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Solo el FA defendió al puerto

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Finalmente, solo el Frente Amplio, con sus votos en el Senado, defendió al puerto de Montevideo y al país del acuerdo entreguista y nefasto, negociado por el Herrerismo, que instala un monopolio privado, de una empresa trasnacional, en la estratégica terminal de contenedores, por 60 años.

Hubo declaraciones de prensa, propuestas y discursos en Cámara de varios legisladores de la coalición de gobierno, pero, igual que el 18 de agoto en la interpelación, a la hora de las definiciones, el voto de la vicepresidenta de la República, los 10 del Partido Nacional, los 4 del Partido Colorado y los 3 de Cabildo Abierto, apoyaron al ministro cuestionado y al más cuestionado acuerdo. Solo se levantaron para condenar la actuación del ex ministro de Transporte y Obras Públicas y actual ministro del Interior, Luis Alberto Heber, las manos de las y los senadores frenteamplistas.
El vergonzoso acuerdo entre el gobierno de Luis Lacalle Pou y la empresa trasnacional belga Katoen Natie no tiene defensores, salvo el Herrerismo -agresivo y con muy pocos argumentos-, los dueños de la empresa belga, sus abogados y sus operadores mediáticos. Es más, insólitamente, los argumentos son los mismos, tanto en la interpelación del 18 de agosto, como en el debate de la moción de censura del martes, el Herrerismo usó los mismos argumentos de la empresa.
El acuerdo es fuertemente criticado, con fundados argumentos, en al menos tres dimensiones: la forma en que fue negociado, su contenido y sus consecuencias prácticas, sobre el puerto de Montevideo, sobre la economía del país y sobre las y los uruguayos.
Abordaremos estas tres dimensiones, pero antes queremos detenernos en un aspecto que se sumó al debate: la supuesta intención desestabilizadora del Frente Amplio al promover la censura de un ministro.
Se ha hecho costumbre acusar al Frente Amplio, a la izquierda y al movimiento popular de desestabilizadores, de poner en riesgo el Estado de Derecho y la democracia misma, con casi todas sus acciones: sean de gobierno, nacional, departamental o municipal; legislativas, sea proponiendo leyes o criticándolas; cuando organizan o apoyan movilizaciones y hasta cuando opinan o participan del debate político e ideológico cuestionando el mantra oficial impuesto como discurso único.
Bueno, ese discurso machacón, para el cual constituye un axioma que solo la derecha y los sectores tradicionales del poder son los guardianes del tan mentado Estado de Derecho, agregó una perla más a su collar de disparates: según la derecha política y mediática, muy especialmente para un desaforado Herrerismo, poner en marcha un procedimiento previsto en el artículo 147 de la Constitución, insólitamente, pone en peligro a esa misma Constitución.
Es bueno aclarar entonces que, de peligro institucional nada, el Frente Amplio después de intentar por todos los caminos acceder a información sobre un acuerdo que compromete un elemento estratégico y central, del más estratégico puerto de Montevideo, por 60 años, es decir por 12 períodos de gobierno o dos generaciones, como se entienda, mejor; luego de una interpelación de 19 horas, en las que el ministro Heber no respondió ni una de las 24 preguntas planteadas, decidió, dada la importancia del asunto y la gravedad del acuerdo cuestionado, poner en marcha un mecanismo constitucional, previsto, precisamente, para casos graves.
El Frente Amplio no empezó por el pedido de censura, reclamó información en la Comisión de Transporte del Senado, luego hizo pedidos de informes parlamentarios, pedidos de acceso a la información pública, recurrió a la justicia ante el silencio del gobierno, promovió una interpelación para intentar cambiar un acuerdo bochornoso para el país y, al no tener respuestas, activó el mecanismo de censura. La censura no salió, los votos de la coalición de derecha respaldaron a Heber y al acuerdo con Katoen Natie, el Frente Amplio anunció que recorrerá “todas las vías” para buscar anular un acuerdo que considera, correctamente, nefasto para el país y para su futuro.
Las y los senadores frenteamplistas señalaron que planteaban la censura a Heber y su renuncia porque fue el principal negociador, en nombre de Presidencia de la República, de un acuerdo nefasto para el país y para su soberanía.
Saldado este punto volvamos a las tres dimensiones de cuestionamiento al acuerdo entre el Estado uruguayo y la empresa trasnacional belga Katoen Natie.
En primer lugar, la forma en que fue negociado: en absoluto secreto durante casi un año. Las actas que acompañan como anexo el acuerdo demuestran que hubo reuniones desde mayo de 2020, el acuerdo se habría firmado en febrero de 2021 y fue anunciado por el presidente Luis Lacalle Pou en su mensaje a la Asamblea General en marzo. El Frente Amplio accedió al contenido del acuerdo en abril de este año y los socios de la coalición del Herrerismo cuando fue presentado y ratificado en el Consejo de Ministros, unos días antes.
De transparencia nada, opacidad total. No hubo intención de tener un consenso político acorde a la importancia del tema en cuestión y hasta de su extensión en el tiempo: 60 años. A pesar de que el ministro Heber dijo lo contrario, varias veces, en el Parlamento y en los medios, quedó probado que no hubo informes jurídicos, ni económicos, que no se consultó al Tribunal de Cuentas; ni siquiera se consultó a los servicios jurídicos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ni a los de la Administración Nacional de Puertos. El ministro Heber cuando cita opiniones jurídicas se refiere a la de expertos contratados por la trasnacional belga. Pero. además, como se ha dicho hasta el cansancio, se cedió al chantaje de una trasnacional belga que amenazó con un juicio, ni siquiera lo inició, al que le dio el monto antojadizo y arbitrario, que nadie ha fundamentado seriamente hasta hoy, de alrededor de 1.400 millones de dólares. Ante esa amenaza, ni siquiera concretada, se les dio el control del Puerto de Montevideo, por 60 años. Un gigantesco disparate, siendo benevolentes.
En segundo lugar, por su contenido. Es un acuerdo, como bien lo definió un senador frenteamplista, inconstitucional, Ilegal, violatorio de la soberanía nacional, inexplicable, oscuro. Al firmarlo se violaron los artículos 51, 85 y 188 de la Constitución; se violentó todo el ordenamiento jurídico portuario, la ley de Puertos, la ley que habilita la concesión, los decretos reglamentarios, la ley de Defensa de la Competencia. El acuerdo implica la conformación de un monopolio privado, para una empresa trasnacional, en un sector clave, la Terminal de Contenedores, de un lugar clave para el país, el Puerto de Montevideo, desregulado y por 60 años. Hay más, pero solo esto es terrible, es una entrega de soberanía vergonzosa a cambio de nada.
En tercer lugar, por sus consecuencias prácticas, inmediatas y proyectadas al futuro. En lo inmediato la empresa Katoen Natie se benefició ya, y mucho, con la firma de este acuerdo: su valor de mercado, según fuentes financieras y empresariales que nadie ha desmentido, creció en mil millones de dólares. En los mercados, la empresa belga saca cartel diciendo que tiene el monopolio desregulado del Puerto de Montevideo por 60 años. Esa valorización de mercado será incluso superada en términos de beneficios; mientras las pérdidas para Uruguay, por ingresos no percibidos y compromisos, en una estimación conservadora, se situaron en dos mil millones dólares. Pero, además, la empresa, que tiene la potestad de cobrar las tarifas que quiera a la inmensa mayoría de los productos importados y de exportación que transiten por el Puerto de Montevideo, tendrá una llave estratégica para definir según sus intereses, ganancias y compromisos, la competitividad de la economía nacional en su conjunto y de rubros específicos. También impactará los precios internos y con ellos, directamente, el bolsillo de las y los uruguayos.
Es una entrega escandalosa de soberanía, la peor de tiempos recientes. Hace bien el Frente Amplio en decir que seguirá exigiendo responsabilidades por este escándalo y que no descarta ninguna vía, incluida la judicial, para intentar la anulación de esta rendición incondicional a la que llaman acuerdo.

Enlace con la intervención completa del senador de la 1001, Unidad para los Cambios y el Frente Amplio, Oscar Andrade:
https://elpopular.uy/andrade-sobre-el-acuerdo-con-katoen-natie-uruguay-no-se-merece-un-acuerdo-de-estas-caracteristicas/

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