El pasado viernes, los trabajadores portuarios se movilizaron frente a la Torre Ejecutiva, con el objetivo de entregarle una nota al Presidente de la República, en la que le solicitaban una reunión.
La convocatoria de los trabajadores denunciaba que, «la aplicación de los Decretos 114/21 y 115/21, pone en riesgo más de 1.000 puestos de trabajo estable. Es imprescindible que las autoridades competentes, generen ámbitos de negociación que aseguren la permanencia de estos puestos, así como las condiciones en que se realizan. Teniendo como principal cometido la generación de más y mejor trabajo portuario».
De acuerdo a la información recibida por nuestro portal de noticias, los trabajadores del sindicato portuario (SUPRA) denuncian que los mencionados decretos modifican el régimen de atraque de buques, un hecho que califican de inédito.
El SUPRA denuncia, además, que la Administración Nacional de Puertos (ANP) no participó en la resolución y ni siquiera fue consultada, por lo que los decretos del Ejecutivo generan “de hecho un monopolio privado en el país que anula la libre competencia y por tanto se viola la ley de puertos”.
“De esta forma se amenaza la fuente laboral de más de 1000 trabajadores, en forma directa e indirecta”, afirman los trabajadores.
La comunicación añade que lo resuelto debilita a la empresa pública ANP, “que dejará de recaudar no menos de 9 millones de dólares al año”, debido a que no se podrá operar contendores en los muelles públicos.
Estas preocupaciones del SUPRA, han sido planteadas por los trabajadores del SUPRA en Paysandú, quienes el pasado 1 de julio hicieron llegar al Secretario de la Presidencia, D. Álvaro Delgado una nota que recoge similares planteamientos.
Los trabajadores portuarios han reafirmado que continuarán expresando su “preocupación, en torno a las fuentes de trabajo, y al futuro de la actividad portuaria”.
