La restauración conservadora, con su ajuste neoliberal, instrumentada prescindiendo del impacto de la pandemia, o lo que es peor, intentando utilizarlo para mediatizar la respuesta popular, está cosechando fracaso tras fracaso, aunque el enorme operativo desplegado desde el poder para justificarla intente demostrar lo contrario.
En estos días hay varios hechos que así lo confirman, pero uno, adquiere especial claridad. El gobierno aumentó por cuarta vez en el año y por segunda vez en un mes el precio de los combustibles, acumulando un aumento de 28,7 % en naftas y 25,5 % en el gas-oil.
Aumentar los combustibles, con la cadena de incrementos que eso precipita, en medio de una crisis sanitaria, económica y social, es una barbaridad. Lo es más cuando uno de los argumentos centrales de la campaña electoral, promesa personal del presidente de la República, fue que los iban a bajar. Y todavía más cuando estos aumentos los decreta el Poder Ejecutivo aplicando un sistema instrumentado en la Ley de Urgente Consideración (LUC) por el que se dijo que iban a bajar gracias a acompasarlos con el precio internacional, con el manido instrumento del Precio de Paridad Internacional. Lo insólito de esto es que la ministra de Economía, Azucena Arbeleche y el ministro de Industria, Omar Paganini, al anunciar que aumentaban los combustibles que habían prometido en la campaña que iban a bajar y que habían asegurado que con la LUC bajarían, dijeron que eso era “transparencia” y culparon, faltaba más, a la herencia maldita del Frente Amplio. ¿Desde cuándo a mentir se le llama ser transparente?
Rompiendo con la lógica perversa de los grandes medios que cuando había un ajuste de precios en los gobiernos del Frente Amplio, que siempre fueron por debajo de la inflación y de lo que crecían los salarios, los llamaban “tarifazo” y ahora, que aumentan más que el dólar, más que la inflación y al mismo tiempo que bajan los salarios, les dicen “ajuste”, hay que decirlo con claridad: es un nuevo tarifazo brutal.
El gobierno, muy al contrario de lo que repiten como mantra, recibió a ANCAP saneada y con una caja de 198 millones de dólares, además el precio internacional del crudo llego a sus mínimos históricos y ahora que levantó está aproximadamente en la mitad del valor que tuvo durante varios meses en los gobiernos del Frente Amplio.
No había necesidad para un ajuste de esta magnitud. Es doblemente perjudicial, en primer lugar por el aumento en sí, que, reiteramos, a diferencia de los ajustes del FA, es mayor que la inflación, mayor que la suba del dólar y se hace mientras caen los salarios y las jubilaciones; y, en segundo lugar, porque además el FA utilizaba lo recaudado para invertir en ANCAP y su desarrollo, ampliar las políticas sociales, los subsidios para el boleto gratuito o el super gas barato o el presupuesto a Educación y Salud; en este caso se hace mientras se recorta la inversión pública y los rubros presupuestales. Todo para el sacrificio suicida en al altar de la disciplina fiscal a ultranza, como un objetivo en sí mismo.
Hay que decirlo con todas las letras, han dilapidado la caja que recibieron en ANCAP, y lo han hecho, entre otras cosas, para aumentar la rentabilidad, ya muy buena, por cierto, de las cosechas de los “malla oro”, haciendo asumir a ANCAP la diferencia entre el valor del petróleo y los precios internos en esos meses, que ahora nos hacen pagar a todos y todas.
No son transparentes. También mienten cuando dicen que no aumentaron los impuestos, en abril de 2020 aumentaron el IMESI, que explica en una parte muy importante el precio de los combustibles, y la acumulación de ese aumento es lo que está contribuyendo a disparar los precios. También mienten cuando atribuyen el aumento a los “sobre costos” de ANCAP calculados en un misterioso “Factor X”, en el que incluyen los subsidios, el portland y el etanol. Esos costos siempre estuvieron reflejados en los precios, ahora lo hacen por duplicado.
El camino de la LUC, también en los combustibles, es un fracaso y solo beneficia a unos pocos. Y ante el reclamo de las organizaciones sociales afines al gobierno, las gremiales agropecuarias y “Un Solo Uruguay”, de que se vaya a la desmonopolización y la libre importación, hay que ser muy claros: si esto se hace el resultado va a ser peor. Harían mejor en reconocer su fracaso y rectificar, salir de su burbuja y admitir la realidad.
Para que no existan dudas de los dramáticos impactos sobre nuestra gente de la restauración conservadora y el ajuste neoliberal el MIDES reconoció un incremento de personas en situación de calle con respecto a 2020. El último censo constató 3.907 personas en situación de calle en Montevideo; un aumento de 16% en comparación con 2020. Consultada al respecto la diputada de la 1001, Unidad para los Cambios y el Frente Amplio, ex ministra de Desarrollo Social, Ana Olivera, dijo que este crecimiento está directamente vinculado al aumento de la pobreza.
Mostrando otra cara de las situaciones más terribles que enfrenta nuestro pueblo, en su columna de EL POPULAR, Victoria Alfaro destacó que un informe de la Facultad de Ciencias Sociales de la UDELAR documentó que el año pasado funcionaron 700 ollas populares en todo el país, que produjeron 8 millones de platos, solo entre marzo y julio.
En medio de este panorama el presidente Luis Lacalle Pou se hace hacer entrevistas en medios amigos de Argentina, festejando que su gobierno es un éxito y que fue capaz de ahorrar. Mientras el mundo entero está embarcado en incrementar la inversión pública, lanza paquetes de ayuda de volúmenes inéditos en la historia de la humanidad para sostener la recuperación económica, Lacalle Pou festeja que él ahorró.
Lo que no dice es a qué costo: 100 mil pobres más, más uruguayas y uruguayos en la calle, caída de salarios y jubilaciones.
Ese es el dramático costo de la acumulación de fracasos del gobierno de coalición de derecha, hegemonizado por el Herrerismo que pretende imponer su histórica utopía conservadora, que sigue siendo tan minoría como siempre en el Uruguay, más allá de las surrealistas afirmaciones de Lacalle papá en algunas entrevistas.
Eso es el gobierno encabezado por Luis Lacalle Pou, el proyecto de una minoría para favorecer a una minoría, en perjuicio de las grandes mayorías nacionales. Exactamente lo opuesto a la “pública felicidad” que buscaba Artigas.
Enlaces con notas relacionadas en el Portal de EL POPULAR