Las guerras secretas de Estados Unidos

Un informe dedicado al estudio y análisis de los llamados programas de «cooperación de seguridad» autorizados por el Congreso estadounidense fue dado a conocerla pasada semana por el Centro Brennan para la justicia de la Facultad de Derecho de la Universidad de Nueva York.

El reporte, de 39 páginas, estudia los programas que han sido autorizados por el Congreso, tal y como lo estipula la normativa de Estados Unidos respecto al uso de la fuerza militar de 2001 contra grupos terroristas.

Al dar a conocer el documento, la página del Centro Brennan señala que, para el ciudadano estadounidense promedio, el país ha estado involucrado en menos contiendas bélicas que las que efectivamente se producen.

Más allá de los casos conocidos de Afganistán, Irak y Libia, señala la nota del Centro, los estadounidenses desconocen que el país ha estado involucrado en conflictos en al menos 17 países en los últimos veinte años.

En dichos conflictos, se añade, Estados Unidos ha participado usando tanto las fuerzas terrestres y las fuerzas de representación, además de los ataques aéreos.

El estudio recalca que el público promedio del país “desconoce el alcance total de las guerras estadounidenses”.

Esta representación del público se fortalece debido a las dificultades que tienen los periodistas de investigación y los defensores de los derechos humanos en el desarrollo de investigaciones sobre el uso de la fuerza.

Dichos obstáculos, se explica, van desde la falta de fuentes directas de información, hasta la imposibilidad de contrastar la certeza de los indicios que se recogen y que permitirían evitar las apreciaciones especulativas.

Junto a ello, se añade, la comprensión del problema por parte del Congreso no se aleja mucho de la que reporta el público promedio.

A pesar de que el Departamento de Defensa proporciona divulgaciones y actualizaciones ordenadas por el Congreso, estas sola alcanzan “a una pequeña cantidad de oficinas legislativas”. Muchas veces, estas acciones de divulgación e información, no cumplen totalmente “con los requisitos de presentación de informes”, resultando de ello que los miembros del Congreso estén “desinformados sobre cuándo, dónde y contra quién usan las fuerzas armadas”.

Uno de los ejemplos mencionados en este sentido es el caso ocurrido en 2017 en Niger, cuando las fuerzas estadounidenses sufrieran varias bajas,

En dicho caso, se recuerda, “los legisladores quedaron desconcertados por la presencia misma de las fuerzas estadounidenses en el país”, estas situaciones de desinformación impiden que se realicen las supervisiones necesarias por parte del órgano legislativo.

Junto al gran público y el Congreso, también suelen quedar al margen “las contrapartes diplomáticas del Departamento de Defensa en el Departamento de Estado”, quienes deben “luchar” para “comprender el alcance de las hostilidades estadounidenses”.

“Donde falla la supervisión del Congreso, también falla la supervisión dentro del poder ejecutivo”, subraya la nota del Centro Brennan.

Una de las conclusiones del estudio del reporte es que “la proliferación de guerras secretas es un fenómeno relativamente reciente, antidemocrático y peligroso”.

“La conducción de hostilidades no reveladas en países no informados” va en contra del propio diseño constitucional del país y puede funcionar como una invitación “a una escalada militar que es imprevisible para el público, para el Congreso e incluso para los diplomáticos encargados de gestionar las relaciones exteriores de Estados Unidos”.

Del mismo modo, se “corre el riesgo de operaciones contraproducentes mal concebidas con costos desbocados, tanto en términos de dólares como de vidas civiles”.

En un intento de comprender cómo se llegó a esta situación, se describen las principales fuentes de la capacidad del gobierno para hacer la guerra en secreto.

Ellas son “la Autorización para el Uso de la Fuerza Militar (AUMF) de 2001, que se promulgó a raíz de los ataques del 11 de septiembre” que ha sido sucesivamente ampliada por diferentes administraciones “para cubrir una amplia variedad de grupos terroristas, cuya lista completa el poder ejecutivo ocultó durante mucho tiempo al Congreso y aún oculta al público”.

La segunda fuente, se añade, es el “estatuto de acción encubierta, una autoridad para operaciones secretas, no atribuidas y principalmente dirigidas por la CIA que pueden implicar el uso de la fuerza”.

Más allá de las limitaciones establecidas por “una serie de órdenes ejecutivas de la era de la Guerra Fría que prohíben los asesinatos, el estatuto de acción encubierta se ha utilizado a lo largo de la guerra contra el terrorismo para realizar ataques con aviones no tripulados fuera de las áreas de hostilidades activas”.

Además de estas fuentes, se identifica una tercera que no tiene amplio reconocimiento público, se trata de “las autoridades de cooperación en materia de seguridad”.

Las disposiciones al respecto fueron promulgadas por el Congreso “en los años posteriores al 11 de septiembre” con el objetivo de “permitir que las fuerzas estadounidenses trabajaran a través y con socios extranjeros”.

Uno de los casos citados es el USC § 333, que “permite al Departamento de Defensa entrenar y equipar fuerzas extranjeras en cualquier parte del mundo, otro similar, también codificado, “autoriza al Departamento de Defensa a brindar “apoyo” a fuerzas extranjeras, paramilitares y particulares que a su vez “apoyan” las operaciones antiterroristas de Estados Unidos”.

Estas prerrogativas sobre capacitación y apoyo “se han utilizado más allá de su propósito previsto”.

Como ejemplo de ello se cita a los programas de la Sección 333 que han derivado “en que las fuerzas estadounidenses persigan a los adversarios de sus socios bajo una interpretación forzada de legítima defensa constitucional”.

Otro de los programas localizados en la Sección 127e permiten a Estados Unidos “desarrollar y controlar fuerzas delegadas que luchan en nombre de las fuerzas estadounidenses ya veces junto a ellas”.

Por estas razones, dichos programas “han permitido o han sido utilizados como trampolín para las hostilidades”.

Al respecto se enfatiza que tanto el público como “la mayor parte del Congreso desconocen la naturaleza y el alcance de estos programas”.

Las disposiciones de cooperación de seguridad, se señala, son decididas por el Departamento de Defensa y no por el Congreso.

Es el primero quien “decide cuándo y dónde Estados Unidos contraataca a los grupos terroristas e incluso a los adversarios estatales”.

El informe publicado por el Centro Brennan “profundiza en los marcos legales para llevar a cabo y supervisar la cooperación en seguridad e identifica cómo esos marcos han inaugurado la era moderna de la guerra secreta”.

Para su elaboración se utilizaron “informes públicos y materiales preparados por los Departamentos de Defensa y Estado”, así fueron realizadas “entrevistas con funcionarios de la administración, personal del Congreso y periodistas”.

El mismo puede consultarse en el siguiente link https://www.brennancenter.org/our-work/research-reports/secret-war.

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