A pesar de existir un trámite judicial en curso, el gobierno de Javier Milei resolvió autorizar el decomiso del Boeing 747 de la empresa venezolana Emtrasur (Empresa de Transporte Aerocargo del Sur).
La aeronave, consignó Página 12, “partió de Ezeiza en la madrugada del lunes, a la 1.21, y aterrizó en un aeropuerto de La Florida, Dade-Collier, a 80 kilómetros de Miami”.
La maniobra, agrega el medio de prensa, fue posible gracias al “apoyo del Ministerio de Justicia y del juez que tramitó el exhorto de Estados Unidos”, que no tuvieron en cuenta “que estaba prevista una audiencia judicial el 19 de febrero para tratar la apelación al decomiso”.
La petición de Washington, respecto a la entrega del avión, no se fundó en la existencia de alguna actividad delictiva, sino que.se sustentó en una supuesta violación de una norma del Departamento de Comercio norteamericano que establece que “un aparato fabricado en Estados Unidos no se puede transferir sin autorización” estadounidense.
Aunque la norma estadounidense, aclara el medio de prensa, no configura un delito en la Argentina “y por lo tanto había margen para rechazar el decomiso pedido por Washington”, la administración de Javier Milei resolvió “obedecer a la Casa Blanca”.
La entrega de la aeronave fue calificada por el gobierno venezolano como “un robo descarado” y “una confabulación entre los gobiernos de Estados Unidos y la Argentina”.
