Al cierre de nuestra edición la Justicia procesó a siete militares, terroristas de Estado, por torturas a presas y presos políticos en el centro clandestino de detención y tortura conocido como “300 Carlos”.
Los procesados son José Nino Gavazzo, Jorge Silveira, Mario Aguerrondo, Ernesto Rama, Rudyard Scioscia, Mario Frachelle y Mario Cola.
La noticia fue divulgada por el periodista Mauricio Pérez (Informe Capital, TV Ciudad). Según la información fueron procesados por el «delito continuado de privación de libertad especialmente agravado, en concurrencia fuera de reiteración con un delito continuado de violencia privada especialmente agravado».
La defensa de los militares procesados solicitó el beneficio del arresto domiciliario por su avanzada edad y por su estado de salud. La jueza Silvia Urioste definió que esta noche sean alojados en una dependencia policial y sean sometidos a una pericia forense.
El Batallón 13 de Infantería es un caso particular. Allí, en unos galpones dentro del predio de la unidad militar pertenecientes al Servicio de Material y Armamentos del Ejército, funcionó entre 1975 y 1977 el principal centro de detención clandestina y tortura de la dictadura dependía del Organismo Coordinador de Operaciones Antisubversivas (OCOA). En los códigos militares se le designó en con el nombre de “300 Carlos”, entre los presos y los familiares se lo conocía como “El Infierno Grande”.
Era el momento de la mayor intensidad de la denominada “Operación Morgan” lanzada por el fascismo contra la resistencia clandestina, en el marco del Plan Cóndor, esta tuvo en Uruguay como principal objetivo al Partido Comunista del Uruguay y la UJC, que tenían la mayor estructura de resistencia clandestina a la dictadura, también contra las organizaciones sociales, en particular la CNT y la FEUU clandestinas; y contra el recién fundado Partido por la Victoria del Pueblo, particularmente en Argentina.
Cientos de militantes anti dictatoriales, la mayoría comunistas, fueron torturados en el “Infierno Grande”. Se calcula en cientos el número de personas supliciadas en el “300 Carlos” y en al menos 12 las y los desaparecidos.
Desde esos años existen denuncias, en ese momento en organismos internacionales, de las torturas y de desapariciones forzadas y enterramientos clandestinos en ese lugar.
Con el retorno de la democracia las denuncias se repitieron en la Comisión Investigadora formada en el Parlamento y en la justicia, estas investigaciones fueron cortadas por la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, en 1986.
Las denuncias continuaron, bloqueada la justicia, se trasladaron a investigaciones periodísticas y siempre, todos estos años, a los Familiares de Detenidos Desaparecidos, organizaciones de DDHH y populares.
En 2015 un grupo de ex presas y presos realizó una denuncia por torturas, dieron sus testimonios venciendo el dolor e hicieron una inspección ocular identificando el lugar de secuestro y tormento y a sus verdugos.
Esta sentencia empieza a poner justicia 46 años después de que se produjeran los hechos.
