“La crisis en el suministro de agua potable a toda la zona metropolitana, en el marco de la crisis hídrica más importante desde que se tiene registro, más de 70 años, reviste una enorme gravedad y no solo no está en vías de superación, todo hace prever que se agravará”.
Así comenzaba el editorial de nuestra edición 634, hace un mes y medio. Lamentablemente para nuestro pueblo esta afirmación se cumplió. En esa situación el gobierno tenía hace un mes y medio, y sigue teniendo hoy, una enorme responsabilidad.
Uruguay enfrenta la crisis hídrica más importante de los últimos 70 años, eso no es responsabilidad del gobierno, si lo es no haber reaccionado con la celeridad y con las medidas del alcance que ameritaba y amerita esta situación tan grave.
El gobierno se ha decantado por esconderse en operaciones de marketing, de distracción política y también en mentiras. Repiten una y otra vez que no había manera de prever esta situación. Eso es falso. Hubo informes meteorológicos que advirtieron con anticipación de la gravedad y el alcance de la crisis. Como ya recordamos, pero es necesario repetir, en octubre del año pasado, ante la falta de lluvias se declaró la Emergencia Agropecuaria. Esa declaración, que liberó recursos de apoyo a los productores gravemente afectados, estaba fundada en la situación de ese momento, pero también en la proyección para los meses venideros. Una demostración de esto es que esa declaración se fue renovando ante la no superación de la crisis. Pues bien, nadie, ni en el gobierno, ni en OSE, tomó ninguna medida para los inevitables impactos que esto iba a tener sobre los seres humanos. Ninguna, nada. Al contrario, dejaron pasar un tiempo precioso de muchos meses, lapso en el cual se podían haber adoptado medidas paliativas y aminorar el impacto.
Al principio de toda esta situación quisieron minimizar su importancia y ocultar su gravedad, autorizando niveles superiores de cloro y sodio en el agua que distribuye OSE. Luego pasaron a ejercicios insólitos de uso del lenguaje para decir que el agua no era potable, pero si bebible, o que era apta para el consumo humano, mientras por otro lado se recomendaba que los baños en la ducha fueran cortos para no exponer demasiado la piel al agua que sale de la canilla.
La realidad es que desde hace varios meses OSE distribuye agua no potable en la zona metropolitana de nuestro país. Eso implica el no cumplimiento continuado del mandato constitucional de garantizar el acceso al agua como un derecho humano. También significa un grave riesgo para la salud de las personas y un impacto en sectores productivos, que cada vez se nota más. Incluso tiene consecuencias adicionales como que se quemen electrodomésticos por la acumulación de sal.
Esta situación, grave, muy grave, no se explica solo por el clima. Es responsabilidad directa de la imprevisión, la improvisación y el fanatismo neoliberal del gobierno de la coalición de derecha.
Un ejemplo de esto es que el ajuste fiscal implementado por el gobierno de coalición de derecha, encabezado por Luis Lacalle Pou, desarmó OSE, la dejó con muchas menos capacidades, justo en el momento de la peor crisis hídrica de la historia. Parece mentira, pero es verdad.
En los gobiernos nacionales del Frente Amplio, OSE invirtió unos 86 millones dólares anuales promedialmente. Como fruto de las políticas de recorte en todas las empresas públicas, sometidas al altar supremo de la reducción del déficit fiscal, OSE en el 2021 invirtió 24 millones de dólares menos que ese promedio anterior y en 2022, 16 millones menos. Eso arroja un acumulado de recorte de inversiones en OSE de 40 millones de dólares solo en dos años. Como si esto fuera poco con la decisión de no reponer las vacantes de personal en el Estado, OSE tiene hoy 1.000 funcionarios menos que en 2019. Para resumir, como resultado de la aplicación fanática de las políticas neoliberales, OSE redujo sus inversiones en 40 millones de dólares en dos años y tiene 1.000 trabajadores menos. Eso, claramente, no es culpa del clima.
Tampoco es culpa del clima la decisión política del gobierno de derecha, y en particular del presidente Luis Lacalle Pou, de desechar, no una, sino varias veces, la construcción de la represa de Casupá, en Florida, proyecto presentado por el ex presidente Tabaré Vázquez en la transición con este gobierno, presupuestada y con el crédito aprobado.
¿Qué sí hicieron el gobierno de derecha y en particular el presidente Luis Lacalle Pou? En primer lugar, restarle importancia a la situación, minimizarla. Un solo ejemplo: a mediados de febrero, hace 6 meses, el Frente Amplio propuso una serie de medidas para afrontar la crisis, entre ellas dejar sin efecto los recortes sobre OSE, la respuesta del gobierno fue que la situación de déficit hídrico estaba bajo control, que la escasez de agua se iba a superar y calificar al Frente Amplio de alarmista. Esto nos lleva a lo segundo que si hicieron Lacalle Pou y el gobierno de derecha: culpar de todo al Frente Amplio y al movimiento popular, en particular al sindical. Primero ninguneando y rechazando todas las propuestas que realizaron, tanto el Frente Amplio como el PIT-CNT, desde hace seis meses, reiteradas veces. Luego reaccionando ofendidos ante las movilizaciones populares. Y también, con especial entusiasmo, atacando y rechazando todas las iniciativas tomadas por el Frente Amplio en el Parlamento o en los gobiernos departamentales, en especial por Carolina Cosse en Montevideo. Negaron la posibilidad de un crédito de contingencia del BID, no reembolsable, además, para atender a los sectores vulnerables. Luego rechazaron la ayuda ofrecida por Argentina y otros países, pedida por la Intendencia de Montevideo. Lacalle Pou hizo trascender que estaba “ofendido” y “molesto”. Lo tercero que hicieron fue seguir con su cuestionado proyecto Neptuno, que no va a resolver nada y que solo implica un gran negocio para un grupo de empresas, además de la privatización y mercantilización del agua. Lo cuarto fue realizar una serie de anuncios, primero por Álvaro Delgado, luego por el propio Lacalle Pou, que después o se concretan parcialmente o no se concretan. Lo quinto fue adoptar, sin reconocerlo, varias medidas propuestas hace meses por el Frente Amplio y el movimiento popular, pero parcialmente y en forma tardía.
¿Cuál es la situación actual?
El director de OSE por el Frente Amplio, Edgardo Ortuño, la caracterizó de la siguiente manera: “Estamos viviendo una crisis de falta de reserva de agua dulce por la baja importante en los caudales del río Santa Lucía y de la reserva en la represa de Paso Severino, con 67 millones de metros cúbicos de capacidad que hoy cuenta 2,5 millones, y gracias a las lluvias de estos últimos días, porque hace unas semanas estaba en un nivel más crítico, debajo del millón. Esto significa la necesidad de continuar tomando agua proveniente del Río de la Plata con niveles de cloruro y sodio muy altos y por lo tanto mantendremos los niveles de salinidad en el agua”.
Ortuño afirmó que las medidas adoptadas por el gobierno nacional “son insuficientes y tardías”.
El director de OSE por el Frente Amplio, dio algunos ejemplos: no se concretó la convocatoria al Sistema Nacional de Emergencia; tampoco la medida de no cobrar la tarifa de OSE, que obviamente no está cumpliendo con el servicio; no se ha expresado en la realidad el anuncio de un “shock” de inversión en obras públicas e incluso no se ha incluido a OSE como destinatario del Fondo de la Emergencia Hídrica. Insólito, pero cierto.
La situación es muy grave. El presidente y el gobierno tienen que dejar de hacer política menor y reclamar exclusividad para hablar del tema y de las soluciones, que además no instrumentan, y hacerse cargo.
Desde el movimiento popular y el Frente Amplio hay que seguir con la denuncia, con el reclamo de soluciones reales, con las propuestas y con las iniciativas desde los gobiernos departamentales afectados para darle respuesta a la gente. También con la organización de la solidaridad en los barrios, porque también en la crisis hídrica, el gobierno de derecha no hace nada por los que menos tienen y son, como siempre, los que la pasan peor.
