Por Pablo Da Rocha
Hace diez días ya, que el Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional, correspondiente para el período 2020-2024, ingresó al parlamento para su discusión y eventual aprobación.
Asimismo, esta semana, hubo una presentación por parte del equipo económico -liderado por la Ministra de Economía (MEF) y Finanzas Azucena Arbeleche- que demandó entre exposición y preguntas, varias horas, dirigida a la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, la cual incluso se encuentra disponible en la web oficial del MEF.
La presentación del MEF se inició con una clara referencia, que pretende contrastar fuertemente con la gestión anterior, y donde se pretende verse validados y legitimados por la ciudadanía, al señalar que “los uruguayos eligieron un cambio”. En base a esta premisa, decidieron construir su discurso y las propuestas en materia presupuestal. Lo que resulta paradójico, es que afirman que este Proyecto de Ley de Presupuesto se elaboró “para la gente”, aunque también manifiestan, está orientado a reducir el déficit fiscal y la inflación. Quizá haya primero que ponerse de acuerdo, o bien, lo económico prima sobre lo social, o es al revés.
No hay dudas, un Presupuesto Nacional es el principal instrumento de política económica y social de un gobierno. Su objetivo es social puesto que es la manera en cómo se distribuyen los recursos para hacer mejorar el bienestar social. Un presupuesto debiera ser sensible y considerar los problemas sociales y económicos del país y el entorno en que se desenvuelve. Dicho así, no hay margen para la confusión: lo social debe primar. Sin embargo, a nuestro entender -más allá de las declaraciones públicas de las autoridades que parecen validarlo- este Presupuesto se basa -prácticamente explicitado- en una idea central: la reducción del Déficit Fiscal.
Esta mirada o centralidad de lo fiscal, sobre lo social, no hace más que consolidar la orientación mercantilizadora de este gobierno. Privilegiar los aspectos económicos, por sobre la calidad de vida de las personas o el bienestar social, es propio de los gobiernos neoliberales. Pero por si aún resulta insuficiente esto, para concluir el diagnóstico, se hace retomando viejas recetas que se pensaban obsoletas, inspiradas en el efecto “goteo”; es decir, reducir los ingresos de los trabajadores y jubilados; recortar el papel social que brinda el Estado y con estos “ahorros” reactivar la economía, para luego, sentarse a esperar.
Se desprende de la presentación realizada por el MEF, un nuevo rol del Estado. Se advierte que el Estado -muy lejos de lo que entendemos deben ser sus fines y cometidos sociales- debe “acompañar” al sector privado con eficiencia. Dicho de otra manera, el Estado debe limitarse a desempeñar un rol funcional al capital. Es decir, en lo posible facilitar el estímulo y desarrollo del sector privado, o en su defecto, no obstaculizarlo. Nuestra denominación de Presupuesto Neoliberal, no es antojadiza o tendenciosa, sino que se ajusta, objetivamente, a los lineamientos del Consenso de Washington.
No obstante, no debe sorprendernos, menos aún resultarnos contradictorio, que se diga por parte de las autoridades de gobierno, que esta Ley de Presupuesto tiene como objetivo central la reactivación del empleo y la sostenibilidad de las políticas sociales, pues una cosa es el relato y otra la realidad. Del dicho al hecho, dicen siempre, hay un gran trecho. No tenemos dudas, que el relato por parte de los representantes del MEF se inscribe en esa “máxima”. Pues no se compadece con la realidad. De hecho, basta hacer un análisis comparado entre la última rendición de cuentas correspondiente al ejercicio 2019 actualizada por inflación, respecto a la asignación presupuestal propuesta para el año 2020 para identificar con absoluta claridad, que áreas estratégicas como la Salud y la Educación registran una caída en términos reales, y en cambio, otras como Defensa e Interior aumentan.
Incluso más allá del relato -deliberado y sutil- se vuelve a poner el foco principalmente en la política fiscal, en concreto, en reducir el déficit fiscal vía la contención del gasto y la reasignación presupuestal, de manera tal, “…que permita una trayectoria sostenible de la deuda y permita sostener las políticas sociales”. Dicho en criollo, habrá políticas sociales en tanto, se cumplan las metas fiscales. Quizá la pobreza y la informalidad, deban esperar a que el déficit fiscal mejore…
Incluso los escenarios macroeconómicos en que sustentan sus proyecciones resultan -para varios analistas y consultoras- demasiado optimistas. En cambio, la ministra y su equipo sostienen que son realistas. Resulta al menos curioso, por no decir irresponsable, que puedan afirmar como realistas, estimaciones sobre el PIB que implican una caída de 3,5% en 2020 y una potente recuperación de la economía para el año siguiente en el orden de 4,3%, en un escenario mundial caracterizado por una pandemia que nadie preveía, y donde aún hoy resulta incierto cuando se retornará a la “normalidad”, por decirlo de alguna forma. Es brutal, el crecimiento de la economía para el año 2021 parece estar atado a una fuerte inversión privada y de las exportaciones, de lo que aún no aparecen indicios serios de que suceda, en tanto, la incertidumbre frente a nuevos brotes no parece resultar del todo clara.
Quizá, y para no abrumar con cifras -además estimadas-, es que se prevé también un fuerte incremento del consumo interno, para el año 2021, en el orden de 3,8%. Este dato se apoya en “ilusiones” que no se compadecen con la orientación de la política salarial que se ha llevado a cabo adelante por parte del gobierno. Quizá por ello, no figura en el cuadro de la página 54 de la exposición de motivos, que lleva por título “Escenario Macroeconómico Uruguay”, entre todas las variables que se presentan, la del salario real o de las jubilaciones y pasividades. Resulta especialmente llamativo que se hable de mejora en el consumo y no haya referencia a la trayectoria de los ingresos.
Lo que sabemos a ciencia cierta es que los lineamientos del Consejo Superior Tripartito de los privados implican una rebaja salarial de la misma magnitud de la caída del producto, que se estima en 3,5%; de modo similar, muy a pesar de lo que diga la ministra Arbeleche, también habrá pérdida en los trabajadores públicos; aunque de acuerdo a la redacción del artículo 4 propuesto en el Proyecto, existen enormes dudas acerca de su magnitud. No hay garantías, por más que lo repita la ministra, del mantenimiento del poder de compra, porque entre otras cosas, por cierto negativas, que advierte el artículo referido, la novedad teórica para medir el mantenimiento del salario real sería un promedio, y en el promedio se ahogan los enanos. No ser claros, oscurece. En conclusión, si hay caída en el poder de compra, pues se configura pérdida, o dicho de otro modo, los salarios nominales se ajustan por debajo de la inflación, la pregunta que subyace, entonces es: ¿cómo es posible que mejore el consumo o la capacidad adquisitiva de los hogares?
Posiblemente, lo que se pretenda y se “mosqueteé” de nuevo, aunque de forma vidriosa y confusa, como se puede inferir a partir de las declaraciones del Director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, es que la capacidad de compra depende de la reducción de la inflación, o sea, no se trata que los ingresos se ajusten en función de los precios de modo de no perder capacidad de compra, sino que dependería de que la inflación finalmente se ubique por debajo de lo esperado. La diferencia entre asegurar y esperar. Podríamos incluso, referirnos a una eventual inconsistencia en las cifras presentadas -más allá de lo realista o pesimista de las estimaciones- y es que difícilmente la inflación registre el nivel de desaceleración que se proyecta (que se ubicaría en 2024 por debajo de 4% anual) cuando al mismo tiempo se estima que el dólar continuará su trayectoria creciente, alcanzando en 2024 casi 53 pesos por dólar.
La capacidad de compra de los ingresos depende de la trayectoria de la inflación. La inflación -que se mide a través del IPC- depende de muchos factores, entre ellos, la evolución del dólar. Si el dólar se aprecia, es esperable que la inflación también lo haga, de modo que es poco probable que con esa evolución de la moneda americana la inflación se desacelere, sin perjuicio, de otros factores, como las tarifas. En principio, resulta dudoso. Lástima saber, que las jubilaciones y pensiones se ajustan en función del Índice Medio de Salarios, que dependen en definitiva de los ajustes salariales que se otorguen, que sabemos se ubicaran por debajo de la inflación, de modo, que las jubilaciones y pensiones perderán capacidad de compra -salvo reciban ajustes otorgados por el Poder Ejecutivo sin perjuicio de esto- Duele escuchar al director de OPP decir que aumentarán porque los ajustes que se otorguen contemplan la inflación pasada, pero al esperar que la inflación del año en curso se desacelere, aumenten.
No hay dudas que esto recién empieza, serán necesarias más columnas para ir descubriendo los detalles que nos permiten afirmar que este Presupuesto es de rebaja y de recorte. Que se ponen en pugna definitivamente dos modelos. Que se cuestiona el rol del Estad, y que se privilegia a los dueños del capital. Entre las tantas cosas que se recorta, está la Educación. En efecto, una sencilla cuenta que considere la asignación 2021 en relación a la que recibió en 2019 se registra una fuerte rebaja de 1,7% en término reales. Es más, si tomamos el presupuesto asignado para 2024 y la proyección de aumento del PBI del propio presupuesto, la inversión en Educación, considerando, ANEP, UTEC, UdelaR pasa del 4,6% actual, al 4,0% al final del quinquenio.
De modo que asistimos a un proceso de deterioro progresivo de los logros alcanzados tanto en materia educativa y de salud, como de políticas sociales; en oposición a la mejora de los número macroeconómicos, en particular, la reducción del déficit fiscal. En efecto, este nuevo Proyecto de Ley –inspirado en el relato de una “herencia maldita” que han instalado desde que asumieron el gobierno- utiliza la expresión “ahorro” como eufemismo de “recorte” alentado por lo mercantil. Por eso prefiere evitar referirse a los recortes de varias políticas sociales, o sobre la falta de incremento para la Universidad, en su lugar, prefieren hablar de “optimización del gasto”.
Al final, el mercado le ganó al Estado, o al menos estará por verse…
