Provocación antidemocrática

Cabildo Abierto propuso en el Senado un proyecto de ley para garantizar la impunidad a terroristas de Estado.
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Por Verónica Pellejero

La bancada de Cabildo Abierto (CA) presentó formalmente en el Senado, en la noche del martes, un proyecto de ley para reinstalar la impunidad a los torturadores, violadores y asesinos de la dictadura fascista.

La iniciativa busca derogar la Ley 18.831 del año 2011 y reinstalar la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado. La ley 18.831 fue votada para dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de DDHH (CIDH), en el caso Gelman, que obligó a Uruguay a legislar para que la Ley de Caducidad, que la CIDH declaró que carecía de efectos jurídicos por ser contraria a la Convenciones Interamericanas de DDHH suscritas por Uruguay, dejara de ser un obstáculo para investigar los crímenes del terrorismo de Estado y juzgar a sus culpables.

Adicionalmente, cabe recordar, que la Ley de Caducidad, que CA quiere restituir, fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia (SCJ), en varias oportunidades, la primera vez en 2009, por el caso de Nibia Sabalsagaray, profesora de literatura detenida y asesinada por torturas perpetradas por el general Miguel Dalmao, quien fue procesado.

La propuesta, que ya había sido anunciada a la salida de una reunión entre el senador Manini Ríos y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, el jueves pasado, pretende en primer lugar separar las desapariciones, de los asesinatos, las violaciones, los secuestros y las torturas; así se aprecia en el primer artículo del proyecto, donde dice que garantizará la búsqueda de desaparecidos frente a los “excesos” cometidos.

Con el afán de “pacificar” y “sellar definitivamente un pasado de violentos antagonismos, que finalizó hace ya más de 35 años”, como expresaron en el proyecto, ambicionan, en contradicción con la sentencia del caso Gelman de la CIDH y otros pactos internacionales, reinstalar una ley que impide juzgar a los responsables de todos los delitos de lesa humanidad, perpetrados contra personas inocentes, de manera sistemática, organizada y atroz. Manini Ríos líder de CA, sin embargo llamó a los homicidas y torturadores “inocentes presos” y cuestionó una vez más -como lo hiciera aún al mando de las Fuerzas Armadas- a la justicia, nacional e internacional.

El mismo argumento que los nazis

El proyecto que propone la impunidad para las violaciones de los Derechos Humanos es desde “el punto de vista ético y político detestable, ya que una sociedad que no castiga a las más graves aberraciones cometidas en la historia política reciente, debilita la democracia y nos empeora como sociedad”, declaró a EL POPULAR el abogado Pablo Chargoñia, quien se desarrolla como coordinador del equipo jurídico del Observatorio Luz Ibarburu.

Explicó que desde el punto de vista jurídico, lo que aparece en el articulado del proyecto, implicaría restablecer la Ley de Caducidad que fue declarada inconstitucional, por lo tanto este proyecto de CA también sería inconstitucional, aún para la actual Suprema Corte de Justicia.

Respecto de los artículos que hacen referencia a la prescripción de los crímenes de lesa humanidad, el abogado explicó que es un tema resuelto particularmente a partir del año 1968, con la Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra, que “fue la reacción de la humanidad civilizada, frente al planteo que los nazis hacían en la década del 60 sobre el “paso del tiempo”, que es el mismo argumento que está planteando los violadores de Derechos Humanos en Uruguay hoy”, apuntó.

Según Chargoñia indicar que la acción penal no se puede ejercer porque pasó mucho tiempo, es contrario al derecho internacional que Uruguay tiene que obedecer. “Es contrario al Pacto San José de Costa Rica y a la sentencia del caso Gelman que ordena expresamente al Poder Judicial y a Uruguay a no aplicar normas de prescripción, ni ninguna otra norma análoga que impida los juicios”.

“El proyecto de Cabildo Abierto es inaceptable, es absurdo, es ridículo y es contrario al estado democrático y de derecho”, remarcó el abogado. En su opinión mediante este tipo de iniciativas se confirma que CA es un partido militar, “esto es una prueba del interés corporativo: le están haciendo los mandado al Centro Militar, que es el que ejerce habitualmente la defensa de los torturadores, en ámbitos judiciales”, subrayó.

Parece que CA, a través de las declaraciones permanentes en los medios de comunicación y los proyectos e intervenciones que realiza en el Parlamento, busca situar en la agenda mediática y política su propia retórica sobre el pasado reciente donde abunda una terminología de guerra. El abogado comparte esta lectura y afirma que es poco probable que este proyecto se apruebe, “más bien está destinado a quedar archivado en un cajón parlamentario”, dijo y agregó que “intenta marcar la agenda en cierto sentido, por esto corresponde que haya una respuesta del campo popular afirmando que los crímenes de lesa humanidad cometidos en la época del terrorismo de Estado deben ser perseguidos, ya que es una obligación internacional del estado uruguayo”.

Por otro parte, no es la primera vez que Manini Ríos afirma que el derecho y las convenciones internacionales atentan contra la soberanía de nuestro país, también ha despotricado contra las “ideologías foráneas”, aunque varios de sus militantes parecen inspirarse en el nazismo. Para Chargoñia, estos argumentos son “de inspiración fascista”, donde se reivindica la soberanía nacional “en una postura aparentemente anti globalista que en realidad no se opone a todos los intereses políticos internacionales, sino a aquellos que contribuyen a exigir el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad”.

El entrevistado afirmó que “las defensas nacionalistas de derecha” suelen tener como objetivo transformar a los países en “guaridas de impunidad”. “Precisamente para evitar esas cuevas de impunidad en las fronteras nacionales existe un proceso de internacionalización de los derechos humanos que es lo que le molesta a esta derecha neo fascista que representa Cabildo Abierto”, expresó Chargoñia, para quien “el problema es que ese pensamiento político así descrito es además muy rechazado desde el punto de visto jurídico, ya que se ha relativizado la soberanía nacional en beneficio de la persecución de estos criminales de estado en cualquier parte del mundo en que ocurrieran, porque esos crímenes ofenden a la humanidad”.

Respuesta de Familiares

Graciela Montes de Oca, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos señaló a EL POPULAR que en la organización aún no han discutido el tema en profundidad “sí quedamos en no mencionar más a Manini Ríos para no darle más publicidad y responderle cuando sea el 30 de agosto que es el día del Detenido Desaparecido, con toda seguridad a todo CA”, indicó.

“En lo personal me preocupa muchísimo la intromisión permanente que hace a la justicia y el ataque hacia la democracia, ayer cuando escuché sus declaraciones en la previa a la sesión del Senado, realmente me hizo acordar a otros tiempos, atacando a todos los organismos internacionales, de los cuales muchas veces ellos se apoyan para agredir a los pueblos”, valoró la militante de DDHH, hija de Laureano Montes de Oca, secuestrado y desaparecido en el marco de la operación Morgan en 1975.

“Creo que lo que él no quiere es presentarse a la justicia, nosotros no tenemos sed de venganza, queremos saber la verdad de lo que hicieron con nuestros familiares y que se haga justicia, si Manini le teme a la justicia debe ser porque él está involucrado”, inquirió Montes de Oca, quien aún busca a su padre desaparecido.

Para Javier Tassino, hermano de Oscar Tassino desaparecido en la dictadura fascista, y militante de Madres y Familiares, CA “es consecuente en la defensa de los torturadores y represores”, quienes forman parte del partido. Tassino considera la propuesta como una provocación, en tanto cree que el senador Manini Ríos trata de “esquivar la justicia”. “Las personas que tienen dignidad, cuando la justicia los cita se presentan, él esquiva a la justicia como hacen los torturadores”, sentenció, “lo que debe hacer este señor es presentarse a la justicia”, remarcó.

“Hoy se han dado algunos procesamientos, y es bueno y lógico que la justicia procese a aquellas personas que han torturado, asesinado y hecho desaparecer a ciudadanos”, dijo Tassino y agregó que se tiene que hacer justicia “porque es necesario para el país, evidentemente no es tan simple como dar vuelta la página”.

Aimar Medina Paitta, cantante y nieto de Omar Paitta, militante comunista secuestrado, torturado y asesinado en La Tablada en 1981, dijo que la situación le genera mucho enojo que le gustaría “que este tipo de proposiciones no tuvieran ningún tipo de amparo”. “Me gustaría que fuesen soberanamente repudiadas y sinceramente siento que si bien no se apoya masivamente este tipo de declaraciones, sigue habiendo gente empecinada en decir que militares, respaldados abiertamente por el estado para matar, torturar, violar, desaparecer y perseguir personas por su forma de pensar y luchar contra la injusticia, son victimas de algo y eso además de enojarme, me pone muy triste”, expresó.

Volver a la edad de piedra

“El proyecto me parece inviable, más bien es una forma de mantenerse en la prensa todos los días, diciendo cosas insólitas, que de cualquier manera lo tienen siempre en primer plano porque hay periodistas que le dan aire”, declaró Mirtha Guianze, ex presidenta de la Asociación de Fiscales del Uruguay y de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo.

En cuanto a la pretensión de desconocer los instrumentos internacionales suscritos por Uruguay, pretender apartarse del Sistema Interamericano de Justicia, indicó que “es un absurdo, nadie puede pensar que un parlamento serio considere apartarse de la comunidad internacional y no acatar lo que ha suscrito y ratificado. Es como volver a la Edad de Piedra”, señaló Guianze.
La abogada explicó que en primer lugar la Convención de Viena impide a los estados invocar disposiciones de derecho interno para desaplicar lo que ha comprometido por un tratado. En segundo lugar la Convención Americana de DDHH (cuya jurisdicción aceptó Uruguay) “lo obliga en toda su extensión”, además de que la CIDH “es la intérprete última de la Convención y sus dictámenes son obligatorios para los Estados”, indicó. En el mismo sentido, señaló que en el caso de Nibia Sabalsagaray, la Suprema Corte de Justicia en su sentencia que declaró inconstitucional la Ley de Caducidad reconoció los derechos que refieren a la jurisprudencia internacional que obligan a Uruguay .

“Es fundamental en esa sentencia el principio de separación de poderes, la ley de caducidad lo vulnera, porque da al Poder Ejecutivo la potestad de determinar cuándo un hecho puede o no ser juzgado”, valoró Guianze. “Los cuestionamientos reiterados de Manini al sistema de justicia pueden estar atacando la institucionalidad y el principio de separación de poderes”, alertó la abogada.

Reacciones

Las reacciones del espectro político no se hicieron esperar. La propuesta y la retórica utilizada en los planteos suscitaron un alerta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que a través de su cuenta oficial de Twitter expresó su preocupación por “la presentación de proyecto de ley ante el Senado de la República, por el cual se propone limitar el procesamiento y sanción de presuntos responsables por graves violaciones a los DDHH cometidas durante la dictadura cívico-militar”, agregó que de ser aprobada la medida “podría representar el incumplimiento de la Sentencia de la CIDH en el caso Gelman sobre la obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y en su caso, sancionar a los responsables y adecuar la legislación interna para estos efectos”.

El constitucionalista Martín Risso señaló que si bien a su parecer la ley interpretativa sancionada en 2011 “terminó siendo un problema”, Uruguay tiene la obligación de cumplir con la sentencia de la CIDH de febrero de 2011. “El daño al prestigio internacional del Uruguay sería enorme, ingresaría a un grupito muy reducido de países que no cumplen con las sentencia de la Corte”, señaló en Radio Carve.

La Asociación de Magistrados, si bien no se pronunció sobre el proyecto en sí, si rechazó y repudió los repetidos ataques de Manini Ríos y otras figuras de Cabildo Abierto hacia los jueces y sus fallos.
CRYSOL, la asociación de ex presos y presas políticas del Uruguay, en un boletín titulado “Un general fuera de control”, puntualizó entre otras cosas que la Ley de Caducidad en su momento se aprobó sin los votos necesarios en la Cámara de Representantes, ya que requería una mayoría absoluta y solo obtuvo 49 votos. Los ex presos, además de las violaciones a los derechos humanos perpetradas, recordaron que “la dictadura cívico militar fue una tragedia histórica que vivió nuestro país”, también porque “al salir de ella, en el año 1985 el 40% de los hogares vivía en la pobreza y los trabajadores habían perdido el 50% del poder adquisitivo de los salarios. Los jubilados y pensionistas perdieron el aguinaldo, nunca recuperado”, mientras “los grupos privilegiados que respaldaron el proyecto dictatorial cívico militar se embolsaron la extraordinaria cifra de 5 mil millones de dólares”. Crysol concluyó, parafraseando a Gabriel García Márquez que “esas estirpes no tienen y no merecen una segunda oportunidad sobre la tierra. Menos en la nuestra”.

El PIT-CNT emitió una declaración donde pide que los sectores mayoritarios del gobierno rechacen con “inequívoca claridad” la iniciativa: “No resulta en ese sentido claro, expresar que la propuesta de restablecer la caducidad de la pretensión punitiva del Estado no estaba en el compromiso político de la coalición. Muchos temas, que tampoco lo estaban, terminaron siendo consagrados en la Ley de urgente consideración”, expresaron. También acusaron desde la central a CA de llevar adelante las mismas conductas que tienen los terroristas de estado “tratando de asegurar la impunidad”.

El diputado por el Partido Independiente Iván Posada dijo que el planteo de CA merece todo el rechazo ya que “la política en este tema tiene poco para aportar, salvo el hacer cumplir el Estado de Derecho”, que está cumpliendo con el fallo de la CIDH, dijo a Montevideo Portal.

Desde la oposición la actual senadora y candidata a la IM, Carolina Cosse, dijo que los crímenes de lesa humanidad no prescriben y que con esta propuesta “Manini pone en un brete a la coalición” y que “si gana la pulseada, logra impunidad poniendo en jaque al sistema democrático”.

En el mismo sentido se pronunció el diputado de la 1001, Unidad para los Cambios y el Frente Amplio, Gerardo Núñez, en el discurso de homenaje a los 45 años del asesinato en tortura de Alvaro Balbi y en una entrevista en EL POPULAR en Radio.