Un auténtico esperpento jurídico. El proyecto de ley de Reparación a las víctimas de la violencia No estatal presentado por el Poder Ejecutivo con la firma de todos los ministros, aprobado de apuro, sin recorrer los tradicionales cauces democráticos para que no faltaran votos en la reforma jubilatoria, el pasado miércoles 28 de diciembre, es un adefesio. Por lo que dice y, muy especialmente, por las omisiones que contiene. Pero es más que eso. Los cabildantes y los nostálgicos no dan puntada sin hilo: apuntan a la memoria pública colectiva y a alimentar la teoría de los dos demonios.
Gastón Grisoni (*)
El proyecto invoca a las personas fallecidas como resultado de la violencia y de los enfrentamientos de esos años. Sin decirlo, induce a pensar que son las víctimas del período. Se reivindica su derecho a ser reparadas, aunque es público y notorio que una parte importante de ellas, muy especialmente los oficiales superiores, ya lo fueron.
Los promotores responsabilizan a la oposición y a las organizaciones de DDHH por no haber propiciado su resarcimiento. El Ministro de Defensa Nacional habla en los medios de víctimas de primera y segunda categoría, hace hincapié en la injusticia de que no hayan sido contemplados por el Estado, se reivindica su derecho a ser reparados. Los defensores públicos de los terroristas estatales lo presentan como un proyecto humanitario y altruista para contribuir a la paz social y cerrar heridas.
Poner en segundo plano al terrorismo de Estado
Con la ayuda generosa de los medios, por la vía de los hechos, sin mencionarlo, se intenta hacer desaparecer de la agenda pública y mediática, las atrocidades cometidas por el terrorismo de Estado.
Es una iniciativa destinada a llamar la atención y poner en el foco de la atención pública a las víctimas indirectas de la violencia que generaron los grupos gobernantes de la época, luego de la muerte del general Oscar Gestido. La asunción de Jorge Pacheco Areco significó el abandono de la tradicional política negociadora del batllismo para la resolución de los conflictos sociales. Jorge Pacheco Areco impuso las Medidas Prontas de Seguridad el 13 de junio de 1968 y las mantuvo hasta mediados del año 1971.
Pacheco Areco y su política autoritaria, represiva, para aplicar las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), generó un enorme clima de tensión social, de conflictividad y de violencia nunca conocida a esos niveles que desembocó en el terrorismo de Estado.
A pesar de que el año 2022 se caracterizó por el elevado número de represores que fueron condenados por el Poder Judicial luego de un largo proceso de denuncias presentadas por las víctimas directas y/o sus familiares y por los escasos avances en la búsqueda de los detenidos desaparecidos, la agenda pública se ha centrado por la presencia en los medios de comunicación de los tres senadores de Cabildo Abierto propiciando esta iniciativa. De manera reiterada y obsesiva han participado en los programas informativos y de entretenimiento, explicando una y otra vez la iniciativa.
Santifica, indirectamente, a los criminales condenados
Al mismo tiempo, indirectamente, sin señalarlo, por el contrario, por oposición, por contraste, pretende maquillar y embellecer a los criminales que se encuentran procesados y condenados por su participación en las mismas. Pasan a un lejano segundo plano.
Cabildo Abierto ha propuesto reimplantar la Ley de Caducidad para que los criminales del terrorismo estatal no fueran condenados. Ha hecho su defensa pública una y otra vez y ha presionado, de manera obscena, al Poder Judicial y denigrado al Fiscal Especializado en Crímenes de Lesa Humanidad doctor Ricardo Perciballe.
Mediante este proyecto de ley, con la complicidad del resto de los integrantes de la coalición gubernamental, pretende, de manera indirecta, quitar gravedad a las desapariciones forzadas, a los secuestros de niños, a los asesinatos, a las torturas, a las calamidades sufridas por miles de exiliados y de insiliados forzosos.
Una realidad estremecedora: el terrorismo de Estado
El proceso iniciado el 13 de junio de 1968 cuando Jorge Pacheco Areco implantó las Medidas Prontas de Seguridad desembocó en el terrorismo de Estado. La dictadura civil militar fue la respuesta de los grupos de poder dominantes a la crisis económica del país que se manifestó desde 1955. La dictadura fue un proyecto global e integral de país que se impuso en América Latina y especialmente en el Cono Sur impulsado desde EEUU como ha quedado documentado.
En el Uruguay, en materia de derechos humanos los costos fueron extraordinarios: casi doscientos detenidos desaparecidos luego de haber sido secuestrados y torturados, en Uruguay y en los países de la región, casi doscientos asesinados en ejecuciones extrajudiciales, supuestos enfrentamientos armados, en las salas de tortura o en los campos de concentración, para un país con una población que no superaba los tres millones de habitantes.
A diferencia de lo ocurrido en otros países de la región, la metodología predominante seleccionada por los dueños del poder para reprimir y aterrorizar a la sociedad uruguaya fue la prisión masiva de ciudadanos, asociada a la tortura y a la prisión prolongada en lugares emblemáticos de reclusión. Uruguay fue el país con la mayor cantidad de prisioneros políticos en proporción al número de habitantes. Según información proporcionada por la Región Militar Nº1 en el año 1976, se calculaba en más 20.000 las personas que habían estado en dicha situación desde 1968. Según las cifras oficiales, más de 7.000 personas fueron formalmente condenadas por tribunales militares, sin garantías de ningún tipo e internadas en centros diseñados para la destrucción física, síquica y moral.
Como han señalado los propios promotores de la iniciativa, las reparaciones económicas no son el centro del proyecto. El centro son las reparaciones simbólicas, para alimentar la teoría de los dos demonios y quitar grave y significación al terrorismo de Estado como un proyecto global de los dueños del poder de la época.
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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.
Foto de portada:
La Tablada, unos de los sitios de Memoria en Uruguay. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS.