Por Sofia Mansilla, edila de San José, por el Frente Amplio, la 1001 y el PCU.
Cuando el 2 de marzo del presente año el presidente de la República avisó en la Asamblea General que habían recursos para solucionar el problema de la posible falta de agua potable para la zona metropolitana no nos imaginamos que esta iniciativa recibiría el nombre de Proyecto Neptuno, pero mucho menos que se trataba de un plan privatizador encubierto para, a la vez de solucionar un problema existente, usar dicha necesidad para poner en manos privadas algo tan querido: nada más ni nada menos que el agua potable.
A pocos días de este acontecimiento, el 22 de marzo, se celebró en la Comisión Nacional por el Agua y la Vida (CNDAV) el día del agua y allí, con los pocos elementos que se tenían, se denunció esta iniciativa como un proyecto de baja viabilidad, lesivo para el medio ambiente, de alto costo para las prestaciones que podía dar y con un costo muy elevado de potabilización, que sin lugar a dudas iba a recaer en el usuario; recordemos que es un elemento de primera necesidad especialmente para las clases menos pudientes(las que toman agua del grifo).
El proyecto se plantea en la zona de Arazatí- Cufré, sobre las costas del departamento de San José. Es un lugar de gran belleza natural y riqueza ambiental, que debería considerarse área protegida, al ser una zona balnearia agreste, en la que se confunde el mar con nuestro paisaje típico campestre y está a solo 90 kilómetros de Montevideo.
Primero hay que dejar claro que aquí también se está lesionando la Constitución, ya que el artículo 47 establece que la gestión del recurso agua está a cargo de los usuarios y la sociedad civil, en forma de participación efectiva y real (Plebiscito 2004). En este caso no solo se intenta que el proyecto se gestione por manos privadas (Consorcio Montevideo), sino que se está violando por partida doble al artículo 47, dada la confidencialidad y el secretismo con que se ha manejado todo.
Decimos que el usuario va a pagar estos costos ya que el agua del Río de la Plata es de difícil potabilización, dadas sus características de salinidad, contenido de nutrientes y materia orgánica. Debemos recordar que es frecuente en la zona la aparición de cyanobacterias, lo que dificulta todavía más su potabilización.
Los costos operativos de un proyecto de estas características, reiteramos, sin dudas van a ser muy altos. No creemos que estos costos sean asumidos por el ente público y mucho menos por la empresa privada.
Los costos de este proyecto serían de unos 300 millones de dólares, sin la planta desalinizadora y cubriría solamente el 30-35% de las necesidades de agua potable para la zona metropolitana, lo que implica el 60% de la población nacional.
Ese es otro aspecto que no entendemos. Si el Proyecto Neptuno se dice que vendría a solucionar el problema de la falta de agua potable en épocas críticas, cómo es que después se reconoce que solo cubriría el 30% de las necesidades reales.
Si reconocemos que la población metropolitana no puede depender de solo una fuente de agua potable, ya sea por falta de agua o por un accidente en el Río Santa Lucía, pero estamos dejando afuera otras posibilidades, entre ellas: • Represa de Casupá, ya con estudio hecho de factibilidad, la que actuaría de reserva en épocas de crisis y que, según el Directorio de OSE, estaría costando unos 80 millones de dólares. Esta iniciativa agregaría 100 millones de metros cúbicos al sistema.
• Obras sobre el Río Santa Lucía, entre ellas el cuidado de un río fundamental para la población. Esto implica una gestión sostenible del río y sus aledaños.
• Obras en Paso Severino que le den mayor capacidad.
La Gerencia Jurídica de OSE es la encargada de emitir un dictamen que podría liberar al proyecto, que insistimos en catalogar de violatorio de la Constitución, y además contradice un pronunciamiento directo de la ciudadanía en plebiscito. Uruguay es el primer país en el mundo en resguardar en la Constitución el Derecho al Agua Potable.
Según se ha afirmado el proyecto se enmarca en la Ley 17.555 del año 2002 que permite a empresas privadas proponer obra pública.
Consideramos que es importante destacar que la academia y la ciencia se han opuesto al proyecto por razones lógicas: el Río de la Plata no es una fuente de fácil potabilización y no tenemos hoy día estudios que nos digan lo contrario.
El otro aspecto fundamental es el tema de la Salud Pública. ¿Estamos en condiciones de asegurar, fehacientemente y sin lugar a dudas, que no existen riesgos para la población? No nos olvidemos que el Río de la Plata es el resumidero de varios ríos del Cono Sur donde se ejecutan actividades de todo tipo, desde industriales a agropecuarias, y se vuelcan desechos humanos de todo tipo.
Por eso nos oponemos a este proyecto privatizador que no soluciona nada, que implicaría otro incremento de deuda pública, que la población más carenciada va a pagar estos costos y no toma en cuenta que agua tenemos, simplemente no hay políticas ambientales referidas al cuidado de este vital recurso.
