Sigue siendo la misma leche para los terroristas de Estado

Gastón Grisoni (*)

En el año 2021 Cabildo Abierto presentó en el Senado de la República un proyecto de ley destinado a otorgar la prisión domiciliaria obligatoria a los represores de la dictadura procesados con más de 65 años. La iniciativa levantó enormes resistencias, incluso entre integrantes de la coalición gubernamental. Ahora, luego de la negociación por la Reforma Jubilatoria y el apoyo de Cabildo Abierto a la misma, la senadora Carmen Asiaín, a nombre del Partido Nacional, presentó un proyecto modificado. Se le echó un poco de agua, pero el proyecto sigue siendo la misma leche.

La prisión domiciliaria ya existe

Los cabildantes y sus socios en este proyecto omiten señalar que el instituto de la prisión domiciliaria para aquellos casos en que la reclusión puede poner en riesgo la vida de las personas o impide el debido tratamiento de los privados de su libertad ya existe en nuestro ordenamiento legal y se aplica. De hecho, algunos connotados represores fallecidos como José Nino Gavazzo, Ernesto Ramas y, en estos días Armando Méndez, fallecieron en sus domicilios. Disfrutando el mismo beneficio se encuentran también Ricardo Arab y los generales Mario Aguerrondo y Juan Modesto Rebollo.

El proyecto de ley a estudio del Senado lo que establece es que el beneficio de la prisión domiciliaria sea obligatorio para todos aquellos detenidos que tengan 70 años. Se eleva de 65 a 70 el número de años requeridos con respecto al proyecto original, pero se sigue otorgando el mismo beneficio, violando los estándares internacionales a los cuales se ha comprometido nuestro país.

Los potenciales beneficiarios

El proyecto señala expresamente que no podrán beneficiarse de la ley quienes hayan cometido crímenes de lesa humanidad, para hacerlo más presentable ante los ojos de la ciudadanía. Una argucia. En nuestro país, debido a circunstancias históricas muy lamentables, no existen represores de la dictadura a los cuales se les haya tipificado dichos delitos. Todos los procesados lo han sido con delitos propios del viejo código penal.

El beneficio de la prisión domiciliaria obligatoria beneficiaría a los represores de alta gama que se encuentran recluidos en Domingo Arena y en la Guardia de Coraceros en la actualidad. También a los que sean procesados o formalizados en el futuro.

Los delitos que se les han imputado y por los cuales permanecen detenidos son el secuestro, la detención y la desaparición forzada de decenas de ciudadanos, el asesinato de diferentes maneras de más de doscientas personas, la tortura aberrante a miles de uruguayos, tratos crueles e inhumanos, violaciones y abusos sexuales a centenares de prisioneras, el secuestro y apropiación de niños, entre otros delitos. 

El coronel retirado Jorge Pajarito Silveira, uno de los laderos de José Nino Gavazzo y de Ernesto Ramas, y el coronel Eduardo Ferro vinculado a la desaparición de Oscar Tassino y el secuestro en Brasil de Universindo Rodríguez y Lilián Celiberti, son dos de los represores más significativos que gozarían de este beneficio.

Nada de leche para los terroristas

La experiencia internacional ha puesto de manifiesto que la investigación, el esclarecimiento y la sanción de las graves violaciones a los derechos es el camino para recorrer si se pretende que las mismas no vuelven a repetirse. “Argentina 1985” y el juicio a las juntas militares han conmovido a millones de personas en todo el mundo. El gobierno de Ricardo Alfonsín tuvo el valor de enjuiciar y condenar a algunos de los principales involucrados en la sangrienta dictadura, en un contexto totalmente diferente al uruguayo. El enjuiciamiento y la sanción penal es una necesidad de la sociedad apostando al futuro, al afianzamiento de la institucionalidad democrática. Pero es también un derecho de las propias víctimas y de sus familiares sobrevivientes.

Otorgar el beneficio de la prisión domiciliaria de una manera obligatoria es una manera evidente y notoria de aliviar el castigo que las leyes vigentes imponen a las personas halladas culpables por la justicia. Aunque se invoquen razones humanitarias, se está interfiriendo con la justicia penal y modificando, de manera sustancial, las características de la sanción penal.

En el caso uruguayo, además, los represores del terrorismo de Estado se encuentran recluidos en condiciones que son la envidia de los miles de personas que también están privadas de su libertad en nuestro país, con cárceles hiperpobladas, con hacinamiento y múltiples carencias en todos los planos. Versiones de prensa nunca desmentidas han señalado que los detenidos en Domingo Arena cuentan con un coronel en actividad que concurre diariamente al establecimiento a los efectos de conocer sus necesidades.

Si el actual proyecto de ley llegara a ser aprobado por el Parlamento, tal como lo señaló hace unos años el Ministerio de RREE, Uruguay estaría violentando los estándares internacionales a los cuales lo obligan los múltiples compromisos internacionales. La movilización a desplegar puede ser decisiva para detener esta iniciativa.

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(*) Gastón Grisoni es Presidente de Crysol, pero sus opiniones no reflejan ni comprometen, necesariamente, al colectivo como tal.

Foto de portada:

Raúl Lozano, Guillermo Domenech y Guido Manini Ríos durante la sesión en Cámara de Senadores. Foto: Mauricio Zina/ adhocFOTOS.

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