Retorno a clases: discurso y realidad

Los sindicatos de la enseñanza sostienen que no están dadas las condiciones materiales ni sanitarias para retornar a clases cómo anunció y planificó unilateralmente el Poder Ejecutivo el pasado 22 de mayo.
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Por Verónica Pellejero

EL POPULAR dialogó con José Olivera presidente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes) y con Elbia Pereira, presidenta de la Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de la Educación Primaria (FUM-TEP) para conocer sus posturas ante el anuncio del gobierno, informado en nuestra pasada edición.

La conferencia de prensa encabezada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, generó más preguntas que respuestas y luego de algunos días fueron varias las voces que se manifestaron contrarias a esta decisión.

A pesar de que el gobierno aseguró que la postura está basada en estudios científicos para garantizar el retorno, desde los gremios manifiestan que hay toda una organización del regreso a la presencialidad que no está planificada y que no existen los recursos materiales necesarios para llevar a cabo los protocolos.

En la conferencia de prensa se anunció que el pasado 25 de mayo se pautaba el retorno de las direcciones, docentes y maestros a los centros educativos; pero aseguran los gremios que no se sabe, por ejemplo, qué sucederá con los trabajadores que tengan enfermedades prevalentes o más de 65 años. El 1º de junio comenzarían a funcionar todas las escuelas Rurales de Canelones, toda la Educación Media rural y el último año de bachillerato, exceptuando los centros educativos que se encuentren en el área metropolitana. El 15 de junio retoman las clases en los centros de primera infancia públicos y privados en todo el país, retornan los niños de 5 años y luego en el correr de las semanas se van integrando 4 y 3 años aunque esto dependerá de cada institución; abrirán las escuelas de tiempo completo, los liceos y UTU y la educación terciaria excepto en Montevideo y área metropolitana, donde sí se retomarán las clases de 6º de bachillerato. El 29 de junio reabren las escuelas de todo el país, los liceos y UTU restantes y la educación terciaria. Todo esto de forma voluntaria mientras dure la Emergencia Sanitaria. Quienes regresen el 29 de junio, el día 7 de julio comenzarán las vacaciones de invierno que este año serán de una semana.

Además de todo este cronograma cabe agregar que las clases presenciales solo serán algunos días de la semana y no podrán superar las 4 horas, en tanto que un día deberá ser para la limpieza de las instituciones educativas.

No está bien

José Olivera señaló que son tajantes en la posición de que hasta que no cese la Emergencia Sanitaria no están dadas las condiciones para el retorno a clases presenciales. Aseguró que esta es una posición del sindicato que comparten con todos los que se nuclean en la Coordinadora de Sindicatos de la Enseñanza del Uruguay. Aunque creen que el sistema y el hecho educativo está basado en la presencialidad y que esta determina sus condiciones de trabajo.

Para Olivera la decisión del Poder Ejecutivo “tiene un sentido exitista, e implica muchos riesgos en salud pública, lo que se dijo esa noche en conferencia de prensa género muchas más preguntas que certezas, y fueron interpeladas en gran medida por una buena parte de la sociedad y de los trabajadores y estudiantes”.

Olivera declaró que no fueron consultados y por tanto no son responsables de esta decisión de la que “debe hacerse cargo exclusivamente el Poder Ejecutivo”; tampoco se hacen responsables del “exitismo desmedido” y subrayó que “hay que ser muy responsables, porque el planteo que se está haciendo en las actuales condiciones implica un riesgo muy grande”.

Explicó la realidad actual con una metáfora futbolera que utilizó un asesor de Lacalle Pou en una conferencia de prensa: “Estamos jugando a 4 mil metros en La Paz festejando el 0 a 0 pero en cualquier momento se nos pueden venir cinco goles”.

Para resolver la presencialidad, según Olivera, hay muchos temas que es necesario resolver y aún no están solucionados como por ejemplo “la higiene de los centros educativos, contar con el personal suficiente, con los materiales de higiene suficientes, determinar qué población no se puede integrar por tener enfermedades prevalentes o son mayores de 65 años”.

El dirigente sindical de secundaria asegura que no existen los espacios necesarios para guardar la distancia social en las aulas. “¿Cómo vamos a suplir la ausencia de esos trabajadores?, ¿Qué va a pasar con el tema del transporte público, en especial del interior del país que ha reducido significativamente sus frecuencias?”, fueron algunas de las preocupaciones y preguntas que surgen en las organizaciones sindicales.

El problema de Rivera también preocupa, porque si bien se pautó un cierre de fronteras en la ciudad, las maestras que tienen que trasladarse a las escuelas rurales lo siguen haciendo. “Otra incoherencia de las definiciones que toma el gobierno”, sostuvo Olivera. El sindicalista señaló que estas no son decisiones ejecutivas, que estos aspectos implican en primer lugar “consultar a los que saben del tema: a los trabajadores, a los equipos directivos e inspectivos”.

“Hay que pensar que en un nuevo formato organizacional mientras dure la emergencia sanitaria y se retorne a la presencialidad, todo esto implica cambios sustantivos en las instituciones que no van a tener nada que ver con lo que conocíamos hasta el momento”, expresó Olivera, que señaló que es un desafío importante cómo se atiende esta situación en las actuales circunstancias, donde aún persisten varias interrogantes.

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La FUM-TEP estuvo trabajando para elaborar protocolos y preservar la salud de todos los involucrados, informó Elbia Pereira. Aseguró que trabajaron “intensamente” y le informaron a las autoridades que necesitaban “un poco más de tiempo para poner en condiciones las escuelas, que no lo estaban, de acuerdo al contexto de emergencia sanitaria”. Recordó que habían anunciado “la apertura de las 973 escuelas rurales” que al final “terminaron siendo 300 porque el resto no estaba en condiciones”.

Han estado trabajando con el Consejo Directivo Central de la Asociación Nacional de Educación Pública, en lo que tiene que ver con los asuntos que tiendan a proteger la salud de los funcionarios que “nunca dejaron de estar trabajando” ya que “la realidad sanitaria exigía que se tomaran ciertos recaudos, también en una posible vuelta a la presencialidad”.

Algunas de las preocupaciones son la cantidad de horas de permanencia de los niños en los centros y el distanciamiento, así como que se de la posibilidad de que los detalles de esta organización cuenten “con la participación los colectivos docentes y las comunidades educativas”.

Esta semana la FUM-TEP hizo una declaración pública donde alertó a la población que de ser hoy el comienzo de clases las condiciones no estarían dadas para el inicio, porque “no se cumple con el protocolo de prevención en salud de los funcionarios y los maestros y está sin completar aún el protocolo de salud que tiene que ver con los niños”.

Otro de los planteos tiene que ver con el transporte interdepartamental, “que impide que se trasladen con normalidad de los hogares a las escuelas y además produce aglomeración de pasajeros”.

Según Pereira no se cuenta con material de limpieza suficiente. “Se le ha entregado a los funcionarios un manual de limpieza con materiales que no hay en las escuelas, tampoco hay suficientes funcionarios de limpieza en todas las escuelas; si las clases comenzarán en junio, no están dadas las condiciones”, puntualizó, y agregó que estas situaciones los obligan “a alertar a la población sobre la realidad en la mayoría de las escuelas”, frente a la decisión del Poder Ejecutivo con respecto al inicio de cursos.