El SUNCA celebró los 10 años de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial.
Con una sala desbordada de obreras y obreros el SUNCA, rodeado del movimiento sindical, celebró en el Parlamento los 10 años de la aprobación de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial, cuya aplicación implicó una baja sustantiva en las muertes y en los siniestros laborales.
La Ley fue fruto de una acumulación histórica y de tres años de grandes movilizaciones, debates, miles de asambleas y más de 300 mil firmas recolectadas en su respaldo. Un panel integrado por Daniel Diverio, secretario general del SUNCA; Héctor Abad, secretario de Seguridad, Higiene y Salud Laboral del SUNCA; el ex diputado Luis Puig, que presentó el proyecto de ley; Oscar López Goldaracena, que participó en la elaboración del proyecto y encabezó su defensa ante el recurso de inconstitucionalidad del que fue objeto; Lorena de León, abogada del SUNCA y el senador Oscar Andrade, secretario general del SUNCA en el momento en que se aprobó la ley.
Diverio expresó que la Ley de Responsabilidad Empresarial se vincula, directamente, con la participación de los trabajadores organizados en el desarrollo de la sociedad.
Destacó una “herramienta fundamental” que posibilitó la aprobación de la Ley: “cientos de miles de trabajadores de todo el país dispuestos a pelear para construir esto”. A la votación en mayoría dentro del Parlamento la acompañaron las “decenas de miles de manos” que estaban afuera del Palacio Legislativo al momento de la votación.
Diverio reconoció las conquistas históricas que permitió esta Ley como que en cada centro de trabajo haya un delegado de seguridad electo por sus compañeros y compañeras con la potestad de parar una obra si entiende que hay riesgo, la presencia los técnicos prevencionistas para trabajar en los protocolos de seguridad, entre otras.
Sin embargo, señaló que más allá de la herramienta jurídica “el papel fundamental lo juega la propia organización. El 80% de los siniestros mortales se dan en obras o centros de trabajo que no tenemos organización o sea que la garantía somos los propios trabajadores y trabajadoras organizados reclamando nuestros derechos”.
“Vuelvo a reiterar – dijo al cerrar su intervención – la herramienta más importante que tenemos son nuestros delegados y delegadas de seguridad que todos los días se forman y se pelan las patas en las obras para asegurar que ningún compañero se siniestre”.
Abad destacó la aprobación de la ley y afirmó que ahora el SUNCA plantea tres nuevos instrumentos: Registro de Empresas infractoras, una ley de Seguridad Laboral y una Fiscalía especializada en Enfermedades y Siniestros del Trabajo.
Puig remarcó que “las luchas obreras explican todos los avances sociales y en derechos. La ley de 8 horas que se aprobó a principios del siglo XX y que a veces se presenta como un logro de sectores políticos progresistas, estuvo 10 años trancada en el Parlamento y cuando se aprobó el propio Batlle y Ordóñez reconoció que la totalidad de los gremios organizados la habían conquistado con lucha”.
Para Puig: “Esta ley nunca hubiera llegado a ser si no hubiera existido la movilización de miles de trabajadores durante meses”.
López Goldaracena recordó que hubo un recurso de inconstitucionalidad que provocó “un intenso debate en la Suprema Corte de Justicia, jurídico y lo ganamos”.
“¿Cómo lo tomó la sociedad? Los índices de siniestros laborales comenzaron a bajar, por esta Ley y porque se cumplieron otras leyes, decretos, un extenso cuerpo normativo. Hubo luego un relajamiento, si no se aplica correctamente la ley, se elastiza la conducta”, destacó.
Expresó la necesidad de comprometer a los partidos políticos para que se generen “políticas públicas para asegurar la correcta aplicación de las normas de protección de la seguridad en el trabajo”.
De León planteó que “los trabajadores no deberían poner en juego su integridad y su vida, pero dependen de su trabajo. Hay una tentación por señalar al trabajador cuando ocurre un accidente, eso desconoce la realidad de las relaciones laborales, a que se expone un trabajador cuando denuncia algún incumplimiento”, indicó.
Finalizó llamando a “poner el foco en la prevención, la fiscalización y en que se brinden los recursos para poder prevenir los siniestros de trabajo”.
Andrade comenzó destacando que “es un enorme orgullo cuando tus compañeros te eligen delegado sindical” pero “de las tareas más difíciles para un delegado es el momento de un siniestro, la mayoría de las veces nos toca informar a la familia del compañero que falleció”.
“Este es un sector que siempre intentó darle centralidad a la condición de trabajo, a la vez que al salario”, dijo y recordó la Comisión Tripartita que fue el embrión de la Ley de Consejos de Salarios, las luchas posteriores, hasta llegar a la Ley de Aporte Unificado, de 1970, a la que calificó como “una joya”.
Destacó que el SUNCA es el único sindicato de la construcción del mundo que decidió responder a un siniestro mortal con un paro de actividad.
“Partimos de la convicción de que depende de la forma en que el trabajo se organiza si un trabajador puede salir más o menos destrozado, entonces, ¿qué puede ser más importante en una plataforma desde un punto de vista ético?”, se preguntó.
El senador explicó que la Ley de Responsabilidad Penal fue “un punto de inflexión, pero como parte de una estrategia, nunca apostamos todo a lo penal. Ahora, cuando todo lo demás fracasó y se genera una situación dramática no queremos que quede impune, si es que hubo responsabilidad en la organización del trabajo de que quede destrozada una familia. Pero el océano de impunidad que tenés en esto es brutal”.
“Es larga la lucha que hemos dado para dejar de trabajar casi como bichos, literalmente, porque veníamos de que un tanque enterrado en el piso era el baño”, enfatizó Andrade,
“¿Qué es lo que estamos celebrando hoy? Que cuando votamos esta ley, en el quinquenio previo, teníamos una tasa de arriba de 50 mil accidentes por año registrados en el Banco de Seguros y un trabajador muerto por semana. Estamos a 10 años y miramos el quinquenio último y la tasa de siniestralidad bajó a 28 mil y la cantidad de trabajadores muertos al año es de 27, casi la mitad de cuando votamos la ley. Nos planteamos que esta ley iba a impactar, junto con un conjunto de medidas que nunca dejamos de tomar, en que bajaran los siniestros y si bajaba en uno, valía la pena”, sostuvo.
“También peleamos por la seguridad y la vida cuando bajamos las horas de trabajo en la semana, cuando bajamos la bolsa de portland de 50 quilogramos a 25, o cuando logramos ropa de trabajo, o mejores condiciones de alimentación o cuando mejoramos el salario para que no estes obligado a trabajar el fin de semana para poder comer”, dijo.
Andrade recordó que el mismo año de la Ley se aprobó el nuevo Decreto de Seguridad Laboral que establece “más tiempo para que el delegado de seguridad recorra las obras, más cursos, más posibilidades para el técnico prevencionista y la posibilidad de fiscalización obrera en las obras”. Indicó que con eso hicieron “otro escándalo” . “En diez años hubo muchas detenciones de obra y no encontraron una detención mal hecha”, destacó.
El legislador ejemplificó la campaña en contra de la ley con una tapa de El Observador que decía: “Empresarios al paredón”; entre muchas otras.
Indicó que cuando se planteó la inconstitucionalidad de la ley hubo muchos abogados y juristas que la defendieron, Chargoñia, Pérez Pérez, Korzeniak, Álvarez Petratglia, entre ellos, destacando a López Goldaracena y “del otro lado solo era manija”.
Andrade recordó que se esgrimieron tres argumentos contra la ley: que era inconstitucional, que iba a provocar miles de empresarios presos y que no iba servir para nada. “La Suprema Corte de Justicia la declaró constitucional, no hay miles de empresarios presos que nunca fue el objetivo y los resultados son indiscutibles”, ejemplificó.
“Hay que seguir trabajando por defender la dignidad humana. El trabajador tiene derecho a su dignidad”, finalizó.
