Bruno Giometti (*)
El próximo 30 de abril se conmemora un nuevo día del trabajador rural. La ley 19.000 aprobada en el año 2012 establece este día como feriado no laborable pago para los trabajadores que desempeñan esta actividad.
En nuestro país hay alrededor de 135.000 personas ocupadas en actividades agropecuarias. De esa cifra total, aproximadamente 15.000 son patrones, 40.000 son trabajadores por cuenta propia (es decir productores familiares) y 80.000 son trabajadores asalariados. Como puede apreciarse, cerca del 60% del total de las personas vinculadas directamente con la producción agropecuaria son asalariados.
Durante los gobiernos del Frente Amplio, en el marco de años de fuerte expansión de la producción agropecuaria, los asalariados rurales mejoraron su situación tanto desde el punto de vista salarial como de los derechos. Se aprobó la histórica ley de 8 horas de trabajo para el sector. El poder de compra de los salarios de las actividades rurales tuvo un aumento a más del doble en 15 años, por encima del nivel general de los salarios reales que se incrementó en alrededor del 55% en igual período.
En los tres años transcurridos del gobierno de la coalición de derecha, a los trabajadores asalariados rurales no les ha ido bien. Hubo pérdida de salario real para estos trabajadores, lo cual es injustificable tratándose de actividades que no tuvieron una afectación significativa por la pandemia. Más aún, la mayor parte de los rubros agropecuarios, tuvieron un desempeño extraordinariamente bueno en los años 2021 y 2022, que fueron de récord histórico de exportaciones de base agropecuaria.
En el Grupo 22 de consejos de salarios, que abarca a los trabajadores de la ganadería, tambos, arroz y agricultura en general, unos 50.000 trabajadores asalariados, se impuso mediante votación del MTSS y el sector patronal, una rebaja de salario real del 4,2% entre julio de 2020 y junio de 2021. Para el período posterior, entre julio de 2021 y junio de 2023, tras una muy trabajosa negociación, se logró pautar una recuperación del 3,5% en términos reales. Esta cifra se ubica por encima de los lineamientos del Poder Ejecutivo para esa ronda de negociación, pero es insuficiente para recuperar la pérdida anterior, por lo cual los trabajadores de este sector tendrán en junio de 2023 un salario real todavía inferior al que tenían en junio de 2020. Estamos hablando de peones comunes o especializados que cobran entre $25.000 y $30.000 nominales por mes.
En el Grupo 23, que corresponde a los trabajadores de la granja, horticultura, fruticultura, viñedos, entre otras actividades, integrados por unos 20.000 trabajadores asalariados, la trayectoria del salario ha sido aún más negativa en estos tres años. De la pérdida de 4,2% de poder de compra en la llamada Ronda Puente de julio de 2020 a junio de 2021, para el siguiente período de dos años apenas se pudo establecer una recuperación de 1,6% a cambio de mantener beneficios relativos a condiciones de trabajo y evitar algunas disposiciones perjudiciales que venían planteadas en los lineamientos del Poder Ejecutivo.
El único sector de trabajadores rurales que evitó la pérdida salarial fue el Grupo 24, correspondiente a los trabajadores de la forestación, puesto que cuando se discutió la Ronda Puente en 2020 tenían convenio vigente. Ni al gobierno ni a la patronal del sector plantearon dificultades para hacer frente a lo estipulado en el convenio, que era básicamente mantener el salario real. Esto abona la hipótesis de que la caída de salario real que se impuso a los trabajadores agropecuarios (Grupos 22 y 23 de consejos de salarios) no era necesaria para mantener el funcionamiento de las empresas ni los puestos de trabajo, sino que se trató una medida con base ideológica, reduciendo el salario real de los trabajadores al barrer, afectando a trabajadores de salarios muy bajos en sectores que no habían sido afectados por la pandemia, sino al contrario.
Esperamos que este 30 de abril sea de lucha, por una mayor unidad entre los trabajadores de la ciudad y el campo, los que movemos la rueda, mientras el 1% más rico (aquellos que tienen propiedades en el campo, pero en general viven en la ciudad) se queda con la parte del león. ¡¡¡A dar vuelta la taba!!!
(*) Economista.
Foto de portada:
Trabajadores rurales durante una cosecha de calabacines en una chacra en Canelones. Foto: Daniel Rodriguez /adhocFOTOS.
