Ministerio de Seguridad argentino tiene 72 horas para responder pedido de la justicia por «protocolo Bullrich»

Una denuncia presentada el pasado 18 de diciembre por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), dio lugar a que un juez argentino dispusiera que el ministerio de Seguridad dirigido por Patricia Bullrich, presente en un término de 72 “un informe donde explique en detalle con qué fundamentos jurídicos se confeccionó esa norma, si tuvo dictámenes previos de áreas especializadas y qué entidades nacionales e internacionales fueron consultadas”.

De acuerdo a Página 12, la justicia quiere conocer «si existió un examen de adecuación a las normas internacionales de derechos humanos», así como si se han presentado “denuncias por la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales”.

El caso por la denuncia del MST, explica el medio de prensa, es tramitado “como un habeas corpus” y el juez actuante “analiza si otorgará una medida cautelar para suspender el protocolo anti-manifestaciones y evaluar su constitucionalidad”.

En su búsqueda de legalización del Protocolo, detalla el diario argentino, Bullrich “pidió a la Fiscalía penal contravencional y de faltas 17 que identifique a «organizaciones» y supuestos «responsables» y se les exija «solventar los costos del operativo desplegado por las fuerzas federales» ante las manifestaciones los días miércoles, jueves y viernes de la semana pasada”.

Según el posteo realizado por la ministra, “los gastos totales de Gendarmería, Policía Federal, Prefectura y PSA fueron de 134.486.038,09 pesos”.

Según sus expresiones, la ministra han insistido que haría cumplir el protocolo para según sus expresiones “despejar la calle”.

El propósito de Bullrich de criminalizar la protesta social ha sido señalado por un informe redactado por relatores de Naciones Unidas y por diferentes organizaciones sociales y de derechos humanos.

La posición de los relatores especiales de la ONU fue comunicada, mediante una nota al gobierno de Javier Milei, en la que afirman “que ni el protocolo ni el capítulo sobre seguridad de la Ley Ómnibus son compatibles con el derecho internacional de los derechos humanos”.

En ese sentido, recuerda el medio de prensa, “el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), el CeProDH y la Asociación de Reporteros Gráficos (Argra) pidieron a la Comisión Interamericana que tome medidas de protección para trabajadores de prensa, defensores de derechos humanos y manifestantes”.

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