La introducción de la iniciativa de Duque en el Congreso colombiano, desató de forma inmediata masivas protestas.
Los manifestantes mantuvieron sus movilizaciones de protestas durante cuatro días y durante ellas, se produjeron hechos de represión policial que tuvieron como resultados “decenas de heridos y varios muertos como consecuencia de la violencia ejercida por los cuerpos de seguridad”, consigna esta jornada, el diario chileno La Tercera.
“Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera”, señaló Duque en una alocución donde se lo ve acompañado de la vicepresidenta y ministros.
Anteriormente el mandatario y en respuestas a las movilizaciones, había anunciado la militarización del territorio neogranadino, en una aparición televisiva, acompañado por el Comandante General de las Fuerzas Armadas Luis Fernando Navarro.
Al anunciar el retiro de la propuesta inicial, Duque precisó que, en la nueva propuesta, se excluiría el aumento del IVA en bienes y servicios, así como la ampliación de la base de contribuyentes al impuesto sobre la renta, que eran considerados los puntos más controvertidos de la llamada “Ley de solidaridad sostenible”.
De acuerdo a AFP, la “nueva ley, concertada con partidos políticos, sector privado y sociedad civil, se enfocará en gravar temporalmente a empresas y a las clases sociales más ricas”.
“Eso tiene que dar tranquilidad y tiene que dar también certezas a la ciudadanía”, agregó el presidente.
El proyecto inicial presentado por el mandatario colombiano, había sido presentado “como una forma de aliviar el bolsillo de la cuarta economía latinoamericana, golpeada por la pandemia y que cayó 6,8% en 2020, en su peor desempeño en medio siglo, así como de costear ayudas para poblaciones vulnerables”, agrega el medio chileno.
La propuesta fue rechazada de forma inmediata por la oposición, sindicatos, estudiantes y otras organizaciones de la sociedad civil, quienes la calificaron de “inoportuna y especialmente agresiva con la clase media”, las críticas incluyeron posiciones de distanciamiento, incluso dentro del partido de gobierno y sus aliados tradicionales, quienes también le hicieron observaciones negativas a los efectos que ello traería para las condiciones de vida de los colombianos.
Una de las reacciones más contundentes en contra del proyecto que había presentado Duque, provino de los pueblos indígenas quienes anunciaron que harían una masiva movilización si no se retiraba el proyecto.
El gobierno colombiano, con la propuesta inicial, aspiraba recaudar unos 6.300 millones de dólares entre 2022 y 2031 y aseguraba que, con ello mantendría su calificación crediticia.
En respuesta a esta reforma, desde el pasado miércoles, decenas de miles de personas se volcaron a las calles de las principales ciudades del país, convocados por el llamado Comité Nacional de Paro.
El carácter pacífico de las protestas no fue homogéneo y en algunas ciudades se registraron disturbios y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, las zonas donde la represión fue más evidente se localizó en Cali, Pasto y Popayán, capitales en el suroeste del país, lugares donde se mantuvo la movilización hasta el pasado viernes.
Como resultado de ello y según el último balance oficial “hay 209 policías heridos y 185 arrestos”, mientras que se desconoce el número de civiles lesionados.
Las protestas dieron lugar a que el ministro de Defensa, Diego Molano, en acuerdo con el presidente colombiano, declarara la militarización de la capital del Valle del Cauca, de 2,2 millones habitantes.
