Organizaciones exigen “renta básica para personas en situación de discapacidad”

En el Día de las Personas en Situación de Discapacidad las organizaciones sociales exigieron al gobierno ser tomadas en cuenta:
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PROCLAMA:

“Otro año más nos encontramos marchando en el Día Internacional de las Personas en Situación de Discapacidad, defendiendo nuestros derechos ya conquistados y planteando nuestras reivindicaciones. Derechos conquistados por largas luchas históricas y reivindicaciones que nos permiten acortar la brecha de desigualdades e injusticias sociales. Este año, alzaremos nuestras voces y nuestras manos bien alto porque nos arrancan derechos, nos roban dignidad. Las organizaciones sociales estamos alerta ante los atropellos sistemáticos cometidos en estos aproximadamente seis meses, donde derechos conquistados por nuestro colectivo a lo largo de la historia, se ven amenazados por nuevos proyectos de ley y un sinfín de políticas de recorte, de las cuales nunca hemos sido consultades.

Uruguay es parte de la Convención Internacional de Derechos de las Personas en situación de discapacidad, que expresa claramente: “Nada sobre nosotres, sin nosotres”, pero tristemente se viene omitiendo. Hoy nos movilizamos porque es nuestro derecho pero también nuestro deber con y para las próximas generaciones, organizarnos, luchar y defender cada conquista. Muches compañeres que ya no están dieron la batalla por todos los derechos que hoy tenemos. dedicando su vida a esta lucha y nosotres tenemos la obligación de defender todo lo logrado, e ir por todo lo que aún falta.

Entendemos que esta lucha debe ser colectiva y amplia, porque estamos hablando de derechos humanos, y por ello no podemos permitir retroceder ni un solo paso, por eso queremos saludar a quienes se ponen la lucha al hombro, de forma solidaria y desde la convicción de que una sociedad más justa es aquella que es inclusiva, haciéndonos sentir que no estamos solas y solos.

Somos miles en todo el país y en Latinoamérica las personas en situación de discapacidad que con la excusa de COVID-19 hemos sido víctimas de un sistema neoliberal y capitalista atroz que nos viene arrancando derechos, robando dignidad.
Nos arrancan derechos cuando nos dicen que la educación será especial, generando diferencias y desigualdades para la población en situación de discapacidad, también cuando se les permite a los centros de estudio rechazar a niñes, adolescentes y adultes en situación de discapacidad, excluyéndolos. Quienes gobiernan son responsables de garantizar un sistema de educación inclusiva, esto implica que todes les niñes aprendan juntes, independientemente de la condición personal, económica, social y cultural de las personas en situación de discapacidad, lo que se relaciona directamente con el medio político, para que logremos acercarnos a la verdadera concepción del desarrollo humano.

Debe ser necesariamente desde la óptica de la diversidad, esto conlleva una postura ética a favor de la igualdad de atención, a partir de garantizar las condiciones y medios para que todes aprendan y se desarrollen. Esto requiere indiscutiblemente más presupuesto para la educación. Nos arrancan derechos cuando realizan recortes injustificados, que imposibilitan el acceso de forma gratuita y con todos los ajustes razonables a las diferentes capacitaciones que tenían como objetivo permitirnos una mínima herramienta para lograr el ingreso al mercado laboral. Nos arrancan derechos al unificar el Sistema Nacional Integrado de Cuidados y Pronadis, recortando programa y presupuesto, destinados a dar mayores garantías por parte del Estado, fomentar una vida más digna y con la mayor autonomía posible a una población históricamente vulnerada como lo es nuestro colectivo.
Nos arrancan nuestros derechos cuando reducen significativamente el presupuesto destinado al Sistema de Cuidados dejando a miles de familias y usuarios sin cobertura de asistentes personales. Nos arrancan derechos cuando el Centro Nacional de Ayudas Técnicas escasea en sus prestaciones y demora en dar soluciones a quienes necesitamos respuesta para poder acceder a apoyos técnicos y así poder solventar nuestra más básica autonomía. Compañeros, a seguir luchando.

Nos arrancan derechos cuando aprueban y reglamentan la ley del tapabocas inclusivo, que no fue consultada a la comunidad sorda, que no nos asegura la permanencia de les intérpretes de lengua de señas, atentando y no dando garantías futuras al cumplimiento de la ley 17.378 de reconocimiento de la Lengua de Señas uruguaya, intentando de esta manera imponer un sistema oralista, con el cual la comunidad sorda ha luchado a lo largo de toda la historia. Nos arrancan derechos cuando presentan un nuevo proyecto de Ley de Medios, que tiene por objetivo cambiar los artículos que brindan accesibilidad a nuestra información.

Nos arrancan derechos al pretender aprobar una ley de teletrabajo, que creemos no es necesaria, por ello exigimos el cumplimiento de las leyes de cuotas en los sectores públicos y privados. El trabajo lo queremos como primera herramienta social y no a través del teletrabajo que nos aísla y nos margina. Consideramos que el teletrabajo deberá hacer unos ajustes para los casos en que realmente sea necesario, en los que el empleador debe ser responsable de garantizar las condiciones necesarias de trabajo y las adaptaciones necesarias para quien lo requiera.

Nos arrancan derechos al desmantelar el Instituto General Artigas y el Instituto Tiburcio Cachón, sin dar funcionalidad futura a las personas ciegas y a no tener una rehabilitación de calidad e integral como lo necesitamos.

Nos arrancan derechos cuando se ignora la violencia basada en género que sufren las mujeres, niñas y adolescentes en situación de discapacidad, población doblemente vulnerada por el sistema patriarcal y opresor, que cuando se interseccionaliza con lo étnico, racial, identidad de género u orientación sexual, esta vulnerabilidad se multiplica. Frente a este tipo de violencia, venimos reclamando respuestas del Estado, quien hasta este momento está completamente ausente.

En la actualidad, el encierro provocado por la emergencia sanitaria por COVID-19 ha incrementado considerablemente los casos de violencia de género, donde las víctimas deben convivir con su victimario, y donde la vida de estas mujeres corre peligro. Tampoco podemos dejar de mencionar la opresión sufrida por la dependencia económica que no les permite a las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar independizarse y salir de ese hogar, exponiendo su vida cotidianamente.

Esto se encuentra directamente relacionado a la existencia de múltiples barreras que impiden el acceso al trabajo. Con cada derecho que nos arrancan nos están robando dignidad. Exigimos el cumplimiento de las leyes 18.651 y 19.691. Exigimos trabajo pleno para poder vivir con dignidad. Porque las políticas que se están llevando adelante no apuntan a un cumplimiento de estas leyes, donde cada vez la tasa de desempleo es mayor, afectando en mayor grado a las personas en situación de discapacidad. Por todo lo mencionado, es necesario tener en cuenta lo que la Convención Internacional de Derechos para las Personas en Situación de Discapacidad destaca y asegura, que la mayoría de las personas con discapacidad viven en una situación de mayor pobreza y vulnerabilidad, donde el nivel de vida y protección social debe de ser adecuado, donde los Estados parte reconocen que las personas con discapacidad y sus familias tengan asegurados los derechos fundamentales, como la vivienda, salud, educación, el sistema de cuidados y el trabajo. Por ello, exigimos un mayor compromiso e inversión del Estado en el cumplimiento de estos derechos.

La Convención Internacional de Personas con Discapacidad hace un claro énfasis en el derecho a la seguridad económica y social de nuestro colectivo, el derecho a la mayor autonomía posible, en un sistema regido por las leyes del mercado, donde todo está en compra y venta. Pero este derecho, que se encuentra vedado, no es posible, si no hay derechos que tutelen por las personas en situación de discapacidad. La autonomía como fuente principal de la dignidad humana no se puede concretar si no se rompen las barreras físicas, sociales, discriminatorias y económicas. Por lo tanto, el Estado debe garantizar recursos para que la igualdad, equidad, autonomía y el pleno goce de los derechos humanos fundamentales sean una realidad.

En Uruguay el 15,9% de la población tiene algún tipo de discapacidad, de éstos, el 21,27% es la más vulnerable social y económicamente. Esto debe interpelarnos como sociedad y el Estado debe estar más presente para los más desfavorecidos, ya que, además, las personas con discapacidad son muchas veces, multi vulneradas, por su discapacidad, por el género, raza, etnia, edad, identidad de género y orientación sexual. Estudios recientes indican que el 80% de las personas en situación de discapacidad en edad laboral no acceden a un empleo.

Por todo lo mencionado, solicitamos al Poder Legislativo que comience a trabajar en un proyecto de ley de Renta Básica Permanente e Incondicional para personas en situación de discapacidad.
A partir de mañana, con el apoyo de las organizaciones sociales, de la UdelaR, de organismos internacionales, comenzaremos a visitar legisladores para entregarles nuestra propuesta. ¡Y que de una vez por todas los derechos se materialicen!
Defenderemos nuestros derechos y defenderemos nuestra dignidad”.