas sí lo hicieron y ello no es un dato menor.
Las propias estadísticas ministeriales así lo demuestran.
Hay que ir avisando al ministro que se le termina el tiempo del pugilato y comienza el juego del boomerang.
Avísenle además que, si lo olvida, allí en la torre está el “reyecillo” siempre atento para recordarle que la guillotina estaba lista desde el mismo día en que fue nombrado.
