Penal Reform International (PRI), en colaboración con el Thailand Institute of Justice, acaba de publicar su informe anual sobre las grandes tendencias mundiales del encarcelamiento.
Conocido como Global Prison Trends 2021, el informe aborda las consecuencias de la pandemia de COVID-19 en las personas privadas de libertad y el personal penitenciario.
De acuerdo al reporte anual de PRI, la población de privados de libertad viene observando un sostenido aumento del 8 % en los últimos diez años.
Este crecimiento implica que actualmente más de once millones de personas en todo el mundo están privadas de libertad, de ellas el 70 % está en espera de juicio.
Dividido por áreas temáticas, el Informe describe la situación de aquellos países donde la pena capital sigue vigente.
Un tercio de los países del mundo mantienen esta pena, a pesar de que, en diciembre de 2020, la Asamblea General de las Naciones Unidas pidiera que se adoptara una moratoria mundial de su uso.
El llamado de la ONU, fue aprobado por 123 países, lo que no impidió que el correr del año 2020, “un total de 483 personas fueran ejecutadas, entre ellas, 16 mujeres”.
La estadística mundial de pena de muerte, agrega el Informe fue “inferior a la del año anterior” y es incluso “la más baja que se haya registrado jamás”.
En lo que se refiere al uso de la pena de la cadena perpetua, se señala que cada vez más países la aplican, sobre todo para aquellos delitos que no son sancionables con pena de muerte.
“La cadena perpetua, que se pronuncia para numerosos delitos, en algunos casos sin posibilidad de libertad condicional, parece estar remplazando la pena capital”, señala el Informe, que agrega que a pesar de ello hay ciertos países que han ido adoptando “nuevas reformas con el objetivo de reducir el uso de la cadena perpetua”.
En lo que se refiere al impacto de la pandemia en las prisiones del mundo, el Informe Anual del PRI, señala que, de acuerdo a datos oficiales se contabilizaron “532 100 casos positivos de COVID-19 en las prisiones de 122 países, y 3931 decesos en 47 países”, sin embargo, añaden “estas cifras no reflejan la realidad”.
“La falta de personal sanitario y de presupuesto para la salud, además de las restricciones impuestas, han repercutido en la calidad de la atención médica. Más de 46 sistemas penitenciarios en todo el mundo han implementado medidas de cuarentena y han recurrido al aislamiento y a la suspensión de las visitas. Para compensar la falta de contacto con las familias, algunas prisiones han puesto a disposición de los reclusos herramientas de comunicación numéricas. Sin embargo, el acceso a estos dispositivos ha sido desigual, lo que ha dejado a ciertas personas privadas de libertad excluidas y en una gran soledad”, afirma el documento.
El Informe señala que “las situaciones de conflicto han obstaculizado el suministro de agua y alimentos, lo que ha impedido a las autoridades ejercer sus funciones” y que las “violaciones de los derechos humanos, no documentadas, se han multiplicado, y por falta de mecanismos de protección no se ha podido evitar estos abusos”.
Actualmente se reportan 740 000 mujeres privadas de libertad, “más de 100 000 que hace diez años”.
Las mujeres reclusas han sido identificadas como las más “afectadas por las medidas adoptadas durante la pandemia de COVID-19, ya que muchas de ellas han perdido el contacto con sus hijos”.
“La interrupción del contacto con el exterior ha obstaculizado las visitas de las familias y la intervención de los servicios socioeducativos y terapéuticos que suelen prestarse a los menores. El estado de Nueva York ha prohibido el aislamiento de los jóvenes de menos de 21 años, al igual que el de las mujeres embarazadas. En el Reino Unido, los menores privados de libertad permanecen en aislamiento por más de 23 horas diarias. UNICEF ha señalado que, en al menos 37 países se han tomado medidas para evitar el encarcelamiento de menores, y ha revelado que, en el actual contexto sanitario, se ha concedido la libertad a más de 11 600 jóvenes”.
Otra de las situaciones que describe el Informe, es el que se produce en las personas de edad avanzada.
“La privación de libertad”, afirman, “provoca el envejecimiento prematuro de las personas, lo que las hace más vulnerables. En prisión, el estado de salud de una persona de 50 años se asemeja al de una persona de 60-65 años”.
Aunque se reportan aplicaciones de medidas alternativas que permiten la liberación de ciertas personas de edad avanzada, quienes han sido particularmente expuestas al coronavirus, “la exclusión casi automática de las personas de edad condenadas a penas de larga duración” ha limitado el alcance de dichas medidas.
En lo que se refiere al personal penitenciario, el reporte señala la alta exposición al Covid-19, que tuvieron los funcionarios de prisiones debido a su actividad laboral.
Ello derivó en que se registrara que algunos funcionarios tuvieran que “trabajar más horas diarias o confinarse en los centros penitenciarios”.
En este sentido, según los datos publicados, cuarenta y ocho países registraron casos positivos de COVID-19 entre los miembros del personal y en algunos de ellos, la afectación alcanzó al 88 % del personal penitenciario.
Rolando Arbesún
