Decenas de organizaciones sociales están concurriendo a la Comisión del Senado que analiza la reforma jubilatoria.
Economista Federico Araya y Economista Ida Oreggioni (*)
Hace algunas semanas comenzó a sesionar en la Cámara de Senadores la Comisión que estudia el proyecto de ley por el cual se crea el Sistema Previsional Común (SPC). A lo largo de las jornadas, diversas organizaciones sociales han pasado por la Comisión para plantear sus visiones sobre lo que implica el proyecto de ley. A continuación, se describirán brevemente los planteos realizados por alguna de estas organizaciones.
El PIT-CNT
El PIT-CNT manifestó en la Comisión su “oposición contundente al proyecto de ley de reforma jubilatoria del Poder Ejecutivo (…) por razones de forma y de contenido, por lo que contiene y lo que no contiene”. En este punto es importante señalar que la oposición al proyecto no es un mero capricho como quiere darlo a entender el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, por el contrario, el PIT-CNT expresó claramente que entendía y compartía la necesidad de una reforma de la seguridad social, pero no cualquier reforma y en particular, no esta reforma. Una primera crítica que realizó la central sindical tiene que ver con el proceso de discusión, dado que no se comparte que las problemáticas de la seguridad social se diluciden en una comisión técnica con representantes individuales. Tal como lo manifestó su presidente, Marcelo Abdala: “…evidentemente, lo que se formó fue una comisión técnica que hizo determinado tipo de trabajo y eso, desde nuestra perspectiva, está bastante lejos de la concepción de diálogo social que nosotros tenemos”.
Una segunda crítica refiere a que la reforma se propone ahondar solo en los problemas de jubilaciones y pensiones, sin abordar la seguridad social en su conjunto. Vinculado con lo anterior, se desprende otra crítica y es que la problemática del déficit o sustentabilidad del sistema de jubilaciones y pensiones se intenta resolver solo a través de la contracción del gasto, sin afectar prácticamente los ingresos. Es más, cuando se busca aumentar los ingresos del sistema de seguridad social se pretende que la financiación corra por cuenta del trabajador, a través de un aumento encubierto de los impuestos, ya que se lo obliga por defecto a aportar al pilar de ahorro individual los dos puntos de IVA que hoy puede descontar en las compras con tarjeta de débito. En este sentido, la reforma parecería tener un objetivo simplista de reducción del gasto social e incremento de los ingresos que recaen sobre la clase trabajadora, lo cual tiene como consecuencia el debilitamiento del Estado de bienestar, cuando lo que se necesita es justamente lo contrario.
Finalmente, la mayor crítica tiene que ver con el impacto que la reforma tendrá en las jubilaciones futuras. En este sentido, se presentaron distintos escenarios de comparación al 2043 (año en el que entra a regir plenamente la reforma). En todos ellos se observa una caída en el monto de las jubilaciones. A modo de ejemplo, al comparar el régimen propuesto (65 años de edad y 30 de aporte) versus el régimen actual (60 años de edad y 30 de aporte) se observa que los salarios medios (entre $50.000 y $70.000) sufrirán una pérdida alrededor del 20%. Asimismo, si bien los salarios bajos (entre $20.000 y $30.000) tendrían un aumento mensual de las jubilaciones, lo cobrarían por 5 años menos, es decir, ese aumento mensual no compensa los 60 meses por los cuales se deja de cobrar la jubilación en el nuevo régimen, con lo cual estos trabajadores de bajos ingresos también soportan el peso de la reforma.
El SUNCA
La representación de los trabajadores del Sindicato Único de la Construcción y Afines (SUNCA), manifestó en la Comisión su apoyo a los planteos realizados con anterioridad por el PIT CNT, y profundizó en los impactos de la reforma previsional propuesta, para sus condiciones específicas de trabajo. El 72% de los trabajadores de la construcción son zafrales, y el 28% de trabajadores permanentes no reúne un tiempo que permita acumular 20, 25 ni 30 años de cotización. El promedio de permanencia en el mismo puesto de trabajo o en la propia empresa no supera los ocho años.
Según datos del Banco de Previsión Social (BPS), el 43% de los trabajadores y trabajadoras de la construcción se terminan jubilando por edad avanzada o por discapacidad. Además, “cuando la persona supera los 50 años es muy difícil que en las obras reciban su currículum. Por estas razones es mucho más complicado llevar adelante un proceso natural que permita generar las condiciones para poder jubilarse.” El aumento de la edad de retiro es absolutamente inviable en la Industria de la Construcción.
El SUNCA plantea que, si bien el proyecto reconoce alguna especificidad para el trabajo en la construcción, es totalmente insuficiente. “Cuando analizamos qué significaba eso, está claro que está lejos de poder resolver algo. Antes que nada, no se habla de trabajadoras y trabajadores, sino de puestos de trabajo. Al consultar sobre cuáles son los puestos de trabajo, nadie lo puede responder, quién lo va a definir ni cuál es el criterio para hacerlo”, indicó la delegación del SUNCA. “Pero también está la condición de que hay que tener 20 años en ese puesto de trabajo, es casi inexistente la posibilidad de que algún trabajador de la construcción pueda mantenerse 20 años en el mismo puesto de trabajo. También podemos sumar el planteo de que, de los últimos diez años, hay que tener ocho permanentes en la construcción; eso también es casi imposible (…) Cuando decíamos que los trabajadores mayores de 50 años son los que tienen las mayores dificultades para conseguir la changa, debemos entender que durante esos diez años es cuando se tiene menos permanencia en la industria, por la rotación.”
El SUNCA tiene también diferencias sustanciales en relación a las pensiones por viudez. El proyecto plantea que las viudas de menos de 40 años percibirán pensión sólo por un año, y entre 41 y 45 años sólo por tres años. “Y esto pasa cuando la persona necesita estar rodeada porque justamente necesita seguir, recomponer y avanzar en su vida y en la de sus propios gurises. Por eso reitero que este es un gran retroceso en ese sentido”.
ONAJPU
Por su parte, la ONAJPU comenzó su intervención realizando una crítica también a la falta de diálogo social, y a la ausencia de una mirada integral de la seguridad social. Según manifestó la presidenta de la ONAJPU, Estela Ovelar, “para la organización, este es un proyecto de ley que se trató en forma apresurada. Creemos que, a la hora de modificar la seguridad social, los espacios de discusión debieron ser más amplios (…), preocupa a nuestra organización que el sistema de cuidados no esté contemplado en este proyecto de ley. Podríamos decir que hay tres líneas que van casi de la mano, por un lado, la necesidad de nuestros adultos mayores de ser cuidados, por otro, que los asistentes personales ingresen al mercado laboral y queden insertos en la seguridad social y por último lo que refiere a las mujeres que somos las que cuidamos”.
En este sentido, la ONAJPU, al igual que el SUNCA, planteó la preocupación por el tratamiento de este proyecto a las pensiones por viudez y establecieron su vínculo con las brechas de género y la calidad de vida de las mujeres en la vejez. Si bien es sabido que las mujeres viven más años que los hombres, las condiciones de vida en esos años suelen ir deteriorándose y este problema podría agravarse aún más, dado que el proyecto de ley endurece las posibilidades de acceso a pensiones por viudez. A modo de ejemplo, se aumentan las edades, se exigen tres años de matrimonio como mínimo en el caso de no haber hijos de por medio, se le exige a la mujer que demuestre las condiciones de dependencia económica y se reducen los topes de los ingresos de la viuda para que pueda acceder a la prestación.
Además, la modificación general de los requisitos mínimos para acceder a la jubilación también perjudica a las mujeres. Por ejemplo, una trabajadora doméstica que hoy cuenta con 65 años de edad y 25 años de aporte se puede jubilar, en cambio con el proyecto de ley se le exigirán como mínimo 30 años de aporte, cuando son conocidos los problemas de informalidad que presenta este sector.
Finalmente, otro punto de destaque que trajeron los representantes de la ONAJPU fue el tratamiento de las jubilaciones cuando el trabajador se incapacita físicamente. En este sentido, el gobierno parecería tener la visión de que muchas personas se jubilaron por discapacidad cuándo ello no les correspondía. Sin embargo, esta visión no está apoyada en ningún dato, ni estudio concreto. Al respecto la ONAJPU señaló que si se toma una muestra representativa de la cantidad de jubilaciones por incapacidad física se observa que las que fueron mal otorgadas son completamente insignificantes, por lo que ahí no hay un problema. Además, otra de las preocupaciones es que habría una disminución del monto a recibir por esa jubilación que podría implicar una caída de un 20%.
MYSU y la Red Pro Cuidados
La Red Pro Cuidados, que impulsa la creación de política pública relativa a los cuidados desde una perspectiva de género, cuestionó ante la Comisión la no integración de los cuidados en una reforma de la seguridad social, lo cual tiene impactos negativos para las mujeres. En el mismo sentido, la organización Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), planteó que “tenemos una situación en la que las mujeres viven más años, pero participan menos en el mercado laboral, lo cual se correlaciona con su mayor participación en las actividades de trabajo no remunerado”. Estas desigualdades luego se reflejan en las desigualdades que va a tener la matriz de seguridad social de las pensiones y las jubilaciones. MYSU, al igual que la ONAJPU, destacó que el aumento de la edad jubilatoria perjudica más a las mujeres: “Es decir, si sobreviven más tiempo y tienen menor cantidad de trabajo remunerado, la extensión de la edad jubilatoria, sin ningún otro tipo de cambio, lo que hace es volver a perjudicar a las mujeres. Eventualmente, se está insistiendo en la precarización de las condiciones de vida de las mujeres, y de las mujeres mayores”, dijo.
Sobre las pensiones de sobrevivencia la Red Pro Cuidados planteó su preocupación por la derogación del derecho a la pensión que establecía la Ley de Unión Concubinaria, ya que el proyecto deja librado a cada institución de seguridad social la forma y las condiciones para la prueba de existencia de la unión concubinaria. Además, se cuestiona la diferencia que se establece para la permanencia previa en el vínculo, de tres años en el caso de matrimonio, pero cinco en concubinato, desconociendo los arreglos familiares actuales y que sólo puede explicarse por apego a las tradiciones. MYSU coincide en que se está reproduciendo una lógica familista que la sociedad ha transformado.
Ambas organizaciones plantearon que el proyecto no contempla la tendencia creciente en las últimas décadas de la natalidad en edades más avanzadas, entre 35 y 40 años, por lo que, al tener sólo un año de pensión a partir de los 40 años, “podemos tener situaciones de personas que hacen esta opción de acuerdo intrafamiliar de cuidado y de proveedor y que a los 40 años se encuentren, con un hijo muy chico, en situación de viudez. Eso las obligaría a salir a buscar trabajo, con un hijo chico, muy pronto” (Red Pro Cuidados).
Finalmente, la Red Pro Cuidados propone que el trabajo doméstico sea tenido en cuenta para las causales de jubilación anticipada por trabajos particularmente exigentes que prevé el proyecto. En relación a las situaciones de discapacidad, planteó que deberían considerarse en el capítulo de Retiro Parcial Flexible, referido a la compatibilidad entre trabajo y jubilación. Permitiría que muchas personas jóvenes que por impedimentos físicos hoy no están en condiciones de sostener jornadas de 8 horas, puedan mantener una actividad remunerada y formal.
Los planteos presentados por las organizaciones sociales son sumamente relevantes y debieran ser tomados en cuenta a la hora de garantizar derechos que se ven claramente comprometidos con el proyecto de ley de reforma previsional, presentado por el Gobierno y la coalición de partidos que lo respalda. Como se observa, son muchísimos más los cuestionamientos y las incertidumbres que las certezas.
(*) Integrantes de “Valor!!” y del Equipo de Asesores del senador de la 1001, Oscar Andrade.
Foto de portada:
Movilización en contra de la reforma de la seguridad social de la Organización Nacional de Asociaciones de Jubilados y Pensionistas (ONAJPU). Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS.