Bruno Giometti (*)
El Poder Ejecutivo ha anunciado que va a implementar una rebaja del IRPF y el IASS a partir del corriente año. Si bien aún no se ha hecho pública la forma concreta en que se instrumentará esta rebaja, vamos a adelantar algunos comentarios en relación con este planteo.
Cualquier rebaja de impuestos suele ser simpática y popular, mientras que los aumentos impositivos suelen caer mal entre la población. No obstante, es importante tener en cuenta a quienes afecta cada medida, en el marco del conjunto de la política económica, que tiene múltiples componentes.
El IRPF a las rentas del trabajo existente en nuestro país tiene un diseño por franjas progresivas. A partir de un mínimo no imponible hasta el cual no se paga, el trabajador paga un 10% por los ingresos de una primera franja, paga 15% por los ingresos que tenga que se ubiquen en una franja siguiente, una tasa de 24% por los ingresos de la franja siguiente, etc. Según la escala vigente para 2023 el mínimo no imponible se ubica en los $39.620 nominal mensual, pero por el sistema de deducciones, los trabajadores que ganan en la franja de $40.000 hasta $50.000 nominales no pagan el impuesto. Son montos bajos, pero hay que tener presente que en la actualidad solamente alrededor de un tercio de los trabajadores paga IRPF, mientras que el resto no paga por ganar salarios inferiores a esas cifras.
En el caso del IASS el mínimo no imponible asciende a los $45.280 mensuales, con la diferencia de que en este caso no hay deducciones por los aportes jubilatorios como en el caso de los trabajadores activos. Un 25% aproximadamente de los pasivos paga IASS mientras que el restante 75% no tributa este impuesto.
Antes y ahora
Un primer elemento que hay que poner sobre la mesa tiene que ver con lo que viene ocurriendo con la carga fiscal y particularmente en el IRPF y el IASS. En enero de 2021 y enero de 2022 el Poder Ejecutivo ajustó la BPC (bases de prestaciones y contribuciones) y por ende las franjas de IRPF y IASS, por índice Medio de Salarios y no por IPC. Esto generó un incremento implícito de la carga fiscal en un marco de ingresos de los hogares en caída a contrapelo de lo que habitualmente se recomienda (políticas contra cíclicas). Algunos cálculos señalan que solamente en 2022 se habrían recaudado 65 millones de dólares más por IRPF y IASS, en comparación a la recaudación que hubiera existido si el ajuste de la BPC hubiera seguido el criterio tradicional. En enero de 2023 el ajuste de la BPC por IMS generó el efecto contrario, pero en el agregado de los tres años la carga fiscal por IRPF y IASS es más alta. Habrá que ver si la anunciada rebaja en las tasas es suficiente para compensar el incremento anterior, realizado en un contexto en el que lo más recomendable era evitar subas de carga impositiva a los ingresos.
Prioridades
El gobierno actual ha incrementado la carga fiscal sobre las personas que gastan su ingreso en consumo, mediante la reducción del descuento de IVA en las compras con dinero electrónico.
Ha instrumentado una rebaja en el poder de compra de las jubilaciones, que ajustaron en 2021 y 2022 por índice Medio de Salarios, porcentaje que evolucionó por debajo de la inflación. No ha existido prácticamente ninguna priorización a los salarios y jubilaciones más bajas, que perdieron poder de compra.
Con el cambio de criterio de ajuste de la BPC en 2021 y 2022 han perdido poder de compra algunas prestaciones que brinda el Estado a sectores vulnerables, las cuales se calculan en función de la BPC.
En contrapartida, en las rendiciones de cuentas se han instrumentado cambios impositivos que favorecen al gran capital y la gran propiedad, como muestran distintos análisis, entre ellos el realizado por la Comisión Técnica Asesora de AEBU.
Es al menos discutible que luego de tres años de sacrificio de sectores vulnerables, de ingresos bajos, se focalice el alivio tributario sobre sectores medios y altos, incluso compartiendo el concepto de que hay sectores de ingresos medios que pagan IRPF que quizás deberían pagar menos.
¿Beneficiar a quienes?
Por el diseño del IRPF, hay que tener en cuenta que la afirmación de que “la carga tributaria se va a bajar a las primeras franjas de IRPF” es engañosa. Si por ejemplo se reduce la tasa impositiva de la primera franja, ciertamente beneficia a trabajadores que cobran en el entorno de $50.000 o $60.000 nominales, por ejemplo, pero beneficia de igual forma a todos los asalariados que cobran ingresos superiores a esas cifras. Por ejemplo, un gerente o director de una gran empresa que cobra un salario de $500.000, se beneficiaría de esta rebaja de tasa, porque pagará menos por la parte de sus ingresos que caen en la primera franja. En el caso del IASS, una rebaja en la primera franja beneficiaría al pasivo que cobra en el entorno de $45.000 o $50.000 pero también a todos los que cobran más que esa cifra, sin ningún efecto positivo para el 75% restante de los pasivos. La misma consecuencia tendría un aumento del mínimo no imponible.
Es decir, algunos trabajadores (o jubilados en el caso del IASS) de ingresos medios se verían beneficiados, lo cual puede ser compartible, pero también pagarían menos al barrer asalariados o profesionales de ingresos muy altos. Esto se podría evitar si al mismo tiempo se incrementan las tasas marginales en las franjas más altas, de modo de contrarrestar el efecto de rebaja anterior, pero es algo que no ha estado ni siquiera esbozado. No parece justo que en un contexto donde miles de personas vulnerables han hecho sacrificios, bajo el argumento de las restricciones fiscales, se bajen los impuestos a personas de muy altos ingresos.
En síntesis, hay que tomar medidas para “aliviar” a nuestro pueblo, pero no son las que están planteadas. Antes de reducir el IRPF o el IASS, se debería pensar en incrementos sustanciales de la jubilación mínima, el salario mínimo nacional y los salarios sumergidos, las partidas que cobran los sectores más vulnerables, revertir los incrementos de IVA implementados que afectan a los sectores que tienen que destinar todo su ingreso al consumo, recomponer el presupuesto en las áreas más afectadas del gasto público social, entre otras que son realmente más urgentes y más progresivas desde el punto de vista distributivo.
(*) Economista, integrante del Instituto Cuesta Duarte y del equipo de “Valor!!”.
Foto de portada:
Sede central de la Dirección General Impositiva (DGI). Foto: Javier Calvelo/ adhocFOTOS.
