Prisión domiciliaria obligatoria: la gran prioridad de los Cabildantes

Una demanda que refleja una derrota

 Gastón Grisoni (*)

El general Guido Manini Ríos ha hecho declaraciones altisonantes objetando algunos aspectos del proyecto de ley jubilatoria de la coalición. Ha amenazado con no votarlo y condenar al presidente Luis Lacalle Pou a una estrepitosa derrota. En realidad, simplemente presiona y chantajea al resto de la coalición de manera constante y permanente para imponer su propia agenda. Tiene un objetivo apremiante.

Pablo Mieres, actual ministro de Trabajo, cuando negaba públicamente la posibilidad de integrar una coalición con blancos, colorados y cabildantes, había señalado: gobernar con Cabildo Abierto no es posible. Una profecía autocumplida. Cabildo Abierto, muy seguramente, va a votar el proyecto de ley jubilatoria a cambio de modificaciones menores que le permitan ceder con dignidad y, sobre todo, lograr que se priorice y se aseguren los votos del resto de la coalición para aprobar el proyecto de ley que otorga la prisión domiciliaria de manera obligatoria a todos los represores judicializados. Que ya son muchos.

Una necesidad apremiante

Cabildo Abierto ha fracasado en sus intentos de lograr implantar nuevamente la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado para impedir el accionar de la justicia. Las campañas públicas de amenazas y presiones, directas e indirectas, de Guido Manini Ríos, de los senadores Raúl Lozano y Guillermo Domenech contra los operadores judiciales también han fracasado. La justicia, aun siendo tolerante en exceso y permisiva al punto de ser observada por la Corte IDH, desde octubre del año 2011, ha comenzado a cumplir con sus obligaciones constitucionales.

Cuando el entonces comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos tuvo el desplante, en marzo de 2019, de cuestionar al Poder Judicial, motivo por el cual el presidente Tabaré Vázquez lo destituyó y lo pasó a retiro, el número de represores era reducido. Como hasta ahora gozaba de excelentes condiciones carcelarias en Domingo Arena pero era un reducido grupo.

Los tiempos han cambiado y para bien de la democracia. Un artículo de Mauricio Pérez en Brecha (Sin retorno), informó hace unas semanas que el año pasado la Justicia procesó a 25 represores y que en los últimos tres años se ha logrado el enjuiciamiento de 60 de ellos, militares, básicamente, policías y civiles, vinculados al terrorismo de Estado que vivió nuestro país.

Desde el informe de Brecha, la cifra de procesados se ha incrementado. Teniendo en cuenta  los pedidos de procesamiento formulados por el Fiscal Especializado Ricardo Perciballe actualmente en curso, dicha cifra seguramente se ampliará  en los próximos meses. 

Represores importantes y significativos

La cifra actual de procesados y condenados por participar activamente en las campañas represivas desde el 13 de junio de 1968 y, muy especialmente, desde el momento en que se aprobó el Estado de Guerra Interno en abril de 1972 es, al día de hoy, considerable, similar, proporcionalmente, a la alcanzada en la Argentina que ha sido muy destacada, aún con vaivenes históricos, en la persecución y castigo a los terroristas de Estado.

La necesidad de mantener la movilización y el trabajo para que la justicia continúe su labor, se mantenga la búsqueda de los detenidos desaparecidos y el Estado cumpla a cabalidad con la Sentencia Diana Maidanik, Eduardo González, Oscar Tassino y otros de la Corte IDH, no debe impedirnos apreciar y evaluar la realidad en toda su dimensión.

Importa la cantidad de procesados, pero también la jerarquía y la significación de ellos. La movilización de la ciudadanía uruguaya ha logrado que figuras emblemáticas del proceso golpista y represivo fueran enjuiciadas y condenadas como ocurrió con el Dr. Juan Carlos Blanco, exministro de Relaciones Exteriores hasta mediados de 1976, activo participante en el Plan Cóndor y en la desaparición de Elena Quinteros o el Dr. Juan María Bordaberry, el presidente que disolvió las cámaras el 27 de junio de 1973 con el apoyo de la Junta de comandantes en Jefe. 

El teniente general Gregorio Álvarez, el Goyo, luego de cumplir una larga condena, y con una avanzada edad, terminó su existencia en prisión. Fue una figura estelar del proceso civil militar. Lo fue desde fines del año 1971, cuando asumió como Jefe del Estado Mayor Conjunto del Ejército para encabezar la feroz represión de las organizaciones armadas, junto con el coronel Ramón Trabal, hasta el fin de la dictadura. 

Un proyecto inaceptable por donde se lo mire

En una sociedad democrática, Cabildo Abierto tiene derecho a expresar sus puntos de vista, defender a viva voz a los criminales procesados, a presentarlos como “pobres e indefensos viejitos” e, incluso, a promover una “memoria elogiosa” de la dictadura como denomina su conducta la académica Magdalena Broquetas. Para afirmar la democracia y las normas de DDHH, es imprescindible el castigo penal de los responsables materiales e intelectuales de los crímenes. La impunidad alienta la repetición. Los condenados, que lo fueron con todas las garantías del debido proceso, no merecen ningún tipo de beneficio ni de privilegios, ninguna disposición que pueda impedir que se cumpla con lo dispuesto por el Poder Judicial.

En la legislación uruguaya ya está contemplada la posibilidad de acceder al beneficio de la prisión domiciliaria cuando las circunstancias lo ameritan. El reclamo de Cabildo Abierto de establecer la prisión domiciliaria obligatoria es inaceptable en una sociedad democrática. El mensaje a la sociedad por parte de todo el sistema político democrático, especialmente a los potenciales golpistas de hoy y de mañana, debe ser claro y firme: los responsables de los crímenes de Lesa Humanidad terminan sus días en prisión. Aunque cueste 50 años.

————— 

(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.

Foto de portada:

Guido Manini Ríos saliendo de la Fiscalía General de la Nación en el año 2019 luego de declarar sobre el Tribunal Militar donde el represor Gavazzo reconoció haber arrojado el cadáver del militante tupamaro Roberto Gomensoro en 1973. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS.

Compartí este artículo
Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print
Temas