Recorte Salarial

Por Pablo Da Rocha

Este 30 de junio vencen 143 Convenios Colectivos pertenecientes al Sector Privado en los que de acuerdo a lo que eran las pautas de la ronda pasada está previsto la aplicación de un correctivo, de modo de garantizar la no pérdida de poder de compra. Sin embargo, de acuerdo a lo trascendido, la etapa de crecimiento sostenido del salario real ha llegado a su fin con llegada del nuevo gobierno de coalición, o lo que es aún peor, el nuevo gobierno lo que asegura es la pérdida.

Hagamos un poco historia. En el año 2005, con la llegada del Frente Amplio al gobierno, se instaura una política salarial que tenía como objetivo central la recuperación de salario real perdido durante el gobierno de Jorge Batlle (2000-2004) y la crisis económica, la caída fue, en promedio, de un 25%. Culminada la etapa de la llamada “recuperación” se inicia, durante el segundo gobierno del Frente Amplio, una etapa de crecimiento real –por encima de la inflación- que acompañaba, en general, la tendencia de desempeño de la economía y, en particular, contemplaba la dinámica de los sectores.

En concreto, en los primeros 10 años de gobierno de izquierda, y con el desarrollo de la organización y la movilización del movimiento sindical, el salario real creció un 50%. Incluso, durante el tercer gobierno del FA, los salarios continuaron la trayectoria de crecimiento, para finalizar 15 años consecutivos de aumento en la capacidad de compra, que alcanzó más de 60%, aun en el marco de una marcada desaceleración del producto como consecuencia del deterioro de la economía de la región y el mundo. Es decir, que sin dudas se puede caracterizar el “ciclo progresista” como un largo período –el más largo en la historia económica de nuestro país- de crecimiento económico con distribución en el ingreso. Un verdadero “derrame”, aunque nada tenga que ver con la gravedad, si no más bien con una política pública bien definida y tendiente a mejorar los salarios.

Si bien las pautas salariales a lo largo de los 15 años de gobierno frentista fueron avanzando (¿?), a lo que se podría dar en llamar “desindexación parcial” de los salarios, aseguraban, por la vía de la incorporación de cláusulas de salvaguarda y correctivos, la no pérdida del poder de compra.

En efecto, más allá de que los ajustes tuvieran en cuenta la inflación (futura), estaba previsto que en caso de registrarse diferencias entre lo proyectado y lo registrado, se corregían de modo de asegurar que de “punta a punta” no se viera afectada la capacidad de compra. Incluso en el marco de la última ronda salarial del gobierno del Frente Amplio con “ajustes nominales”, que si bien no aseguraban la mejora del salario real garantizaban al final del Convenio Colectivo, corregir posibles pérdidas.

En síntesis, durante los gobiernos de izquierda los trabajadores no perdieron capacidad de compra, al contrario, la mejoraron.

Pero aparentemente todo llegó a su fin. Con la llegada del nuevo gobierno de la coalición multicolor, no solo cambió la orientación política sino la política en materia salarial que aseguraba, como mínimo, no perder poder de compra.

Vale decir, que más allá de formar parte de su campaña electoral y estar “negro sobre blanco” en el compromiso programático asumido por los cinco partidos que integran a la coalición que se defendería los salarios, de acuerdo a los lineamientos presentados por el Poder Ejecutivo habrá recorte salarial.

Era de esperar que la pandemia sería utilizada como argumento/excusa para romper los acuerdos o las promesas electorales. Pues los anuncios realizados por el gobierno en la reunión del Consejo Superior Tripartito –órgano máximo previsto en la Ley de Negociación Colectiva del Sector Privado (Ley 18.566) en la que se dan a conocer los lineamientos o pautas salariales- se proponen ajustes salariales por debajo de los precios (inflación), lo que equivale a decir, que habrá pérdida de salario real.

Como todos sabemos, no es tan relevante la cantidad de dinero que tenemos, como lo que podemos “comprar” con ese dinero. Lo que podemos comprar, depende en buena medida de los ingresos –que suelen ser fijos por un período de tiempo-, pero fundamentalmente de los precios que varían día a día. Por eso es tan importante para los trabajadores qué le pasa a los precios, o sea, qué sucede con la inflación. En efecto, si los precios aumentan más que nuestros salarios: cae la capacidad de consumo, lo que constituye pérdida de salario real. Pues los anuncios del gobierno prevén que el ajuste de los salarios al cabo de 12 meses se ubicará por debajo de la inflación.

Veamos en qué consiste lo presentado por el Poder Ejecutivo en el marco del Tripartito con los Convenios que vencen en junio: (1) Aplicar los correctivos previstos en el Convenio pasado, de este modo, “empatan”. Hasta acá, no configura pérdida. (2) Durante los primeros seis meses (julio-diciembre) no habrá ajuste de salarios, por lo que en la medida que aumenten los precios, habrá pérdida de salario real. (3) En enero de 2021, habrá un “adelanto” de ajuste de 3%; con algo de suerte, quizá corrija algo de lo perdido durante el semestre pasado (habrá que ver). (4) Una vez transcurridos 12 meses se aplicará un denominado “correctivo nominal”, que no evita la pérdida, al contrario, la garantiza, porque cualquiera sea el dato de inflación acumulada durante el año se “descontará” el ajuste de 3% otorgado en enero, y –acá la gran noticia- también la caída del PBI que se estima rondará al menos 3%. (5) En síntesis, si la inflación –supongamos- alcanza 10%, se descontará, en términos generales y poco estrictos, 6% (3% del “adelanto” y 3% de la caída del PBI), o sea, no se cubre la totalidad de la inflación: resultado pérdida de salario real.
Si bien puede resultar razonable que en el marco del deterioro del mercado de trabajo las aspiraciones de los trabajadores por esperar mejoras en términos reales se vean impedidas, no parece de recibo, que deban –sumado a todo los problemas- registrar pérdidas en su capacidad de compra. No solo es una “mala señal” para la reactivación económica, por la vía del estímulo al consumo, sino que provoca una pérdida de bienestar, con riesgo de aumentar los niveles de pobreza y de desigualdad.

Por si fuera poco “romper” con el criterio, de al menos mantenimiento del salario, volviendo a criterios de ajuste entendidos como inconvenientes que miran al pasado, se vuelve a una “vieja receta”, sin evidencia empírica, que es la del “derrame” pero por “gravedad”. En efecto, los lineamientos presentados, que sin duda “garantizan” la pérdida de poder de compra, se hacen bajo la “promesa” de recuperar lo perdido, en la medida que el crecimiento de la economía lo permita. O sea, no dice cuándo (próximos años) ni cómo (con qué criterio) sería realizado.

El rechazo del PIT-CNT a estos lineamientos es rotundo. Si bien los márgenes de modificación parecen ser muy escasos y continúan las reuniones del Consejo Superior, todo indica que habrá que estar preparado para dar la pelea en torno a lo conquistado durante los últimos 15 años. Los lineamientos no solo no evitan la pérdida salarial, sino que no contemplan diferencias, ni advierten la existencia de situaciones especiales como salarios sumergidos, lo que resulta aún más llamativo y preocupante; no consideran como variable relevante el mantenimiento del empleo, como condición para su implementación. Habrá que esperar que acontezca, pero no hay duda que deberemos estar preparados para dar batalla: como siempre lo hicimos, pero hoy más que nunca.

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