Por primera vez, en la historia de Colombia, se logró la imputación por los asesinatos cometidos por un excomandante de las Fuerzas Armadas.
La imputación fue realizada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia contra el general retirado Mario Montoya, quien fue “acusado, junto a otros 8 militares, de asesinar al menos 130 jóvenes incriminados falsamente de integrar organizaciones guerrilleras”, consignó Página 12.
Para el tribunal ad hoc surgido a partir de los acuerdos de paz del gobierno colombiano con las FARC, Montoya es “el posible autor de crímenes de guerra y de lesa humanidad por asesinatos y desapariciones forzadas ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado entre 2002 y 2003 en el oriente del departamento de Antioquia, cuando era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército”.
Al general y ahora imputado “se lo acusa de mentir sobre el número de bajas, encubrir casos de extralimitación del uso de la fuerza, presionar a los miembros de las unidades militares bajo su mando para obtener bajas ‘en combate’, emplear un lenguaje violento que exaltaba el derramamiento de sangre y ordenar que no se reportaran capturas por considerarlas resultados operacionales indeseados”, dijo la magistrada de la JEP, Catalina Díaz.
Hasta el momento, este es el militar de mayor rango que ha comparecido ante este tribunal por el caso de los “falsos positivos”.
Uno de los modus operandi identificados para la producción de “falsos positivos” desarrollados por las fuerzas armadas colombianas era el ofrecimiento de trabajo a jóvenes, provenientes generalmente de clases bajas.
Luego de concretado “su reclutamiento”, los mismos eran llevados a otras partes del país donde eran asesinados y presentados “como guerrilleros muertos en combate”, alcanzando con ello el acceso a “incentivos y premios de sus superiores”.
En sus investigaciones la JEP identificó otras modalidades de estos “modus operandi” ya que, “a algunas víctimas las sacaron de sus casas, trabajos o de transportes y luego los señalaron de ser guerrilleros”, junto a estas modalidades hubo además, “asesinatos y desapariciones de posibles guerrilleros pero que fueron asesinados fuera de combate, lo que atenta contra el Derecho Internacional Humanitario”.
De acuerdo a los datos de la JEP en el país “se produjeron 6.402 muertes o desapariciones forzosas ilegítimamente presentadas como bajas en combate en todo el territorio nacional entre 2002 y 2008”, tiempos que se corresponden “con el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), del que Montoya fue comandante del Ejército entre 2006 y 2008”.
