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Salarios, inflación y tarifas

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Por Bruno Giometti

El pasado lunes 30 fue divulgado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) el dato del Indice Medio de Salarios correspondiente al mes de octubre de 2020.
El dato reafirma la tendencia que se viene registrando en los últimos meses, en particular desde marzo, de progresivo deterioro del poder de compra del salario. El incremento de los precios al consumo en los anteriores 12 meses a octubre es de 9,7% mientras que el índice medio de salarios tuvo una variación de 7,7% en igual período. Esto provoca que el salario real medio haya tenido una caída que se ubica en el entorno del 2% en términos interanuales.
También se verifica que en lo que va de este año la caída más importante en su salario real la están sufriendo los trabajadores de la actividad privada, con un 2,5% de reducción interanual del salario real medio a octubre, incluso sin contar las disminuciones de ingresos por encontrarse en seguro de desempleo. Mientras tanto, en los trabajadores estatales la caída es de 0,5% del salario real fruto de la incidencia del incremento salarial que tuvieron en enero pasado.
Es casi un hecho que el año próximo también habrá caída del poder de compra de los salarios. Los públicos tendrán un perjuicio ahora sí más importante a partir del cambio en el criterio de ajuste salarial en enero de 2021 establecido en la ley de Presupuesto actualmente en discusión. Mientras tanto los privados tendrán una caída segura de los salarios al menos hasta junio (lineamientos salariales aprobados en julio de este año) mientras que lo que suceda en el segundo semestre dependerá de cómo se desarrolle la negociación a partir del 1º de julio. Aunque se puede estimar como un escenario bastante probable que los salarios reales caigan en el entorno del 3% en el 2021 (por sobre la caída de 2020). Esto, como ya hemos señalado, implicará una caída de las jubilaciones y pensiones, ya que estas ajustan por el Indice Medio de Salarios.
Una de las apuestas del gobierno para los años venideros, según las proyecciones planteadas en la exposición de motivos de la ley de Presupuesto, es la reducción de la inflación. Se plantean una reducción del ritmo inflacionario todos los años hasta alcanzar el desafiante porcentaje de 3,7% anual en 2024. Una trayectoria a la baja de la inflación podría dar más margen para que los salarios reales caigan menos, se puedan comenzar a recuperar antes y lo hagan de forma más acelerada.
El problema es que las señales que plantea el gobierno siguen en contradicción con ese objetivo. Anteriormente fue el aumento de tarifas de abril de 2020, la reducción del descuento del IVA en compras con dinero electrónico (que tiene un impacto de incremento de los precios de los productos) y la devaluación de la moneda que impactó también sobre los precios internos. Ahora tenemos sobre la mesa un posible aumento de UTE para enero, sumado al también posible incremento del precio del supergas, junto a la decisión de incrementar el costo del peaje previo a la temporada veraniega, señales que hacen difícil pensar en que la inflación pueda bajar de manera significativa en el mediano plazo. Eso por nombrar solamente las medidas que han tenido repercusión pública.
El gobierno habilita un ritmo inflacionario que conjugado con una política salarial de rebaja, erosiona y reduce el poder de compra de salarios, ingresos laborales de trabajadores autónomos y jubilaciones. En esto se aprecia claramente que priorizan el objetivo de control fiscal y de reducción de los costos laborales como mecanismo para relanzar la competitividad.
Sin crear nuevos impuestos, muletilla de campaña electoral y ahora utilizada en la discusión presupuestal, sin aumentar impuestos (aunque en realidad el IVA lo aumentaron al reducir el descuento anteriormente vigente) este gobierno deteriora la calidad de vida del pueblo mediante la rebaja del salario real, de los ingresos reales de los trabajadores autónomos y los jubilados, con el consiguiente impacto sobre las pequeñas y medianas industrias y comercios. Sumado a un presupuesto de achique y recortes que tendrá lamentablemente un impacto muy negativo en la inversión pública social.

 

 

 

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