Los colombianos exigen el fin de las masacres y la violencia policial

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En entrevista, el dirigente sindical colombiano Francisco Maltés habla de las manifestaciones que se han producido desde finales de abril y que han sido duramente reprimidas, y anuncia la voluntad de la oposición de buscar soluciones a la grave crisis que afecta a Colombia.

El director de la Comisión Nacional de Paralización y presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Francisco Maltés Tello, enfatizó sobre “la determinación de iniciar negociaciones sobre la Tarifa de Emergencia entregada al gobierno el año pasado y llegar a un acuerdo” por escrito, para mejorar las condiciones de vida de las personas ”.

Según Maltés, los movimientos están dispuestos a reunirse “cuando el presidente Iván Duque lo considere” y creen que “el primer punto deben ser las garantías necesarias para ejercer la protesta social en Colombia, que cesen las masacres y el uso excesivo de la fuerza”.

“Estamos en diálogo con Naciones Unidas y la Iglesia para que sigan siendo garantes del proceso de negociación. Porque ya 50 jóvenes han sido asesinados, hay entre 300 y 400 desaparecidos y están documentados más de dos mil casos de todo tipo de abusos por parte de la policía”, condenó.

Maltés destacó el éxito de la huelga iniciada el 28 de abril, que cuenta con el apoyo de diferentes gobiernos que luchan contra la cobarde represión, la fuerza que le da la inmensa “diáspora” de cinco millones de colombianos y la “impresionante solidaridad del movimiento sindical internacional”.

El mandatario abordó la lucha y como promete en días promisorios: “Derribamos la reforma tributaria, derrocamos al Ministro de Hacienda y al Ministro de Relaciones Exteriores. Seguiremos avanzando ”.

Francisco Maltés Tello, presidente de CUT Colombia y la Comisión Nacional de Paralización, denuncia acciones criminales del gobierno de Iván Duque

En todas las manifestaciones, el Comité Nacional de Paralización ha hecho hincapié en enterrar el “nuevo paquete” del presidente Iván Duque. ¿Cuáles fueron estas nuevas medidas gubernamentales?

Este gobierno ha estado haciendo reformas por la puerta trasera, a escondidas. El caso es que en 2019 los indicadores sociales se desplomaron en el país, sin la pandemia [que oficialmente cobró más de 80.000 muertes, con tres millones de casos]. Ese año, la tasa de desempleo subió a dos dígitos. Llevábamos dos años en un solo dígito y dimos un salto, con un millón trescientos cincuenta mil nuevos pobres.

Según la Oficina de Estadísticas de Colombia, la persona es pobre si gana menos de tres dólares diarios y miserable, en estado de pobreza absoluta, si gana menos de un dólar y medio.

Ante esta situación, organizamos una huelga el 21 de noviembre de 2019 contra el paquete de Duque por la vida, la paz y la democracia. ¿Por qué juntamos estas afirmaciones? Por la paz, porque este gobierno sigue comprometido con poner fin al proceso de pacificación firmado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) – imponiendo todo tipo de obstáculos políticos, económicos y legales; de por vida, porque hay una acción sistemática de masacres y asesinatos de líderes sociales; y por la democracia, porque tratan de silenciar a la prensa, limitar la libertad de cátedra y restringir la opinión.

“Hicimos huelga por la paz, porque el gobierno sigue comprometido con acabar con la pacificación con las FARC; de por vida, porque hay una acción sistemática de masacres y asesinatos de líderes sociales; y por la democracia, porque tratan de silenciar a la prensa, limitar la libertad de cátedra y restringir la opinión ”

Luchamos contra el paquete porque había una reforma laboral y previsional en marcha, además de una reforma tributaria que tenía como eje central los impuestos indirectos que sobrecargaban brutalmente la canasta básica.

Entonces, el 21 de noviembre organizamos un paro que fue muy exitoso, muy parecido al de Chile. Y esta huelga en gran parte no ha terminado, se suspendió a fin de año, porque somos una sociedad 95% católica, apostólica y romana. Y luego de la “Noche de las Velitas” [La Noche de las Velas, el 7 de diciembre, cuando se celebra la Inmaculada Concepción, dando inicio a las celebraciones navideñas], la gente comienza a desmovilizarse. Es una tradición familiar católica, que celebramos con cupcakes, vino y todo lo que nos corresponde.

Sin embargo, hubo fuertes movilizaciones hasta el 22 de diciembre cuando el gobierno y el Congreso aprobaron, a la medianoche, la reforma tributaria. ¿Y que pasó? Redujeron los impuestos a los grandes empresarios y, en el Impuesto a la Renta, les permitieron ahorrar 12 mil millones de pesos [más del 1% del PIB de US$ 323 mil millones en 2019]. Alzamos la voz en contra de la donación de este dinero a los ricos, porque agravaría la situación en el país más adelante. Pero lo aprobaron.

Y llegó la pandemia y el encierro.

Entramos en confinamiento a mediados de marzo. Y el gobierno comenzó, con base en la Declaración de Emergencia Económica, a hacer artículos y reformas para restringir los derechos. El elemento clave en este proceso fue la expedición del Decreto 1174, que es una reforma laboral y previsional que suprime derechos y precariza las relaciones laborales.

Este decreto fue emitido unilateralmente por el gobierno, sin escuchar la opinión de los trabajadores. Cabe recordar que aquí tenemos una Comisión de Consulta, en la que se deben abordar todos los temas laborales, que es tripartita [formada por trabajadores, empresarios y el gobierno], como en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Lo pasaron por alto y lo aprobaron.

Por eso decimos que es un nuevo paquete, porque después del decreto 1174 quieren imponernos otra Reforma Laboral y Previsional. Una situación de barbarie.

Luego, el 20 de junio del año pasado, presentamos una Agenda de Emergencia, un plan de choque para salvar vidas, mantener empleos y reactivar la economía. Y al gobierno ni siquiera le importaba. Porque sabía que el miedo a la pandemia, en ese momento, dificultaba mucho nuestra movilización. Nuestras manifestaciones fueron restringidas.

¿Y qué hizo que las movilizaciones se multiplicaran con tanta fuerza en 2021?

Este año, con la vacuna, la gente ya había asimilado más la situación de pánico que antes. Predijimos que vendría un nuevo recorte de derechos y dijimos: paro nacional el 28 de abril. Y el gobierno empezó a anunciar el aumento de los impuestos indirectos sobre todos los bienes que tuvieran algún grado de elaboración: pan, queso, chocolate, café … En unos casos del cinco al 19%, de otros del cero al 19%. En definitiva, un impacto inmenso en todas las canastas básicas de alimentos, en medio de una situación que solo se agrava.

“En 2019 tuvimos un millón trescientos cincuenta mil nuevos pobres, y en 2020 otros tres millones y medio de nuevos pobres. Actualmente, el 41,5% de la población colombiana se encuentra en la pobreza y alrededor del 15% en la miseria. 17 millones de colombianos, un tercio de la población, se van a dormir con algún grado de hambre ”

Porque en 2019 teníamos un millón trescientos cincuenta mil nuevos pobres, y en 2020 otros tres millones y medio de nuevos pobres. Actualmente, el 41,5% de la población colombiana se encuentra en la pobreza y alrededor del 15% en la miseria. Según la Oficina de Estadísticas, 17 millones de personas van a dormir con algún grado de hambre en el país, un tercio de la población. Entonces, si te vas a dormir con hambre y todavía te van a imponer un Impuesto al Valor Agregado (IVA) al café … Somos como Brasil, tomamos café todo el día. Eso fue el colmo.

En medio de la crisis derivada de la recesión y la pandemia, se presentó una nueva lista de demandas. ¿Cuáles son los puntos principales?

Intervención estatal en el sistema de salud para garantizar la atención en la pandemia, estableciendo todas las medidas de bioseguridad necesarias y formalizando puestos de trabajo para todos los profesionales de la salud; Renta básica de emergencia de al menos un salario mínimo legal vigente durante seis meses, para los treinta millones de personas que viven en la pobreza, vulnerables y afectadas por la crisis; Moratoria al pago de créditos a la vivienda y al consumo, al pago de servicios públicos (agua, luz, internet y gas) por cuatro meses, prohibiendo cortarlos. Proponemos la defensa de la producción nacional (agrícola, industrial, artesanal y campesina) y el empleo con derechos. Defensa de la soberanía y seguridad alimentaria: condonación de créditos agrícolas, subsidios a la producción de campesinos, pequeños y medianos productores, y un programa de contratación pública para la producción agrícola.

Las condiciones de los trabajadores y jubilados no se deteriorarán. Apoyo al sistema de educación pública para garantizar la matrícula en instituciones públicas de educación superior, subsidios para la continuación de estudios en instituciones privadas de educación superior y apoyo al sector cultural.

Defendemos el no retorno a las clases presenciales para el sistema educativo sin garantías y la derogación de los decretos de emergencia que han deteriorado las condiciones de vida económica y social. subvenciones para la continuación de estudios en instituciones privadas de educación superior y apoyo al sector cultural.

Defendemos el no retorno a las clases presenciales para el sistema educativo sin garantías y la derogación de los decretos de emergencia que han deteriorado las condiciones de vida económica y social. subvenciones para la continuación de estudios en instituciones privadas de educación superior y apoyo al sector cultural. Defendemos el no retorno a las clases presenciales para el sistema educativo sin garantías y la derogación de los decretos de emergencia que han deteriorado las condiciones de vida económica y social.

“El Estado cuenta con al menos las siguientes fuentes de recursos para superar la crisis: emisión de moneda; hacer uso de las reservas internacionales; realizar una moratoria temporal y renegociar la deuda pública externa; y suspender exenciones fiscales para grandes empresas y capital financiero ”

Al mismo tiempo, el Comité Nacional de Cierre presentó una propuesta de fuentes de financiamiento. ¿De dónde vendrían los recursos?

Para atender estas solicitudes, el Estado cuenta con al menos las siguientes fuentes de fondos: emisión de moneda; hacer uso de las reservas internacionales; realizar una moratoria temporal y renegociar la deuda pública externa; y suspender las exenciones fiscales para las grandes empresas y el capital financiero.

Ha dicho en varias entrevistas que los colombianos salieron a las calles para evitar el hambre.

Exactamente. La gente elige entre morir en silencio o luchar por su dignidad. Y se han ido desde el 28 de abril. En esta reforma tributaria, Duque esperaba recaudar 30 mil millones de pesos. Cerca de ocho mil millones de impuestos indirectos, 19 mil millones de impuestos sobre salarios y pensiones. Trabajadores que ganaron más de $700 y jubilados que ganaron más de $1300. Y los millonarios solo pagarían 3 mil millones de pesos. El peso de la crisis volvería a caer sobre nuestros hombros y se rompería en nuestros bolsillos.

Actualmente, los trabajadores que reciben más de $ 1,300 continúan pagando impuestos sobre la renta y los jubilados y pensionistas no. Con la reforma de Duke habría un gran revés. Además, el gobierno quería congelar los salarios de los funcionarios durante cinco años. Congelar salarios, subir impuestos y subir el precio de la canasta básica de alimentos. Como Bolsonaro.

De ahí la enorme adhesión al movimiento.

El paro fue un éxito. Derribamos la reforma, derrocamos al Ministro de Hacienda y al Ministro de Relaciones Exteriores, que cuando llegó toda la presión internacional dijo que Naciones Unidas se estaba entrometiendo en lo que no debería haber estado haciendo. Eso es lo que la señora le dijo a la ONU.

Entonces derrocamos a dos ministros, una reforma, y ​​el gobierno pensó que la huelga iba a durar un día y que la gente se iría a casa. La gente respondió: no me molestes [no me jodas].

Ahora mismo estamos en diálogo con Naciones Unidas y la Iglesia para que sigan siendo garantes del proceso de negociación. Debido a que aquí ya han sido asesinados 50 jóvenes, hay entre 300 y 400 desaparecidos, una cifra muy difícil de calcular, y hay documentos de más de dos mil casos de todo tipo de abuso de fuerza por parte de la policía.

¿Cómo es la defensa de la no militarización y las garantías democráticas de la protesta, que son puntos destacados en la agenda de demandas?

Nos reunimos el lunes con el gobierno, que dijo que no negociaba, que hablaba y que en Colombia los derechos humanos estaban bien. Entonces les dijimos: bueno, ya que es así, adiós. Sigue tu camino que seguiremos con el paro. Unas horas después de tomar esta decisión, el comisionado de paz, que se encuentra en negociación, hizo un comunicado público diciendo que el gobierno estaba dispuesto a negociar. Entonces dijimos: correcto, negociación. Sin embargo, faltan garantías.

¿Y cuáles son las garantías que reclama el movimiento?

Primero, que cese el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía; segundo, desmilitarizar la protesta social, porque el ejército de toda nuestra región se guió por la teoría del enemigo interno. Dijimos que este ejército debería preservar las fronteras. En tercer lugar, se deben detener las masacres y, en cuarto lugar, se deben imponer sanciones disciplinarias o penales a los involucrados en los asesinatos y el uso de fuerza excesiva. Manteniendo el debido proceso, que es un derecho universal, que sean investigados en sus acciones.

¿Se trataron estos puntos en las Naciones Unidas?

Exactamente, estos fueron los puntos que defendimos el viernes por la tarde (14) con Naciones Unidas. Tenemos la mejor intención de llegar a un acuerdo, pero primero necesitamos garantías garantizadas. No nos vamos a sentar a la mesa para hablar, negociar, mientras se mata a los jóvenes.

Colombia es un país infestado de bases militares estadounidenses. ¿Y cómo se comporta el gobierno de Duque al respecto?

Duque vive de rodillas. Así resumo su comportamiento.

¿Y qué hay de las repercusiones internacionales de las masacres ocurridas?

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió recientemente un comunicado informando que en Colombia había un uso excesivo de la fuerza por parte de la policía. Hubo dos pronunciamientos que decían que es necesario detener el uso excesivo. Como Canadá, la Comunidad Europea, y el presidente de Argentina.

Y lo más importante es que hemos recibido una solidaridad impresionante del movimiento sindical internacional y de toda la diáspora colombiana, como la llamamos. Porque hay más de cinco millones de compatriotas en todo el mundo, colombianos que no han encontrado una oportunidad laboral aquí. Estamos peor que en Venezuela, lo que pasa es que aquí tenemos un gobierno aliado con el imperio y hay poca repercusión en los medios internacionales sobre la gravedad del problema.

En este momento de unidad y movilización, los colombianos están allanando el camino para la solución de sus problemas. ¡Ganaremos!

Fuente: Vermelho