Las medidas adoptadas por el gobierno de El Salvador en el curso del año de funcionamiento del estado de Excepción, han despertado la “grave preocupación” de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Dicha Oficina aseguró, que se entienden “los graves desafíos que suponen para El Salvador la violencia de las pandillas”, sin embargo ello no debe suponer la renuncia del “ deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos”.
Las críticas a la situación en el país, fueron realizadas la pasada jornada por la portavoz de la Oficina del organismo internaciona, Marta Hurtado, quien subrayó que es responsabilidad de dicho Estado dar cumplimiento a “las leyes internacionales de derechos humanos”.
“Durante el último año”, detalló la vocera, “al menos 65.000 personas han sido detenidas”, detenciones estas que han sido masivas y han incluido a niños,.
Este accionar, destacó, “pueden constituir detención arbitraria, ya que parecen basarse en investigaciones poco fundamentadas y en perfiles burdos del aspecto físico o de los antecedentes sociales de los detenidos”, afirmó Hurtado, quien agregó que a ello hay que sumarle “las condiciones de los frecuentemente superpoblados centros de detención”, que constituyen, también, objeto de “profunda preocupación para la Oficina”.
“Es especialmente preocupante que 90 personas hayan muerto en custodia desde que el estado de emergencia entró en vigor”, subrayó y recordó cómo apenas si se obtiene “información limitada sobre cómo se está procediendo con las investigaciones de esas muertes”.
En ese sentido, Hurtado recordó que, corresponde a los Estados el “deber reforzado de proteger la vida de las personas privadas de libertad”.
De acuerdo al portal de Naciones Unidas, la experta recordó que, hasta la fecha, “la Procuraduría Nacional de Derechos Humanos de El Salvador ha recolectado hasta el momento 7900 quejas sobre violaciones de los derechos humanos contra los detenidos.
Por tales razones la portavoz exhortó “a las autoridades del país que garantice que nadie sea arrestado sin la suficiente autorización legal y que asegure que los detenidos gocen de todas las garantías fundamentales exigidas por la legislación internacional de derechos humanos”.
De igual forma demandó “que permitan a la institución nacional de derechos humanos acceder sin restricciones a todas las instalaciones penitenciarias para que pueda realizar informes periódicos e independientes sobre las condiciones de reclusión”
En su evaluación de la situación de las prisiones del país, la Oficina recordó que la apuesta a “un modelo penitenciario excesivamente represivo reduce las posibilidades de que los presos se reintegren con éxito en la sociedad”.
“El derecho a la vida enfatizó la portavoz, “la prohibición absoluta de la tortura, el principio a un juicio justo, incluida la presunción de inocencia, así como las garantías procesales que protegen estos derechos se aplican en todo momento, incluso durante los estados de excepción declarados”.
Un abordaje sostenible a los problemas de la inseguridad y la expansión del delito, asegura la Oficina, solo se consigue abordando las profundas causas que dan lugar “a la violencia de las bandas”, siendo imperioso, además trabajar como disminuir “las desigualdades sociales, la marginación y la falta de políticas sociales y de gobernanza eficaces”.