Gonzalo Perera
El concepto de imputabilidad, o de cuándo una persona es imputable por sus actos, tiene fuerte raigambre en el marco de la justicia penal y es un concepto ligado a la salud mental de la persona en cuestión.
En el derecho penal de buena parte del mundo, una persona, para ser declarada culpable de un delito, primero debe ser declarada imputable penalmente. Esto significa que la persona tenga la capacidad de comprender y querer actuar, que tenga por lo tanto cierto nivel de control sobre su accionar, que, si lo ejerce o no es por decisión y, por lo tanto, en caso de delinquir, se considera que decidió y quiso hacerlo, y, por ende, puede ser considerado culpable. Eso no quiere decir que la persona goce de una salud mental envidiable: puede tener problemas en su personalidad, lo que está en cuestión es en qué medida tiene control consciente y volitivo de sus acciones. El que sea inimputable no quiere decir tampoco que nada pasó; significa que, en lugar de condenas penitenciarias, la persona debe ser internada para su tratamiento en centros especializados, eventualmente bajo condiciones de seguridad muy especiales. En países donde tales conceptos se aplican y donde hay penas de gran severidad (incluyendo la pena de muerte), los responsables de delitos de gravedad no pocas veces intentan pasar por inimputables, para reducir el castigo. A su vez, la definición precisa de imputabilidad puede variar de país en país. En algunos estados de USA, se ha aplicado la pena de muerte a personas que en muchos países habrían sido consideradas inimputables, incluso en casos en que el delito fue cometido cuando la persona era menor de edad. Como siempre, en “el faro de la democracia” de algunos, se hunde el derecho ante los prejuicios de clase, raciales y ante la brutalidad del “ojo por ojo y diente por diente”. Los niveles extremos de violencia que muestra USA, prueban que la brutalidad no es el camino, lo cual no supone ser ingenuo ni minimizar delitos horribles, pero sí implica que nadie logra apagar fuego con nafta ni frenar la violencia con más violencia.
Este breve y grueso repaso, sin tecnicismos que exceden mis conocimientos, era de orden para situar el problema al que referiremos.
Uruguay hoy es un país incomprensible, objeto de estupor o escándalo en el exterior y de bronca y vergüenza en su interior. Disculpando el academicismo, por momentos, al leer las noticias de los medios hegemónicos uno se pregunta “¿Esto es en joda o de verdad estoy leyendo lo que dice aquí?”.
El “caso Astesiano” es el eufemismo que se ha usado para referir a la constatación de la existencia de un grupo mafioso en las esferas de la Presidencia de la República. Día tras día se descubren nuevos audios o mensajes que hunden más y más al mismísimo presidente y a sus allegados de mayor confianza en los lodos del escándalo y resulta a esta altura absolutamente imposible ser tan ingenuo como para pensar que el presidente Lacalle Pou, y el ministro Heber, por ejemplo, no sabían lo que estaba pasando en el piso 4 de la Torre Ejecutiva o del elefante que habían soltado en el bazar al concederle a “El Fibra” un cargo de altísima responsabilidad y enorme facilidad para acceder a información privilegiada.
Detengámonos solamente en lo más reciente, para no aburrir.
Por odio político y como lacayo de clase, “El Fibra” consiguió información policial on-line y registros de cámaras de vigilancia- actuando muy claramente por fuera del marco legal de su cargo- para intentar “matar” (sic) al presidente de la central sindical, organización que es de la instituciones más importantes e influyentes del país. La violación de los derechos procesales del presidente de la central, que son los de cualquier ciudadano, significa ni más ni menos un ataque brutal a la central sindical, a los trabajadores organizados, a las bases de la democracia misma. Es un tremebundo dislate político y una ilegalidad absolutamente descarada. Tanto es así, que desde Argimón a Manini y Gandini se ha salido con “descargos condicionales”, diciendo, básicamente, “si esto efectivamente fue así, es grave”. En el incidente de marras, quedan en un off-side de esos que no ameritan consultar al VAR, varios funcionarios y procesos policiales. Tampoco hace falta consultar al VAR para darse cuenta que la figura patética del ministro Heber ya no puede caer más bajo, pues alcanza con escuchar los comentarios de los ciudadanos de a pie en cualquier ámbito de socialización, que ven a Heber como “pintado al óleo”, donde algunos de sus supuestos subordinados no le avisan ni si llueve, y donde su talenteo e improvisación en el “plan de los interruptores”, quedó en absoluta flagrancia para la inmensa mayoría de la población. Uno se pregunta de qué marca es el pegamento que retiene a Heber en su silla y evita su renuncia, pero es evidente que funciona muy bien, porque si algo no se le puede negar a Heber a esta altura, es el estar ya recontra pegado.
Pero lo peor no termina allí. El “Fibra” comunicó sus “hallazgos” absolutamente ilegales al secretario personal del presidente Lacalle Pou, el Sr. Nicolás Martínez. Como hombre de semejante confianza del presidente, Martínez, ya sea per se o tras consultar al presidente, debió inmediatamente reprender a Astesiano, indicándole la gravedad de su accionar completamente antidemocrático. Pues no lo hizo, y su conocimiento de las maniobras de espionaje ilegal de Astesiano, deja en absoluta evidencia que el presidente Lacalle Pou, SI sabía muy bien en qué pasos andaba el piso 4, y a cargo de qué tipo de sujeto estaba su seguridad.
Por si esto no alcanzara, ha aparecido recientemente un funcionario policial pasando a Astesiano información de docentes y de alumnos (sí, ¡alumnos!) de un liceo (donde los alumnos son menores de edad en su gran mayoría), para investigarlos por sus reivindicaciones y planteos ideológicos, completamente legales y pacíficos. Ningún padre o madre manda un hijo al liceo para que lo espíen y persigan ¿Será acaso esta innovación de transformar un centro de estudio en un foco de persecución ilegal parte de la tan mentada reforma educativa?
Si da vergüenza y rabia seguir viendo a Heber ocupar “de mentiritas” (literalmente) un ministerio que lo desborda por las cuatro márgenes, no sé qué palabras describen lo que se siente cuando se ve en los medios hegemónicos que, mientras todo esto pasa, Lacalle Pou se pega una zambullida en el Río Negro o barrena olas en La Paloma. Es un gesto de superlativa insensibilidad y tomadura de pelo al ciudadano de pie la actitud del presidente. Que tiene derecho a zambullirse donde quiera y pueda, pero que en momentos en que su gobierno es un descontrol completo y total, y que el país se hace jirones por su desidia y desapego hacia los intereses populares, por la aplicación de un plan de saqueo y despojo que no perdona ni a la primera infancia ni al adulto mayor, debería estar dando la cara por semejante desastre.
La única conclusión es que el presidente se considera políticamente inimputable. Que, a fuerza de linaje, de generaciones ocupando las más altas esferas del poder político y servir a los mayores y más destructivos intereses económicos, haya llegado a la conclusión que eso de dar la cara y rendir cuentas, no es para él. Pero los inimputables deben retirarse y tratarse de los problemas que les impiden conectar sus pensamientos y emociones con la realidad. Ese nada menor detalle, quizás “Luis” no lo tomó en cuenta en sus razonamientos palaciegos.
Foto de portada:
Luis Alberto Heber y Luis Lacalle Pou. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS.
