En la tarde de ayer en la sede del PIT-CNT, la Secretaría de Derechos Humanos de la central sindical organizó una conferencia de prensa con la presencia de los abogados italianos que llevan adelante la causa en Roma contra el Plan Cóndor en defensa de familiares de detenidos desaparecidos italianos o de origen italiano durante las dictaduras cívico militares. A su vez, los abogados Arturo Salerni y Mario Angelelli integran la Asociación Progetto Diritti, que en Italia defiende los derechos de los inmigrantes.
Angelelli en primer lugar agradeció poder participar de la reunión y comentó que después de cinco años, están en una situación distinta en la causa, en 2017 se dió la sentencia de primer grado, en la que se había procesado a los “vértices” de la dictadura, pero absuelto a los demás militares, en este caso eran en su mayoría “militares uruguayos que viajaban a Argentina y que en territorio argentino secuestraban, torturaban y asesinaban a militantes uruguayos”.
Asimismo, recordó “la desilusión de los familiares que hacían el proceso no entendían por qué habían tomado esa decisión respecto de los crímenes que estos militares habían hecho”. A pesar de que hay una regla para los abogados que implica no hacer promesas, prometieron que la sentencia en segundo grado iba a cambiar. “Esto cambió con la cadena perpetua a todos los militares y cargos intermedios”, relató.
En segundo grado se dió la condena, la corte de Casación la ratificó. “Es un monumento a la lucha de todos nosotros para que estos crímenes no se vuelvan a repetir”, afirmó . Asimismo, manifestó su “placer de retornar a Montevideo, para volver a ver a todas las personas que estaban decepcionadas por la situación que se dió en 2017”.
En esta gira trabajan para iniciar otro proceso similar al que se le inició a Tróccoli. Al igual que con Tróccoli, en el caso de Malatto el pedido argentino de extradición fue negado por problemas técnicos de la documentación. Este caso implica desapariciones, torturas y secuestros de ciudadanos de San Juan. Entre ellos hay un ciudadano italiano, llamado Daniel Russo. La causa está en fase de investigación. El año que viene se puede abrir la fase de discusión del proceso, que termine la fase de investigación lo antes posible. “A pesar de la situación de pandemia, la justicia no se detiene”, afirmó Angelelli.
La causa que engloba lo sucedido durante el Plan Cóndor comenzó en 1999 y tuvo sentencia en 2021.
Ayer se realizó una reunión con compañeros en la ESMA, Angelelli recordó que “son hechos que sucedieron hace 45 años, por lo cual es difícil probar la responsabilidad y recabar las pruebas, pero advirtió que “son dificultades técnicas porque los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles, quiénes los cometieron, a pesar del paso del tiempo van a ser juzgados”.
Hoy se procesó al presidente de Perú de la época, Morales Bermúdez y al jefe de Servicios Secretos de Perú de la época, Martínez Garay.
“El proceso Cóndor concluye hoy con los procesamientos”, aunque “todavía no se ha hecho la justicia completa, ha sido un proceso que implicó muchos países, muchos casos y mucho tiempo”, afirmó Arturo Salerni. Asimismo, aseguró que la causa es “importante porque visibilizó el pacto criminal de las dictaduras de América Latina e individualizó las responsabilidades de los vértices e identificó a los responsables de los homicidios en este plan y en la Corte Penal de Roma se pudo reconstruir el dolor que tuvieron que vivir los familiares de estas víctimas”, indicó.
Salerni sostuvo que se generó una “página de verdad, historia y afirmación de principios de justicia que dicen que los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles salvo que se produzca la muerte de los responsables. Se tienen que construir páginas de derecho que demuestren que esto no vence nunca”.
Actualmente todavía están investigando los crímenes cometidos por Néstor Tróccoli, quien pensó que en Italia iba a encontrar impunidad siendo italiano, sin embargo está procesado y preso. Juan Agustín Potenza fue refugiado político en Uruguay en 1950, era militante peronista. En 1977 vivía con Raffaella Filippini en Buenos Aires, pero ambos viajaban seguido a Brasil.
“El 29 de mayo de 1977 fueron secuestrados en el Hotel Hermitage por el FUSNA y llevados al centro clandestino ubicado en el Puerto de Montevideo dónde fueron sometidos a torturas y secuestrados otros militantes argentinos y uruguayos bajo el comando de Tróccoli, luego fueron trasladados a Paraguay”.
En 2013, por una investigación hecha por el Ministerio de Justicia paraguayo fueron encontrados sus restos en una fosa común, en 2016 hicieron una confrontación de ADN de Silvia Potenza con los restos de Juan Potenza y se confirmó la identidad. Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay fueron involucrados en este caso.
“Este viaje junto a integrantes de la Organización 24 de marzo es para buscar colaboraciones de los gobiernos y recabar pruebas. Hace dos días en el marco del caso Malatto lograron fotografiar la cárcel de Chivas, dónde fue encontrado el cuerpo de un militante del PCA, Ángel Carbajal, sobre el que habían inventado la historia de suicidio. Algunos detenidos comunes ayudaron a reconstruir la situación. En esa cárcel había una sala de tortura, había prisioneros legales, pero entraban policías y militares y tenían total libertad para llevar a los prisioneros a las salas de tortura”.
El cadáver de Ángel Carbajal fue transportado a su celda y recrearon una escena de suicidio. “Son investigaciones difíciles después de tantos años y el océano de distancia.
La colaboración de la sociedad civil, sindicatos da fuerza para seguir trabajando en estos temas, el apoyo es muy importante”, señaló.
A su vez, Salerni alertó sobre los casos de violaciones de los derechos humanos en Libia con la complicidad de Estados occidentales y en Europa
Cuántas muertes se podrían evitar en el mar Mediterráneo,Cuántas violaciones de los derechos humanos, en primer lugar el derecho a la vida, cuestionó.
“Esta nueva página construida, escribe un punto de justicia, una sentencia como la del caso del Plan Cóndor tiene una importancia muy grande para decir no a estas situaciones, y va a ayudar a construir la justicia en casos de desapariciones en el mar Mediterráneo”, finalizó.
La instancia contó con la presencia de Serpaj, comisión de derechos humanos del Pit-Cnt, el vicepresidente de Crysol, la Fundación Mario Benedetti, el Observatorio luz Ibarburu, Francesca Lessa, María y Silvia Bellizi y Raúl Olivera, precursor de la secretaría y quien inició estos procesos de justicia.
“Están logrando lo que en muchos lugares no se puede lograr por la impunidad, es un genocidio que se ha consumado. Arturo y Mario gracias en nombre de todos porque están haciendo no sólo memoria sino acercando la verdad y trayendo justicia. Las fronteras que los genocidas no tenían para cometer delitos también es el brazo de la justicia que los abarca donde sea y en el momento que sea. Trabajamos juntos desde hace 23 años, sino no habríamos construido una página importante de la justicia”, señaló María Bellizzi, quien fue a Roma junto a otras mujeres, para iniciar este proceso en 1999.
Salerni agradeció a Francesca Lessa quien cuando se pasó de la primera a la segunda fase de la investigación fue “meticulosa, importante y fundamental, fue heroína de los derechos humanos”.
Raul Olivera, por su parte, planteó que cuando inició esta causa tenía 53 años, hoy tiene 78.
“Esa edad plantea la dificultad que vamos a tener en la lucha contra la impunidad, no es una lucha de un día, será necesario que las nuevas generaciones tomen las luchas contra la impunidad a través de las experiencias que hemos vivido en estos años. Hemos sufrido un retroceso en lo que implica la lucha política para que la verdad y la justicia sean una realidad”. La causa permitió “entender los mecanismos de la impunidad que se instrumentaron en las dictaduras americanas, Es importante esta comunicación y estas batallas políticas, éticas y jurídicas, por la pedagogía que dejan a la humanidad frente a los desafíos que hemos vivido en los últimos años. El recuento de Francesca Lessa será importante para entender el proceso globalmente, la lucha contra la impunidad tiene que ser mundial y es lo que hace a la humanidad más sana”, sostuvo.
Respecto a la LUC, los abogados expresaron que “es de carácter regresivo en sus artículos” y resaltaron la lucha de las organizaciones sociales. “En Italia no sería posible plantear algo así pero hubo un proyecto bastante represivo, con interrupciones de la libertad, no se permitía expresar el disenso, no se puede tolerar una limitación de la libertad, tendría que haber una organización de justicia internacional que tutele este tipo de leyes represivas en particular que limitan la libertad”.
Moriana Alberro
