Uruguay / Montevideo / 2017 Elecciones de jóvenes del Partido Colorado en el garage de la casa del ex presidente Julio María Sanguinetti, en Punta Carretas. Montevideo, 04/11/2017. Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS

Sembrando demonios

Por Gastón Grisoni (*) 

En los programas de historia se incluyeron en la bibliografía a consultar dos textos significativos: “La revolución imposible” de Alfonso Lessa y “Agonía de una democracia” del Dr. Julio María Sanguinetti. Ambos libros son testimonios muy personales sobre el proceso histórico uruguayo. 

Hay que reconocer que el texto de Lessa fue presentado con pretensiones académicas y talante de objetividad. El libro del Dr. Sanguinetti es un testimonio personal de alguien que participó activamente en los sucesos y que continúa participando. Cuando escribe lo hace con intenciones históricas, ubicarse en la historia uruguaya y también para seguir haciendo política e influyendo en los destinos del país.

Dos demonios

Tanto Lessa como Sanguinetti, con matices y diferencias entre ellos, explican el proceso político uruguayo, la dictadura civil – militar, a la luz de la irrupción de las organizaciones armadas en la vida política. Lessa destaca y amplifica el desarrollo de las acciones de los grupos armados, señala su surgimiento al principio de los años sesenta cuando es público y notorio que la guerrilla, como la denomina, adquiere relevancia mucho después de que Jorge Pacheco Areco decretara las Medidas Prontas de Seguridad. 

El profesor Carlos Demasi, tan odiado, con verdadero rigor supo estudiar y presentar las vicisitudes de ese 1968 uruguayo tan impactante (1). Deja muy en claro que el decreto de Pacheco Areco no menciona ni a los estudiantes y mucho menos a los grupos insurgentes. Las Medidas Prontas de Seguridad se aplican para llevar adelante las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional.

Sanguinetti coincide con Lessa pero es  más amplio, más militante, incorpora el accionar de los sindicatos como un elemento pernicioso que condujo a que ocurriera lo que ocurrió.

De eso no hablamos

Ambos soslayan el verdadero carácter  y la intencionalidad perseguida que tuvo el proceso uruguayo. El proceso que se inició el 13 de junio de 1968 y, desembocó en el terrorismo de Estado, fue la respuesta de los grandes grupos de poder, aliados a EEUU, ante la crisis de la estructura económica del país. Mediante ese proceso autoritario, represivo, terrorista, los grupos económicos privilegiados procedieron a reestructurar la economía uruguaya en perjuicio de los trabajadores, los jubilados y los sectores populares.

Cuando el 13 de junio de 1968 Jorge Pacheco Areco impuso las Medidas Prontas de Seguridad (MPS), un instrumento de gobierno temporal, que mantuvo hasta poco antes de las elecciones de 1971, para gobernar al margen del Parlamento, dio comienzo a un lento y prolongado proceso de deterioro institucional que se mantuvo hasta febrero de 1985.

La dictadura civil – militar fue una calamidad para el país y su gente pero un gran negocio para los poderosos. Los trabajadores y los sectores populares perdieron el 50% del poder adquisitivo de los salarios, vieron seriamente disminuida sus condiciones laborales y de vida, los jubilados y pensionistas perdieron el aguinaldo anual como resultado del Acta Institucional Nº 9. Al final del proceso, el 40% de los hogares uruguayos estaban en la pobreza según cifras oficiales. Los grupos económicos se apropiaron de más de tres mil millones de dólares que fueron redistribuidos de los bolsillos de los trabajadores.

No dan puntada sin nudo

Tanto Lessa como Sanguinetti se caracterizan por dar un gran relieve a los sucesos del 9 de febrero de 1973. En ese momento, el Ejército y la Fuerza Aérea rechazan la designación por parte de Juan María Bordaberry del general Antonio Francese como Ministro de Defensa y se amotinan. Como resultado de las negociaciones que se llevan a cabo en dicha oportunidad en la base aérea de Boiso Lanza se produce un cambio institucional  indudable: se crea el Consejo de Seguridad Nacional (Cosena) con la participación de las Fuerzas Armadas.

Desde junio de 1968, las Fuerzas Armadas, convocadas por Jorge Pacheco Areco, comenzaron a participar activamente en la vida política uruguaya. Tuvieron a su cargo las militarizaciones de los trabajadores que enfrentaban la congelación salarial. En setiembre de 1971, también por decreto, se les encomendó la represión de las organizaciones armadas. En abril de 1972 se les ampliaron las potestades para actuar, con suspensión de garantías individuales y otorgando amplias facultades a la denominada Justicia Militar para juzgar a quienes estimaran conveniente.

La prisión de los 4 médicos: el primer motín institucional

En crónicas publicadas en el año 1973 en La Opinión de Buenos Aires, Julio María Sanguinetti dejó en claro que desde el mes de julio de 1972 el Ejército operaba totalmente al margen de las disposiciones constitucionales con total aceptación y subordinación del titular del Poder Ejecutivo y de los ministros, Sanguinetti incluido. (2) Su relato de la reunión que mantuvo el domingo 9 de julio de ese año es muy trascendente aunque sea relatado con total naturalidad.

El primer motín de las Fuerzas Armadas contra el Poder Ejecutivo se llevó a cabo en octubre de 1972 cuando luego de varios meses de detención y tortura en el Regimiento de Caballería Nº 6, cuatro médicos fueron sometidos a la Justicia Militar. Esta decretó su liberación pero los mandos militares del Ejército se negaron a cumplir con dicha decisión. 

A raíz de dicha insubordinación, el 19 de octubre de 1972, luego de una reunión con el presidente Juan María Bordaberry, en la residencia de Suárez y Reyes, de los comandantes de las tres armas, algunos jefes militares (Cristi, Zubía, Chiappe Posse, Vadora, Gregorio Alvarez) acordaron 8 puntos que les otorgaba una participación política de gran importancia y auguraba un protagonismo creciente en la conducción de los destinos del país. Como resultado de dicho acuerdo, renunció el Jefe del Ejército general Florencio Gravina y el ministro de Defensa Nacional del momento el doctor Augusto Legnani.

Construir una interpretación histórica funcional

Los sucesos de febrero de 1973 y los comunicados emitidos por la central sindical y sectores políticos de la izquierda y declaraciones, incluso, de dirigentes del Partido Nacional, han sido empleadas para ocultar la verdadera naturaleza del proceso histórico. Se pretende ocultar las auténticas responsabilidades de  quienes participaron en él. La batalla por la memoria y la construcción histórica es permanente. La inclusión de los textos Alfonso Lessa y Julio María Sanguinetti es una muestra de ello.

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  1. Prof. Carlos Demasi. El 68 uruguayo. El año que vivimos en peligro. Ediciones de la Banda Oriental.
  2. María Urruzola. Julio María Sanguinetti. Ante el tribunal de la historia. Planeta.

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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.

Foto portada:

Portada del libro de Sanguinetti: «La agonía de la democracia» durante las elecciones de jóvenes del Partido Colorado en el garaje de su casa en el año 2017. Foto: Ricardo Antúnez / adhocFOTOS.

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